Las Fuerzas Armadas del Ecuador identifican a los “Comandos de Frontera” como los responsables de la masacre de 11 militares durante un operativo anti-minería ilegal en Alto Punino, Orellana, el 9 de mayo de 2025.
Según Insight Crime, los “Comandos de Frontera” surgieron en 2017, en medio de las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la organización guerrillera marxista-leninista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Disidentes de la organización criminal de los frentes 32 y 48, junto con exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fundaron el nuevo grupo delictivo con el objetivo de lucrarse y mantener el control del narcótrafico en departamentos del sur de Colombia como Nariño, Putumayo y Amazonas.
El nuevo grupo delictivo estableció su dominio en las zonas cocaleras y fue el encargado de negociar los cargamentos de droga con cárteles mexicanos.
El grupo estaría conformado por aproximadamente 1.000 hombres con formación militar y de guerrilla. Su cabecilla es Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, capturado por las autoridades colombianas en febrero y considerado un objetivo militar por Ecuador.
Esta persona sustituyó a Pedro Oberman Goyes, alias “Sinaloa”, quien fue ejecutado por sus propios hombres en 2019.
A pesar de que la agrupación ha sumado su interés en participar en el “proceso de pacificación” del presidente Gustavo Petro mantiene una operación delictiva en Colombia y Ecuador.
Según información del Ejército ecuatoriano, los “Comandos de Frontera” mantendrían una alianza con el grupo terrorista “Los Lobos” por el control de la minería ilegal y las extorsiones en las provincias amazónicas.
El comandante de la milicia irregular en Ecuador era alias “Compadre“, quien fue abatido por el Ejército ecuatoriano, el 9 de mayo.
En Ecuador también se mantienen abiertos procesos en la Justicia contra la organización criminal. 17 miembros fueron llamados a juicio el 16 de abril de 2025, tras ser capturados por la Policía Nacional en el operativo “Gran Fénix 40”, por presuntos delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. Según la Fiscalía, los sujetos habrían movido hasta USD 200 millones en el sistema financiero.