Dos años después de que los ecuatorianos respaldaran la extradición de personas nacionales requeridas por la justicia en las urnas, la Asamblea Nacional dio el paso que faltaba para hacerla operativa.
Con 139 votos afirmativos, el Pleno aprobó la Ley Orgánica de Extradición, una norma que establece cómo deberán tramitarse las solicitudes presentadas por otros Estados para juzgar a personas requeridas por delitos graves, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado transnacional. La ley aún deberá publicarse en el Registro Oficial para entrar en vigencia.
¿Qué regula la nueva ley?
La normativa establece el procedimiento que deberán seguir las autoridades ecuatorianas cuando otro país solicite la extradición de una persona.
Entre los principales aspectos contempla:
- Control judicial durante todo el proceso.
- Garantías del debido proceso.
- Respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales.
- Cooperación entre Ecuador y otros Estados para combatir el crimen organizado transnacional.
El objetivo es impedir que el país sea utilizado como refugio por personas investigadas o procesadas por delitos de alta gravedad.
La Asamblea destaca la lucha contra la impunidad
Durante el debate legislativo, la asambleísta Lucía Jaramillo, ponente del proyecto, sostuvo que la ley responde al mandato expresado por la ciudadanía en la consulta popular.
«El crimen organizado aprendió hace mucho tiempo a cruzar fronteras. La justicia también tenía que hacerlo. El Ecuador no será refugio de criminales ni una nacionalidad será un escudo para la impunidad», afirmó.
La legisladora señaló que la normativa fortalece la cooperación judicial internacional frente a organizaciones criminales que operan en varios países.
Una herramienta contra el crimen organizado
Con la aprobación de la ley, el Estado contará con un procedimiento específico para atender solicitudes de extradición formuladas por otros países.
La normativa busca fortalecer la cooperación internacional en investigaciones relacionadas con delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de activos, terrorismo y otras infracciones de carácter transnacional, siempre bajo control de las autoridades judiciales ecuatorianas.
Contexto
La extradición de ciudadanos ecuatorianos fue autorizada tras la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024, cuando la mayoría de votantes respaldó la reforma al artículo 79 de la Constitución. Antes de ese cambio constitucional, Ecuador prohibía la extradición de sus nacionales.
Sin embargo, la reforma constitucional requería una ley que estableciera el procedimiento para hacer efectiva esa facultad. La Ley Orgánica de Extradición, aprobada este 7 de julio con 139 votos, cumple esa función y fija las reglas que deberán seguir la Corte Nacional de Justicia y las demás instituciones competentes para resolver las solicitudes presentadas por otros Estados. La norma no implica extradiciones automáticas: cada caso deberá analizarse individualmente, respetando la Constitución, el debido proceso y los tratados internacionales suscritos por Ecuador.