Informes de organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contrastados con las proyecciones presupuestarias para 2026, revelan una realidad crítica para las finanzas ecuatorianas: la ineficiencia del gasto público consume anualmente cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Con un PIB de $133.728 millones, esto significa que el país desperdicia o gestiona inadecuadamente aproximadamente $6.686 millones, una cifra superior al déficit fiscal proyectado de $5.400 millones para el próximo año.
El giro histórico en los subsidios a combustibles en Ecuador
Uno de los avances más significativos en la optimización del gasto ha sido la reforma estructural a los subsidios a los combustibles, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa. Tras la eliminación del subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís en julio de 2024, y al diésel en septiembre de 2025, el panorama fiscal ha dado un vuelco:
Reducción drástica: En 2025, el Estado destinó $2.504 millones a subsidios. Para 2026, la cifra caerá a $1.160 millones, representando un ahorro directo del 54%.
Estado actual de precios: La gasolina Ecopaís retiene un subsidio marginal de casi 4 centavos por galón, mientras que el Diésel se sitúa en los 11 centavos.
El foco en el GLP: El grueso del gasto remanente se concentra ahora en el Gas Licuado de Petróleo (GLP), con $722 millones (62% del total de combustibles). Siguiendo los acuerdos con el FMI, este rubro se mantendrá intacto debido a su alto componente redistributivo y su impacto directo en los hogares de menores ingresos.
Los nudos críticos del gasto público que aún desangran al Estado ecuatoriano
A pesar de los ahorros en combustibles, existen otros frentes donde la ineficiencia persiste, identificados por el BID y el Observatorio del Gasto Público:
1.- Masa salarial rígida: Con un gasto en remuneraciones que supera los $12.000 millones anuales (incluyendo Gobierno central y gobiernos locales), la masa salarial representa casi el 9% del PIB y entre el 65% y 70% de lo que se recauda en impuestos. El problema no es solo el monto, sino la falta de vinculación entre salarios y productividad.
“El empleo público ha crecido de forma inercial sin sistemas de evaluación de desempeño que premien el mérito. Además, la dispersión salarial permite que ciertos sectores de empresas públicas o niveles jerárquicos superiores tengan sueldos desconectados de la realidad económica del país”, explicó Andrés Rodríguez, economista.
¿Cómo mejorar?
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Implementar la meritocracia técnica: Establecer indicadores clave de desempeño (KPIs) para funcionarios de nivel medio y alto.
Digitalización y Automatización: El BID sugiere que la inversión en gobierno electrónico podría reducir vacantes administrativas redundantes en un 15% mediante la automatización de trámites
Reforma a la Ley de Servicio Público (Losep): Flexibilizar la contratación para atraer perfiles técnicos específicos y ajustar las escalas salariales en empresas estatales deficitarias.
La propuesta de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) plantea un recorte del 30% en la nómina administrativa, una medida diseñada para ahorrar $442,7 millones anuales sin afectar los servicios básicos. La estrategia se concentra en un universo de 80.000 funcionarios que ocupan cargos de apoyo, asesoría y nombramientos ocasionales, excluyendo sectores de salud, educación y seguridad. La optimización es viable mediante la supresión de partidas duplicadas y la no renovación de contratos temporales en entidades no prioritarias.
2.- Corrupción en compras públicas: Se estima que el sobrecosto por falta de transparencia en contratos de salud y obra pública oscila entre el 10% y el 25%, lo que representa una fuga de recursos vitales. En un presupuesto de compras de bienes y servicios que ronda los $6.000 millones, el país pierde hasta $1.500 millones anuales por malas prácticas.
El uso excesivo de «compras de emergencia» y convenios de pago directos facilita el direccionamiento de contratos a proveedores específicos, inflando precios en insumos básicos como medicamentos y repuestos.
¿Cómo mejorar?
Subasta Inversa Electrónica Obligatoria: Reducir al mínimo las excepciones legales que permiten contrataciones directas.
Precios Referenciales Dinámicos: Utilizar inteligencia artificial para que el Sercop bloquee automáticamente ofertas que superen los precios de mercado internacional (especialmente en fármacos).
Datos abiertos y veeduría ciudadana: Publicar en tiempo real cada centavo gastado bajo estándares internacionales de transparencia (OCDE).
