El movimiento inusual de una ladera mantiene a la ciudadela Ciudad Victoria, en el noroccidente de Loja, en un panorama de vulnerabilidad absoluta. El último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos otorgó a este sector una calificación de 25 sobre 25 puntos en sus niveles de amenaza.
El documento concluye que no es viable ejecutar obras de mitigación ni inversiones de gran escala. Además, la normativa del Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) catalogó al polígono y a sus 500 metros a la redonda como zona no urbanizable. Esta condición prohíbe la emisión de permisos de construcción o reparación, lo que limita la acción municipal a mantenimientos básicos de agua potable y alcantarillado.
Tres realidades en un mismo barrio
La crisis estructural fragmenta a los habitantes en tres escenarios distintos. El primer grupo abarca a unas 200 familias cuyas viviendas permanecen estables en zonas donde el impacto de la ladera aún no ha llegado.
Un segundo frente optó por interponer una acción de protección constitucional para exigir que el Municipio de Loja les restituya un inmueble en igualdad de condiciones. Sin embargo, el proceso judicial avanza de forma lenta, obligando a muchos damnificados a abandonar sus propiedades para convertirse en arrendatarios.
El tercer grupo congrega a cerca de 200 familias con viviendas destruidas que no constan en el proceso judicial. Este sector permanece en un estado de total indefensión legal y depende exclusivamente de una promesa de reasentamiento gubernamental.
«La única alternativa viable, económica y financieramente, es la reubicación o reasentamiento de las familias afectadas«, afirmó Marcos Valle, presidente de Ciudad Victoria.
Trabas para la vivienda estatal
El Gobierno Nacional dispone del programa de Vivienda de Interés Social por Emergencia para evacuar a los damnificados. Esta iniciativa ya funcionó en localidades vecinas como Piñas y El Guabo, en la provincia de El Oro; no obstante, el proyecto se estancó en Loja debido a que administraciones municipales anteriores no transfirieron los terrenos requeridos por la ley.
La actual administración municipal postuló recientemente algunos predios y evalúa el uso de terrenos estatales subutilizados. Pese a estos avances, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no puede edificar sin un requisito previo indispensable:
«Necesitamos activar ese mecanismo, que el actual municipio declare en emergencia nuevamente a la ciudadela Ciudad Victoria», enfatizó Valle, quien confirmó que esta semana mantendrán una reunión con la alcaldesa Diana Carolina Guayanay para reactivar la declaratoria mediante el COE Cantonal.
El día a día entre el peligro y los servicios básicos
El riesgo de colapso es latente y se agrava con el temporal invernal de la región. Mientras algunas familias reciben un bono de arrendamiento municipal para desalojar las estructuras inservibles, otras continúan habitando los inmuebles colapsados por falta de recursos.
A la par de los fallos geológicos, los residentes conviven con deficiencias cotidianas en la infraestructura básica. Las redes de saneamiento sufren fracturas constantes por el desplazamiento del terreno.
«Tenemos bastantes problemas, tanto de salubridad, de alcantarillado, como de agua potable», constató Sixto Lomas, morador de la zona.
Lomas reconoció que un drenaje profundo construido por la municipalidad estabilizó parcialmente el suelo, pero instó a las autoridades a concluir las obras complementarias.
Seguridad y esfuerzo comunitario
El abandono de múltiples viviendas generó temor por la posible aparición de focos delictivos. Sin embargo, los residentes organizaron sistemas de vigilancia comunitaria para proteger el perímetro de personas ajenas a la ciudadela. Los afectados recuerdan que el proyecto habitacional nació hace casi una década, dirigido a familias de escasos recursos.
«La mayor parte de las personas que aquí habitan han hecho un esfuerzo grande por adquirir su vivienda. El Gobierno también debería intervenir», concluyó Lomas.