En las audiencias telemáticas la imagen de un juez anticorrupción suele quedar recortada o borrosa.
En varias ocasiones, abogados defensores le han pedido que enfoque su cara, pues la cámara se dirige solamente al cuello y la barbilla.
Aunque acoge lo que piden las defensas técnicas e intenta enfocar su rostro, el encuadre vuelve a cambiar durante la diligencia judicial.
Ese tipo de jueces procesan 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado, algunos de los cuales son peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Como una alternativa para proteger a los jueces, fiscales y otros operadores de Justicia frente a las amenazas del crimen organizado, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó el protocolo técnico-operativo para el uso de avatares digitales en audiencias telemáticas.
El objetivo, según el CJ, es resguardar, de manera exclusiva, la identidad biométrica de los administradores de Justicia durante las diligencias virtuales relacionadas con casos de alta complejidad y riesgo.
Argumentó que este mecanismo garantiza la total transparencia procesal y difiere radicalmente de otros sistemas como los denominados jueces sin rostro en los que se desconoce la identidad total de quienes administran justicia.
¿Qué sucedió en Perú en la década de 1990 con los jueces sin rostro?
Carlos Serrano, exjuez anticorrupción, quien renunció en un contexto de amenazas que habría recibido mientras ejercía sus funciones, recordó lo sucedido en Perú en la década de 1990.
Contó que hubo jueces sin rostro que juzgaban a supuestos criminales sin ningún tipo de identificación, dado que no se conocía ni su nombre ni apellido, y en las salas de audiencias los jueces podían ver a los procesados y abogados, pero ellos no.
Esa modalidad fue analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resolvió que no se puede aplicar, precisó.
Comentó que en plataformas digitales se puede poner un avatar en las que se elige el color de la piel, cabello, usar lentes o no, que es una especie de máscara para la persona que aparece en la pantalla.
«Uno siente bastante miedo al momento de trasladarse, porque la cápsula completa de seguridad requiere un vehículo adelante, un vehículo atrás, y un vehículo blindado en la mitad. Esto no se lo tiene, y pues por más avatar, evidentemente en la calle, en el diario vivir del juez, eso no va a proteger en lo absoluto», dijo sobre cómo era el trajinar de su labor, y qué es lo que realmente requieren ese tipo de funcionarios.
Serrano expresó que lo que dice la Judicatura es que la utilización de los avatares no permite ver los datos biométricos de su rostro, pero sostuvo que es evidente que las imágenes de los jueces del concurso anticorrupción, en el que participó, están en la web cuando se posesionaron, dado que incluso al evento asistieron altas autoridades, incluido un presidente de la época.
Para él, es una especie de «medida populista» con la que se quieren tapar un hueco enorme que es la inseguridad de los jueces, que sugirió se cubre utilizando los medios que el Estado entrega como vehículos blindados y una protección efectiva.
El Consejo de la Judicatura defiende protocolo
Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), mencionó que el protocolo es para casos de crimen organizado. También cubre a las víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar, niños y adolescentes. Señaló que precautela que la identidad facial no se pueda observar.
Acotó que incluye la posibilidad de realizar audiencias telemáticas así como trabajo telemático, protección psicológica para los jueces y sus familias.
La funcionaria puntualizó que el CJ no podría poner un carro blindado a los 1.700 juzgadores que hay a escala nacional, porque tiene un alto costo y el presupuesto de la institución no contempla ese rubro.
El uso de los avatares digitales depende de la voluntariedad tanto del sujeto procesal como de los juzgadores, detalló.
«El Consejo de la Judicatura va a proporcionar el avatar, no es que voy a coger un muñeco de emoji, o voy a poner un juzgador con orejas de perro, en absoluto; no se trata de caricaturizar la audiencia como tal, se trata de proteger la identidad del rostro del juzgador», mencionó en una entrevista en Teleamazonas.
Caicedo se preguntó qué pasa si el juez difundió su foto en redes sociales y planteó que dentro de su voluntariedad decide eliminarlas para evitar identificaciones.
Para Felipe Castro, constitucionalista y docente universitario, cualquier medida que se tome a favor de la protección de los operadores de Justicia es buena, pero se la debe ver en contexto. Sostuvo que resguardar a los jueces debe ser una política estatal lo que implica una articulación entre la Judicatura y el Consejo de Seguridad Pública para combatir el crimen organizado. Ello, explicó, requiere análisis de los perfiles de los jueces y de los casos que están a su cargo.
A escala nacional, según la Judicatura, se han presentado 132 alertas de riesgo de juzgadores, y 26 con afectaciones a su integridad.
La entidad refirió que 200 policías serán distribuidos para la protección de las instalaciones judiciales, pero no son asignados a servidores judiciales ni tienen que ver con la protección personal. (JGP)