La minería ilegal continúa expandiéndose en áreas estratégicas del sur del Ecuador, particularmente en sectores cercanos y dentro del Parque Nacional Podocarpus, una de las reservas naturales más importantes del país y reconocida como Reserva de Biosfera por la UNESCO. Aunque el foco mediático se ha centrado históricamente en la provincia de Zamora Chinchipe, especialistas advierten que las afectaciones podrían repercutir directamente en la ciudad de Loja.
Fausto López, director de la Maestría en Recursos Naturales Renovables de la UTPL, en entrevista con La Hora explicó que la zona actualmente intervenida corresponde a un antiguo yacimiento polimetálico, concesionado en la década de los años 80, cuando cerca del 90 % del territorio del parque fue entregado para actividades mineras, principalmente de oro. Estas concesiones fueron anuladas oficialmente a inicios de los años 90, tras una acción legal impulsada por la Fundación Ecológica Arcoíris, pero la actividad extractiva no se detuvo.
Aunque el oro es el principal recurso extraído, el carácter polimetálico del yacimiento implica la presencia de otros minerales como plata, lo que aumenta el interés económico y la presión sobre el territorio. Lo preocupante, según el especialista, no es solo la extracción en sí, sino las prácticas utilizadas en un contexto completamente fuera de control estatal.
Uno de los impactos más graves es el uso de mercurio para la recuperación del oro, un metal pesado altamente tóxico que no se degrada fácilmente y puede permanecer en el ambiente durante cientos de años. “El mercurio es altamente persistente, pasa a la cadena alimenticia y afecta tanto a los ecosistemas como a la salud humana”, adviertió el experto.
Estudios recientes respaldan esta alerta. Un muestreo realizado entre abril y mayo de 2025 por la Fundación Arcoíris detectó concentraciones de mercurio en sedimentos y agua que superan los límites permisibles establecidos por la normativa ecuatoriana. En el río Loyola, por ejemplo, se registraron valores hasta seis veces mayores a lo permitido en agua, lo que confirma una contaminación de largo plazo.
La expansión de la minería ilegal también ha provocado una deforestación significativa dentro de un área que debería estar bajo máxima protección. Actualmente, se estima que entre 25 y 26 hectáreas han sido deforestadas, una superficie equivalente a unas 35 canchas de fútbol. A esto se suma la presencia de decenas de campamentos mineros y reportes de grupos armados en la zona, lo que ha impedido el ingreso de guardaparques y ha debilitado aún más la capacidad de control del Estado.
El Parque Nacional Podocarpus alberga más de 630 especies de aves, además de anfibios, reptiles, insectos y plantas endémicas, muchas de ellas en peligro de extinción. La fragmentación del hábitat y la pérdida de cobertura vegetal representan daños que, en palabras del especialista, son “irreversibles” en términos de biodiversidad.
Aunque la actividad minera ilegal se concentra actualmente en sectores de Zamora Chinchipe, el riesgo para Loja es real. La provincia depende de un recurso hídrico más limitado y vulnerable, por lo que cualquier contaminación puede tener impactos directos en el abastecimiento de agua, la salud pública y los ecosistemas.
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Además del daño ambiental, también se verían afectados otros sectores como el turismo y el paisaje natural. “Una zona con potencial turístico pierde completamente su atractivo cuando hay inseguridad y degradación ambiental”, apuntó López.
Frente a este escenario, el especialista sostiene que la solución no puede recaer únicamente en la autoridad ambiental. Propone fortalecer la gobernanza del área protegida y retomar espacios de concertación interinstitucional, similares a los que permitieron una salida pacífica del parque en los años 90.