3.- Crisis en la seguridad social: El aporte estatal del 40% al fondo de pensiones del IESS y la gestión ineficiente de sus hospitales generan un hueco financiero que amenaza la sostenibilidad del fisco. Solo subsidiar todo el sistema de seguridad social cuesta como mínimo más de $3.500 millones al año.
Mientras el Estado acumula una deuda multimillonaria con el IESS, la institución sufre de «gasto de bolsillo» ineficiente: los pacientes deben comprar sus propios insumos debido a la ruptura de stock en bodegas, causada por una gestión de inventarios obsoleta y plagada de irregularidades.
¿Cómo mejorar?
Externalización de Farmacias: Implementar el modelo donde el Estado paga solo por el medicamento entregado al paciente en farmacias privadas, eliminando el costo de almacenamiento y el riesgo de caducidad o robo de fármacos en bodegas públicas.
Reforma Paramétrica: El Banco Mundial recomienda ajustar progresivamente la edad de jubilación o el tiempo de aporte para reflejar la mayor esperanza de vida, evitando el colapso del fondo de pensiones antes de 2030. Se necesita una reforma integral del IESS de la mano de una reforma laboral.
Separación de Fondos: Diferenciar estrictamente el fondo de pensiones del fondo de salud para evitar que el ahorro de los jubilados se utilice para cubrir el déficit operativo de los hospitales.
4.- Disciplina fiscal en gobiernos locales: Aunque la ley impide reducir las asignaciones directas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que concentran el 15% del presupuesto estatal, la USFQ propone un mecanismo de incentivos mediante el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE):
Financiamiento condicionado: Ampliar cupos para proyectos de inversión solo a los municipios y prefecturas que demuestren una optimización real de su personal y una reducción en el gasto de bienes y servicios.
Con esto se podría ahorrar como mínimo $311,6 millones, según la USFQ
5.- Cierre de empresas públicas deficitarias y fusión de entidades: La USFQ propone la eliminación de seis empresas públicas (incluyendo CNT) que solo en 2023 generaron pérdidas por $94,9 millones.
Además, se propone un adelgazamiento institucional, es decir, la eliminación o fusión de 37 entidades del Gobierno Central (de un total de 155 actuales) generaría un ahorro adicional de $63,7 millones, eliminando duplicidad de funciones y gastos administrativos innecesarios.
Con esto, según la USFQ, se puede ahorrar $158,6 millones al año.
6.- Renegociación de intereses con Multilaterales. Aunque las tasas de interés de organismos como el FMI, Banco Mundial o BID son mucho más bajas que las del mercado internacional (bonos soberanos), aún existe margen de mejora.
Canjes de Deuda por Naturaleza/Conservación: Ecuador ya tiene precedentes exitosos con el canje de deuda por la conservación de las Galápagos y la Amazonía. Se propone ampliar estos mecanismos a otras áreas, donde inversionistas compran deuda ecuatoriana cara y la transforman en deuda barata a cambio de compromisos ambientales. Esto ya ha sido anunciado por el Gobierno de Noboa para 2026.
Reducción de Sobrecargos del FMI: El FMI cobra «tasas adicionales» a países que tienen créditos muy grandes en relación con su cuota. Ecuador, al mantener un programa activo y cumplir metas, puede negociar la eliminación o reducción de estos sobrecargos, ahorrando millones en intereses puros.
7.- Mejora del Perfil de Riesgo y Refinanciamiento El ahorro no solo viene de los multilaterales, sino de cómo el mercado percibe a Ecuador.
Garantías de Crédito (Garantías Parciales): Instituciones como el BID pueden otorgar garantías para que Ecuador emita nuevos bonos a tasas mucho más bajas (por ejemplo, bajar de un 15% de interés a un 7%).
El efecto dominó: Al usar este dinero para pagar deuda vieja y cara, el ahorro en el flujo de caja es inmediato. Es como cambiar una deuda de tarjeta de crédito por un préstamo hipotecario con intereses mínimos.
8.- Optimización del Manejo de Tesorería (Gestión de Activos). Las «medidas financieras complementarias» suelen incluir una gestión más eficiente de la liquidez del sector público.
Cuenta Única del Tesoro: Centralizar los recursos de todas las entidades públicas para evitar que el Estado pida préstamos caros mientras tiene dinero «parado» o inactivo en cuentas de diversas instituciones.
Reperfilamiento de tramos cortos: Negociar con los acreedores para pasar vencimientos que ocurren en 2026 a los años 2030 o 2032, reduciendo la presión de pago inmediata y liberando esos fondos para inversión pública. (JS)