La bancada legislativa de Acción Democrática Nacional (ADN) solicitó formalmente a la Fiscalía General del Estado que vincule a nuevos actores dentro de la instrucción fiscal del denominado Caso Progen, una investigación que indaga presuntas irregularidades relacionadas con contratos para la generación termoeléctrica de emergencia durante la crisis energética que enfrentó Ecuador.
El pedido fue presentado por representantes del oficialismo, quienes consideran que existen elementos suficientes para incorporar a contratistas, empresas y operadores que habrían tenido participación en la presunta trama de corrupción. Entre los señalados constan José Walter Manrique Suárez, la empresa Astrobryxsa S.A., Lightblue S.A. y otros actores que, según ADN, habrían intervenido en la redistribución de recursos provenientes de los contratos investigados.
“Creemos que deben estar vinculados. Están detrás de la trama como contratistas de obras civiles y como lobistas de la empresa Progen”, manifestó el legislador Esteban Torres, representante de la bancada oficialista.
La solicitud surge luego de que la semana pasada se revelara información sobre cerca de 700 transferencias que habrían sido realizadas desde cuentas de Progen en Estados Unidos hacia abogados, estudios jurídicos y diversas compañías. Para ADN, aún es necesario identificar a los accionistas principales y determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de los recursos desembolsados por el Estado.
Torres señaló que uno de los objetivos centrales es reconstruir la ruta del dinero y establecer responsabilidades dentro de un esquema que, según sostiene, habría afectado gravemente a las finanzas públicas.
Las declaraciones del legislador coinciden con un informe elaborado por la Secretaría General de Integridad Pública, basado en un análisis financiero desarrollado con apoyo internacional. El documento concluye que los fondos entregados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) no permanecieron en las cuentas de Progen y que habrían sido distribuidos entre decenas de beneficiarios.
#VIDEO | La bancada de ADN presentó una solicitud a la Fiscalía General para vincular a la instrucción fiscal del Caso Progen a presuntos autores de la posible trama de corrupción. Piden vincular a contratistas y operadores que habrían participado en este perjuicio al Estado:… pic.twitter.com/Urtq9jol8n
— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) June 24, 2026
Según el reporte, Astrobryxsa LLC y Astrobryxsa S.A. aparecen como las principales receptoras de recursos vinculados al caso. Ambas compañías habrían recibido aproximadamente 15,2 millones de dólares, monto que posteriormente habría sido redistribuido a otros destinatarios. El informe sostiene además que los fondos nunca permanecieron más de una semana en las cuentas de Progen.
Entre los nombres mencionados también figura el abogado José Luis Hidalgo Fernández, quien, de acuerdo con el documento, habría participado en la creación y adquisición de empresas utilizadas para movilizar recursos dentro de la estructura investigada. Asimismo, se menciona a Karla Saud Calero, quien habría registrado gastos personales superiores a los 162.000 dólares y sería una de las presuntas beneficiarias finales del entramado.
Respecto a José Walter Manrique Suárez, el informe indica que habría redistribuido más de USD 2,3 millones entre personas naturales y jurídicas, movimientos que habrían sido identificados a través de transacciones efectuadas en entidades financieras nacionales.
La documentación fue remitida por el Gobierno a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para determinar si existieron operaciones inusuales o injustificadas. Además, las investigaciones cuentan con cooperación internacional y contemplan mecanismos de rastreo financiero previstos en la Ley RICO de Estados Unidos.
El Caso Progen tiene su origen en los contratos firmados por Celec el 2 de agosto de 2024 con la empresa estadounidense Progen por USD 149,1 millones para instalar generación termoeléctrica de emergencia durante la crisis de apagones. Sin embargo, los proyectos acumularon retrasos, incumplimientos y observaciones técnicas. Actualmente, la Fiscalía procesa a varios involucrados y el caso continúa avanzando mientras surgen nuevos pedidos para ampliar el alcance de las investigaciones.