Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en América Latina enfrentan un escenario de mayores controles legales y administrativos. Un informe elaborado por Fundamedios, en alianza con TrustLaw —la red legal pro bono de Thomson Reuters Foundation—, advierte sobre un patrón regional de normas que han limitado el funcionamiento, financiamiento y capacidad operativa de organizaciones dedicadas a derechos humanos, transparencia, periodismo independiente y participación ciudadana.
El estudio, que analiza las regulaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela, señala que, aunque varias medidas se justifican en la necesidad de fortalecer la transparencia, prevenir el lavado de activos o combatir el crimen organizado, en algunos casos han generado cargas adicionales que afectan la autonomía y sostenibilidad de las organizaciones sociales.
Las organizaciones de la sociedad civil incluyen fundaciones, asociaciones, colectivos comunitarios y oenegés que trabajan en distintos ámbitos de interés público.
Cuatro tendencias que restringen el trabajo de las organizaciones sociales
El informe identifica cuatro patrones regulatorios que se repiten en los países analizados. El primero es el endurecimiento de los controles bajo las normas de prevención del lavado de activos, que han incrementado las obligaciones de reporte, auditorías y supervisión financiera sobre las organizaciones sociales sin distinguir su nivel de riesgo. El segundo es la ampliación de las facultades de las autoridades administrativas para imponer sanciones, suspender actividades o cancelar personerías jurídicas con base en conceptos amplios como «orden público», «seguridad nacional» o «moral pública».
A esto se suman mayores restricciones al financiamiento internacional, mediante nuevos requisitos, autorizaciones estatales y cargas tributarias que dificultan el acceso a recursos de cooperación, especialmente para organizaciones pequeñas.
Finalmente, el estudio advierte una disminución de las garantías para recurrir decisiones estatales, ya que en algunos países las sanciones o el cierre de organizaciones pueden resolverse por vía administrativa con escasas posibilidades de revisión judicial.
Según el informe, este conjunto de medidas afecta con mayor fuerza a las organizaciones que trabajan en derechos humanos, libertad de expresión, lucha contra la corrupción y observación electoral, así como a colectivos comunitarios que enfrentan crecientes barreras burocráticas para constituirse y operar.
Ecuador: más controles sobre organizaciones sociales
En Ecuador, el informe analiza el marco regulatorio implementado a partir de la Ley Orgánica de Transparencia Social (LOTS) de 2025 y su reglamento. Esta normativa incorpora mecanismos de supervisión relacionados con transparencia financiera y prevención del lavado de activos, otorgando nuevas facultades de control a entidades como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
El estudio sostiene que el modelo ecuatoriano avanzó hacia un esquema de “control intensivo”, basado en la clasificación de niveles de riesgo y seguimiento de recursos utilizados por las organizaciones.
Nicaragua, el caso más restrictivo del informe
Entre los países analizados, Nicaragua aparece como uno de los casos con mayores restricciones al espacio de la sociedad civil. El informe señala que, mediante distintas reformas legales, el régimen nicaragüense ha cancelado miles de personerías jurídicas de organizaciones y ha establecido mayores controles sobre la cooperación internacional.
Perú y El Salvador endurecen controles al financiamiento externo
El estudio también identifica cambios regulatorios relevantes en Perú y El Salvador.
En Perú, el informe analiza las modificaciones relacionadas con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y nuevas obligaciones para organizaciones que reciben recursos extranjeros.
En El Salvador, el documento destaca la aprobación de normas que incrementan la supervisión sobre organizaciones financiadas con fondos internacionales y amplían las facultades estatales de fiscalización.
Así se aplican las restricciones en cada país
El informe de Fundamedios y TrustLaw analizó los marcos regulatorios de diez países de América Latina e identificó diferentes mecanismos de control sobre las organizaciones de la sociedad civil. Aunque las medidas varían según el contexto nacional, el estudio detecta un patrón común de mayores exigencias administrativas, financieras y de supervisión.
Sobre Argentina, el informe señala un aumento de las cargas administrativas y los controles financieros para las organizaciones sociales. En Bolivia identifica amplias facultades estatales sobre el registro y reconocimiento jurídico de las organizaciones. En Colombia advierte una mayor supervisión mediante mecanismos tributarios para las entidades sin ánimo de lucro. En Ecuador destaca nuevos mecanismos de control financiero y sistemas de clasificación de riesgos.
En El Salvador, el estudio registra mayores restricciones al financiamiento internacional; en Guatemala, procesos administrativos más complejos y mayores controles sobre las organizaciones; y en Honduras, nuevos requisitos para el registro y funcionamiento de las oenegés. En el caso de Nicaragua documenta la cancelación de organizaciones y restricciones a la cooperación internacional. En Perú identifica un incremento de los controles sobre las organizaciones que reciben financiamiento externo, mientras que en Venezuela señala una regulación más estricta del financiamiento y una fiscalización permanente de las oenegés.
Investigadores piden proteger el espacio de la sociedad civil
El informe plantea que los Estados deben garantizar mecanismos de supervisión proporcionales, enfocados en riesgos comprobables, y evitar que las regulaciones financieras se conviertan en obstáculos para la participación ciudadana.
Fundamedios y TrustLaw señalan que la transparencia y la lucha contra delitos financieros son objetivos legítimos, pero advierten que estos procesos deben aplicarse con garantías legales, debido proceso y respeto al derecho de asociación. (ACZ)