La Asamblea Nacional remitió este jueves 17 de septiembre a la Fiscalía General del Estado el informe de fiscalización sobre el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia de Segura EP, en Guayaquil. El expediente recoge indicios sobre la posible existencia de una estructura paralela de monitoreo, accesos sin autorización a las plataformas y eventuales usos de información sensible, hechos que ahora deberán ser analizados por el Ministerio Público para establecer si existen responsabilidades penales.
La presidenta de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Inés Alarcón, acudió pasadas las 09:00 a la sede de Fiscalía, en Quito, para entregar formalmente la documentación. El informe había sido aprobado el 15 de septiembre por el Pleno con 85 votos y recomienda profundizar las investigaciones sobre posibles delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias y acceso no consentido a un sistema informático. Alarcón también pidió analizar eventuales hechos relacionados con peculado y delincuencia organizada, aunque la determinación de los delitos corresponde a Fiscalía.
Uno de los principales hallazgos se relaciona con una denominada “sala espejo”, instalada en el tercer piso del Palacio Municipal de Guayaquil, en dependencias de la Dirección de Aseo Cantonal. El expediente incorpora un correo del 20 de noviembre de 2024, remitido durante la administración de Fernando Cornejo, entonces presidente del Directorio de Segura EP, en el que se solicitaba habilitar ese punto de monitoreo. La Asamblea sostiene que no encontró una resolución del Directorio, delegación u otro documento que justificara formalmente su instalación y los niveles de acceso concedidos.
Durante la fiscalización, el director del ECU 911, Juan Carlos Paladines, aseguró que la institución no autorizó ni conoció la existencia de ese punto de monitoreo. Según explicó ante la Comisión de Seguridad, la interoperabilidad entre el ECU 911 y los gobiernos locales está regulada mediante resoluciones específicas y los accesos se activan para atender emergencias o incidentes determinados. El organismo señaló que la denominada sala espejo de Guayaquil no constaba dentro de esos mecanismos autorizados.
La investigación legislativa también tomó como referencia las comparecencias del ministro del Interior, John Reimberg, y del comandante general de la Policía, Pablo Dávila. Reimberg afirmó ante la Comisión que se habría identificado una estructura paralela cuyos usuarios podían tener acceso privilegiado a plataformas críticas, con capacidad para manipular cámaras, extraer información sensible y afectar la cadena de custodia de evidencias. Esas afirmaciones forman parte de los elementos recopilados por la Asamblea y deberán ser verificadas dentro de las investigaciones judiciales correspondientes.
Otro elemento incorporado al proceso son grabaciones de conversaciones en las que aparecen Fernando Cornejo, el exteniente de Policía Rodney Rengel, el asambleísta Juan Andrés González y el expresidente Rafael Correa. Durante la fiscalización, Cornejo reconoció la autenticidad de al menos una conversación. El informe legislativo sostiene que de estos intercambios se desprenden indicios sobre solicitudes de información relacionada con agentes de tránsito y el posible acceso a datos obtenidos mediante los sistemas municipales. La Fiscalía deberá determinar el alcance y eventual relevancia penal de esas comunicaciones.
El caso ya era conocido por la Fiscalía, que mantiene una investigación previa por presunta asociación ilícita. Durante el proceso legislativo, representantes del Ministerio Público señalaron que la tipificación podría modificarse o incorporar otros delitos dependiendo de los elementos que se obtengan. Entre las figuras mencionadas durante la fiscalización también estuvieron la revelación ilegal de bases de datos, posibles afectaciones a la intimidad y el eventual uso de recursos públicos para fines distintos a la seguridad ciudadana.
La resolución de la Asamblea no solo dispuso enviar el expediente a Fiscalía. También ordenó remitir información a la Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, mientras que al ECU 911 se le pidió fortalecer el registro de plataformas, puntos de monitoreo e infraestructura interoperable. A Segura EP se le exhortó a garantizar que todos los usuarios de sus sistemas estén plenamente identificados y que cada acceso quede registrado de manera íntegra, trazable y auditable. Las instituciones involucradas deberán informar a la Comisión legislativa, dentro de 30 días, sobre las acciones adoptadas.