La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por una serie de acciones emprendidas por distintas entidades, entre ellas un organismo del Estado ecuatoriano, que podrían constituir represalias indirectas contra Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra.
Según información pública difundida por la propia empresa y por la comunicación formal presentada por su defensa legal, se habrían activado medidas de carácter tributario, financiero y societario, una de ellas impulsada por una entidad estatal, que podrían estar siendo utilizadas para presionar o condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial.
Para la SIP, estas acciones afectarían de forma directa la libertad empresarial y, de manera indirecta, la línea editorial del medio.
Uno de los puntos que genera mayor alarma en la SIP es el intento de revertir la titularidad accionaria de GRANASA por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), pese a que dicha titularidad habría sido realizada, inscrita y perfeccionada conforme a la legislación vigente hace varios años, según sostiene la empresa.
La organización advierte que este tipo de medidas no solo generan inseguridad jurídica, sino que abren la puerta a una injerencia indebida en la estructura societaria de un medio de comunicación, lo que resulta incompatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión.
En un comunicado público, Granasa denunció al Gobierno del presidente Daniel Noboa de emplear “todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la empresa con el objetivo de sofocar sus críticas.
La compañía señaló que en septiembre de 2025 tuvo conocimiento de actuaciones tributarias iniciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), relacionadas con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución.
Granasa afirmó que solicitó oportunamente acceso a la documentación correspondiente, sin que hasta el momento haya recibido la totalidad de la información requerida. “El uso de una institución pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta”, advirtió Pierre Manigault, presidente de la SIP.
Añadió que cuando se recurre a mecanismos administrativos, tributarios o societarios para presionar a una empresa periodística, se vulnera no solo la libertad de prensa, sino también la libertad de empresa, condición esencial para la existencia del periodismo independiente.
En la misma línea, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, señaló que este tipo de acciones generan un efecto intimidatorio que trasciende a una sola empresa y envía un mensaje preocupante al resto del ecosistema mediático del país. “Afectar la propiedad, la estabilidad jurídica o la gobernanza de un medio es una manera indirecta, pero muy efectiva, de condicionar su línea editorial y debilitar el pluralismo informativo”, afirmó.
En su más reciente informe sobre libertad de prensa en Ecuador, la SIP ya había advertido que el ecosistema mediático del país se vio marcado por graves violaciones a la libertad de expresión.
El documento señala que funcionarios del gobierno de Daniel Noboa utilizaron redes sociales y canales oficiales para atacar a periodistas y medios, y cita como ejemplo al secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien habría vinculado a Expreso y Extra con supuestos esquemas de evasión tributaria antes de la existencia de una investigación formal, lo que fue denunciado como un intento de intimidación política. (EC)