9 componentes tiene la reforma penal contra la corrupción

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El Ejecutivo anticipó ayer, 16 de diciembre del 2020, que no habrá veto para la reforma penal en materia anticorrupción que aprobó la Asamblea. El texto no se enfoca en un incremento de penas, pero incluye más especificaciones para enfrentar este problema.

El proyecto se compone de 25 artículos con ajustes al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y 11 disposiciones que modifican la Ley del sistema de contratación pública y la Ley de la Contraloría.

Entre sus nueve componentes más importantes, restituirá el informe previo de la Contraloría como requisito a todo proceso de contratación pública. Eso se había eliminado hace 12 años.

Gustavo Medina, exprocurador general del Estado, sostuvo que este instrumento “es un factor para aminorar la posibilidad de que haya abuso en la contratación pública”.

“Estos informes, de ninguna manera, constituyen obstrucción, porque se emitían antes en 15 días y eso no es un tiempo muy significativo, tomando en cuenta las cuantías que tienen los contratos del sector público en nuestro país”, apuntó.

Medina recordó que hasta hace 12 años “siempre hubo la exigencia del informe previo de la Contraloría y la Procuraduría, cuando los contratos en su cuantía rebasaban de una base que la propia ley establecía mediante una fórmula”.

En la reforma anticorrupción no hay una base, pero se especifica que este tipo de informes “en ningún caso constituirán un requisito de admisibilidad o procedibilidad para el ejercicio de la acción penal”.

Sin embargo, Medina y el excontralor Juan Carlos Faidutti
concuerdan en que la ley no solucionará todos los problemas, puesto que su aplicación dependerá de los operadores de justicia. “El problema es muy general como para que una simple ley pueda realizar una verdadera transformación que necesita el país en el aspecto moral”, dijo Faidutti.

El proyecto tipifica nuevos delitos contra la administración pública, como la elusión de procedimientos de contratación pública, sobreprecios, actos de corrupción en el sector privado y obstrucción a la justicia. Amplía la aplicación del máximo de la pena propuesta inicialmente, cuando los delitos sean cometidos durante un estado de excepción.

El proyecto se tramitó en la Comisión de Justicia. Henry Cucalón (PSC), uno de sus integrantes, dice que “lo que se ha hecho con la ley es tipificar, desde el punto de vista penal, y visibilizar, desde el punto de vista procedimental, de mejor manera diversas situaciones”.

En la práctica, se incluye como peculado agravado la corrupción en contratos de emergencia y se sancionará con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

“Muchos de los famosos y sonados casos de corrupción desde el retorno a la democracia han sido declarando un estado de excepción o un estado de emergencia en un sector determinado”, señaló el asambleísta Cucalón.

El experto en contratación pública Stalin Raza sostiene que es “un enorme paso haber incluido los delitos de corrupción en el sector privado” y el denominado Compliance, es decir, la obligatoriedad de que la empresa mantenga programas de vigilancia sobre cumplimiento de normas de integridad y anticorrupción.

Sin embargo, advierte que “algo que sin duda será cuestionado por inconstitucional es la prohibición de otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva en delitos de corrupción, así como suspensión condicional de la pena y regímenes penitenciarios semiabiertos (rebajas)”.

El presidente Lenín Moreno se mostró satisfecho por el trámite, que tomó menos tiempo de lo que acostumbra el Parlamento. A pesar de que el Gobierno no cuenta con una mayoría afín, tuvo los votos de 127 asambleístas, incluso del correísmo, a diferencia de otros proyectos.

“Me agrada leer este tipo de noticias, porque significa que a lo mejor encontramos ese lineamiento de astros, para que haya una armonía entre el trabajo del Ejecutivo y de la Asamblea”, dijo. “Le daremos una última revisión y la aprobaremos de manera inmediata”, acotó. Ayer, el texto aún no llegaba a Carondelet.

En contexto

El texto recoge dos iniciativas del Ejecutivo y cinco de legisladores. En su mayoría se presentaron después de que estallaran las denuncias de sobreprecios en la compra de insumos para la emergencia sanitaria por el covid-19. La Ley fue requerida por el FMI.

Entrevista a Fausto Ortiz, exministro de Finanzas

‘Desembolso llegará sin contratiempos’

Redacción Negocios (I)

La Asamblea aprobó el martes la Ley Anticorrupción. ¿Es de esperar -con eso- que el último desembolso por USD 2 000 millones del Fondo Monetario en este año se dé sin contratiempos?

Sí, inclusive sin la Ley se lograron las metas porque no se puede obligar a que el Gobierno cumpla porque no depende de él, sino de la Asamblea. Pero mejor haber aprobado la reforma, pues ya el tema no será materia de debate en el Directorio del FMI, se espera una aprobación rápida y que el desembolso llegue sin contratiempos.

¿Cómo queda la parte fiscal con esos recursos que se esperan hasta la próxima semana?

Se suponía que si llagaban los USD 2 000 millones del FMI, los 500 millones del Banco Mundial, los 1 400 millones de China y lo adicional de BID y CAF, el año podía terminar con USD 1 000 millones de atrasos, que es una cifra similar a la del 2019; es decir y sin incremento y -al menos- lo esperado. Es lo que se esperaba, pero se cayó lo de China. Por tanto, el atraso llegaría a 2 400 millones.

¿Quiénes sufrirán de esa situación?

Depende de Finanzas, pero lo que se espera que es el atraso no dure mucho tiempo. Ojalá se haya pagado ya los atrasos que se arrastraban del año pasado o a los proveedores que se les debía desde marzo o junio de este año para que esa factura no se siga acumulando tanto tiempo.

¿Cómo se proyecta el inicio del 2021?

La idea de que enero y febrero son los meses más bajos de recaudación es más retórica que cierta. La recaudación fiscal promedio está arriba de USD 900 millones mensuales. Se esperaría que para el 2021 la recaudación empiece a nivelarse. En noviembre pasado se recaudó más que igual mes del año anterior, aunque diciembre no tiene la misma perspectiva y pinta a que va a generar unos USD 100 millones por debajo a igual mes del año pasado. Otra gran duda es China. Es claro que los recursos de esa fuente no entraron este año y no hay certeza de que vayan a buscar esos USD 1 400 millones el 2021. Si se logran a inicios del siguiente año, el atraso no duraría mucho y el Fisco podría ponerse al día pronto. Pero Finanzas también puede no querer insistir con ese país.

¿Los rubros de gastos cómo se proyectan?

Si bien existirán más atrasos, habrá menos gastos. Por ejemplo, la renegociación de la deuda que se hizo este año permitirá bajar el egreso por intereses de la deuda en USD 1 500 millones en el 2021, lo cual es un alivio importante.

¿De cuánto se proyectan las necesidades fiscales?

Yo estimo el déficit fiscal del siguiente año en unos USD 4 000 millones. A eso se suma, USD 4 000 millones de amortizaciones de deuda y unos 2 000 millones en atrasos. Es decir, en total se esperan USD 10 000 millones en necesidades totales.

¿El monto que se debe conseguir para cubrir el presupuesto es importante y las fuentes de financiamiento escasas?

Eso va a depender de quién lidere el siguiente Gobierno. Hay quien le dice al país: le presto plata, pero debe hacer ajustes fiscales. Eso va a decir el mercado internacional o multilaterales como el Fondo. Si el siguiente Gobierno dice que no hará ajustes, conseguir financiamiento externo será muy complicado.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/actualidad/componentes-reforma-penal-corrupcion-ecuador.html. 

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