La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Gabriela Cossette L. T., exjueza del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, por su presunta responsabilidad, en calidad de autora directa, en el delito de enriquecimiento ilícito. La diligencia se desarrolló en el marco de una investigación derivada del caso “Fachada”, informó la institución este 4 de abril de 2026.
Según la Fiscalía, durante la audiencia de formulación de cargos se presentaron 49 elementos de convicción que apuntarían a un incremento patrimonial constante y continuado. Entre esos elementos constan reportes policiales sobre allanamientos ejecutados el 16 de enero de 2025, formularios de cadena de custodia, informes de inspección y reconocimiento del lugar, un peritaje documentológico y reportes tributarios emitidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
La investigación fiscal también incorporó un informe ejecutivo de la UAFE, un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, documentación del Consejo de la Judicatura y del IESS, además de una promesa de compraventa de un inmueble en Esmeraldas e información de la ANT, entidades financieras y una concesionaria de vehículos. De acuerdo con la tesis fiscal, entre 2022 y 2025 la ahora procesada habría incrementado injustificadamente su patrimonio en 140.573,09 dólares mientras ejercía funciones públicas.
Como parte de las diligencias previas, la madrugada del 16 de enero de 2025 la Fiscalía lideró un operativo en Pichincha y Esmeraldas, dentro del caso “Fachada”. Durante los allanamientos a inmuebles presuntamente vinculados con la exjueza, las autoridades levantaron como indicio 56.760 dólares en efectivo. Ese operativo ya había sido mencionado en actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con otros funcionarios investigados dentro del mismo caso.
Al finalizar la audiencia, el juez que conoce la causa acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso, de forma motivada, la prisión preventiva para la procesada. Además, ordenó la retención de los 56.760 dólares, la prohibición de enajenar dos bienes inmuebles y un vehículo, así como la inmovilización y congelamiento de tres cuentas bancarias. La instrucción fiscal se desarrollará en un plazo de 90 días.
La exfuncionaria ocupó cargos en la Defensoría del Pueblo, en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Esmeraldas y, posteriormente, en el Tribunal Anticorrupción. En paralelo, su nombre ya había aparecido en reportes periodísticos y documentos disciplinarios vinculados al caso “Fachada”, una causa que investiga presuntas irregularidades dentro de la Función Judicial y eventuales nexos con estructuras delictivas.
Desde el punto de vista jurídico, la Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el enriquecimiento ilícito. Según el marco legal citado por la institución, cuando el incremento patrimonial injustificado supera los 200 salarios básicos unificados y es inferior a 400, la pena prevista va de cinco a siete años de prisión. En este caso, la tesis fiscal sostiene que el monto bajo sospecha supera ese umbral.