Las autoridades de la Asamblea Nacional enfrentan tres denuncias sobre supuesto incumplimiento de funciones que podrían derivar en sus remociones.
La última se hizo pública este miércoles, 6 de abril de 2022, por aparte de Gruber Zambrano (exPSC), quien pidió que se active un proceso de investigación por demoras en la calificación de proyectos de ley, de juicios políticos, y la aprobación de la primera vacancia legislativa para este año.
Zambrano forma parte de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes, y recibió las firmas de apoyo de varios asambleístas independientes y hasta del coordinador de Pachakutik, Rafael Lucero, para este proceso.
“La evaluación tiene que ser a toda la Asamblea, no solo a una persona”, manifestó Lucero, aunque expresó su desacuerdo con que la presidenta Guadalupe Llori (PK) presentara medidas cautelares contra el Pleno.
Jorge Pinto, asambleísta del BAN, señaló que Zambrano actuó de manera personal, sin consultar a su bancada.
Acusaciones
De acuerdo a los registros de Gestión Documental del Palacio Legislativo, Zambrano presentó la solicitud 15 minutos antes de lo que ayer hicieran lo propio Esteban Torres, del PSC, y Fausto Jarrín, del correísmo.
Torres acusó a Llori de incumplir con sus funciones por dos causales: no dar paso a la apelación a la Presidencia por dos ocasiones y hacer excedido los plazos legales para la reinstalación de las sesiones del Pleno.
Jarrín pidió que las siete autoridades del CAL sean investigadas por demoras en la calificación de las propuestas para derogar la Ley Tributaria.
El procedimiento establece que a la Presidenta le corresponde remitir al CAL estas denuncias para su calificación en el plazo máximo de cinco días desde la fecha de su recepción”. Y prevé que dicho organismo pueda disponer, motivadamente, que la denuncia sea completada, archivada o desestimada.
Ronny Aleaga (Unes), vocal del CAL, consideró que este organismo debería conocer solo la denuncia presentada contra Llori por el PSC y dejar que pasen al Pleno aquellas que involucran a todas las autoridades de este organismo.
Una vez agotado este paso, le corresponderá al Pleno conformar una comisión pluripartidista para las investigaciones que podrían tomar alrededor de un mes.
Medidas cautelares
Luis Almeida, del PSC, interpuso un recurso en un tribunal de Pichincha para que se levanten las medidas cautelares concedidas a Llori, lo que frenó que el Pleno conformara ayer una comisión ad hoc para este procedimiento.
La bancada del PSC anunció que investigará lo actuado por los jueces y pidió la salida del coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, por auspiciar a Llori.
Pronunciamiento del Comité de Ética
Mientras tanto, el Comité de Ética resolvió llamar la atención a Llori y a los miembros del CAL por la crisis que atraviesa está institución.
El organismo recordó a los parlamentarios “lo efímero de cualquier espacio de poder público. El ejercicio de la función pública requiere de ética, y esta es posible solo si hay predisposición para desprenderse del poder, de lo contrario, el resultado suele ser el abuso y la corrupción”, apuntó.
Además, el Comité requirió a las bancadas y al asambleísta Bruno Segovia (exPachakutik) que presenten las denuncias y pruebas sobre supuestas infracciones de supuestos chantajes al Ejecutivo, que incluirían presiones por cargos y hasta dinero en efectivo.
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/tres-denuncias-contra-autoridades-asamblea-nacional.html