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La demanda de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue conocida por la jueza Gloria Mayorga. Su defensa presentó 33 pruebas por presunta violación a los derechos constitucionales. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, llegó a Ankara, capital de Turquía, dentro del término de los 30 días de plazo que establece la Ley Orgánica del Servicio Exterior, argumentaron sus abogados durante la audiencia de acción de protección planteada en contra del sumario administrativo que inició la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. El Ministerio de Trabajo inició el sumario administrativo porque Abad presuntamente demoró su traslado desde Israel hasta Turquía. Según la Cancillería, Abad debía presentarse en Turquía el 1 de septiembre de 2024, pero llegó el 9. La demanda de la Vicepresidenta fue conocida el 26 de septiembre por la jueza Gloria Mayorga, de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, de Quito. Abad intervino en la audencia vía Zoom desde Turquía, donde volvió a rechazar el inicio del sumario y alertó que se trata de un evidente acoso y hostigamiento. “Están forzando mi renuncia al cargo; temo por mi vida”, afirmó. La defensa señaló que con el sumario administrativo se buscaría acusarla de abandono del cargo, aplicándole la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), cuando el propio Ministerio de Trabajo determinó que sobre ella rige la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE), por sus funciones diplomáticas. “Se busca generar un entorno hostil para la Vicepresidenta de la República”, señaló Damián Arrmijos, uno de los abogados de Abad, durante la diligencia. Procuraduría pide a jueza que se declare improcedente acción de protección Durante la audiencia, la representante de la Procuraduría General del Estado (PGE) pidió a la jueza que se declare improcedente la acción de protección. A su vez, el delegado del Ministerio de Trabajo pidió archivo de la demanda. Mencionó los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los cuales señalan que la acción de protección de derechos no procede cuando, de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales. La Procuraduría también pidió a la jueza que se declaren como improcedentes las pruebas presentadas por la defensa de Abad, por considerarse que no son sujetos procesales, ni parte de la causa, Entre las pruebas que la Procuraduría mencionó, y que habían sido presentadas por la defensa de la Vicepresidenta, consta una declaración del presidente de la República, Daniel Noboa, que fue recogida por medios digitales cuando afirmó que pudo haber enviado a Abad a hacerse cargo de la estación de la Antártida. No obstante, para el abogado, esta es una declaración “humillatoria” a la investidura de la Vicepresidencia. El representante del Ministerio de Trabajo insistió que el sumario administrativo no demuestra ninguna vulneración de derechos constitucionales (seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, y trabajo). Hasta el cierre de esta edición, la audiencia de acción de protección continuaba con la presentación de la pruebas y alegatos. (SC)

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