Para 2026, el Presupuesto General del Estado (PGE) proyecta $6.928 millones en subsidios, equivalentes al 14,98% del presupuesto total ($46.256 millones) y al 5,18% del PIB.
Esta cifra representa $987 millones menos que los $7.915 millones presupuestados en 2025.
La caída obedece a la reducción del gasto en combustibles, debido a la eliminación del subsidio al diésel decretado por el Gobierno de Daniel Noboa. Parte del ahorro generado servirá para aumentar el subsidio a la seguridad social, sobre todo IESS, y a mantener el sistema de bonos y ayudas sociales.
Fin del subsidio al diésel: el gran cambio del 2026
El ajuste más fuerte en los subsidios proviene de los combustibles. En 2025, el país destinó $2.504 millones a subsidiar diésel, gasolinas y GLP. Para 2026, esa cifra cae a $1.160 millones, una reducción del 54%.
El recorte responde a la eliminación del subsidio al diésel automotriz, vigente desde el 13 de septiembre de 2025, que elevó su precio de $1,80 a $2,80 por galón. Desde entonces, solo se mantendrá el subsidio al diésel para el sector eléctrico ($191 millones) y a gasolina para la pesca artesanal ($41 millones).
El grueso de los subsidios energéticos pasa ahora al Gas Licuado de Petróleo (GLP), que concentra $722 millones (62%) del total de combustibles subsidiados. Este subsidio, según el acuerdo vigente con el FMI, no se tocará porque “beneficia a los sectores más pobres y tiene un alto componente redistributivo”.
Para Ortiz, la eliminación del subsidio al diésel es un cambio “lógico y responsable”.
“Si uno tiene que escoger entre subsidiar hasta $1.700 millones al año en diésel para quien no lo necesita o entregar bonos a quien está pasando por urgencias económicas, yo escojo la segunda opción”, apuntó.
El exministro argumenta que el incremento de un dólar por galón en el precio del diésel libera entre $1.300 millones y $1.700 millones al año, que pueden redirigirse hacia programas sociales y compensaciones. De ese monto, una parte va a transportistas, para evitar el alza de tarifa; otra a bonos sociales, ampliando su cobertura; y otra incluso al IESS.
Seguridad social, el nuevo gran subsidio en Ecuador
El rubro más alto del presupuesto 2026 en cuanto a subsidios es la seguridad social, con $3.688 millones, lo que representa el 64% del total.
Ese monto crece un 9,5% respecto a 2025 ($3.368 millones) y se destina principalmente a cubrir el aporte estatal del 40% de las pensiones y otros temas del IESS ($2.926,25 millones), además de transferencias al Issfa ($450,8 millones) y al Isspol ($311,4 millones).
En el caso del IESS, los $2.926,25 millones presupuestados para 2026 representan un aumento del 9,76% con respecto a los $2.666 millones de 2025.
Sin embargo, el monto es insuficiente porque desde el mismo IESS se calcula que necesita un subsidio estatal de $4.612 millones para cubrir pensiones y otras prestaciones. Es decir, que lo presupuestado por el Gobierno de Noboa se queda $1.686 millones por debajo de lo que se necesita. Esa diferencia se deberá cubrir con desinversión de las reservas del IESS.
La mayoría del subsidio irá al fondo de pensiones y al Seguro Social Campesino; mientras el seguro de salud, que también es deficitario porque recibe aportes de 3,8 millones de afiliados y atiende a 8 millones de personas al año, queda aún más complicado.
Andrés Mendoza, economista, explicó que, luego de la reducción sustancial del subsidio a los combustibles, el gran problema fiscal es la seguridad social. “Si no se hace una reforma integral al fondo de pensiones, y todos los demás fondos del IESS, la situación cada vez será más compleja y se deberá destinar cada vez más dinero a subsidiar la seguridad social”, acotó.
Por su parte, Ortiz estima que el gasto en seguridad social, particularmente la transferencia del 40% al IESS, es hoy uno de los rubros más insostenibles del presupuesto. “Eso es un gasto estructural que crece cada año y que algún momento deberá revisarse, porque, así como está, es fiscalmente inviable”, advirtió.
El Ministerio de Economía advierte que los $2.926 millones presupuestados como subsidio al IESS no incluyen aún el acuerdo de pago de la deuda histórica con el IESS, establecido por ley en 2024. Si esa deuda se reconociera totalmente, el subsidio a la seguridad social podría superar los $5.000 millones anuales.
Más bonos, más ayudas: auge del gasto social
El Desarrollo Social, administrado por el Ministerio de Desarrollo Humano (antes MIES), recibirá $1.950 millones. Estos recursos financiarán bonos permanentes, pensiones y ayudas sociales:
Bono de Desarrollo Humano: $701 millones para 1 millón de familias.
Pensión Mis Mejores Años: $366 millones para adultos mayores.
Bono Joaquín Gallegos Lara: $128 millones para personas con discapacidad grave.
Bono 1.000 Días: $107 millones para mujeres gestantes y niños.
Ayudas sociales directas: $308 millones para atención infantil, gerontológica y discapacidad.
Además, se incorporan nuevos subsidios compensatorios por la eliminación del diésel:
$196,7 millones para transportistas (urbano, escolar, carga y mixto), a fin de evitar alzas en las tarifas del transporte público.
Así, en total, en ayudas, tanto permanentes como temporales, se gastará más de $2.100 millones en 2026.
El Estado también proyecta $58 millones para vivienda social y $48 millones para subvenciones agrícolas, que incluyen seguros agropecuarios, reconversión productiva y riego.
A ello se suman $4,5 millones para créditos productivos con tasa preferencial, que buscan incentivar la economía popular y solidaria.
Como resume la economista Andrea Rivas, “el Gobierno cambia el foco: deja de subsidiar la energía para subsidiar a las personas. Pero el costo fiscal sigue siendo alto y el margen de maniobra, mínimo”. (JS)