Ecuador cerró el año 2024 con utilidades netas empresariales por $7.435 millones, pero la cifra esconde una realidad preocupante: solo el 30 % de las empresas en el país reportan ganancias, mientras el resto —en especial micro y pequeñas— arrastra pérdidas o no logra alcanzar el punto de equilibrio. En ese contexto, los nuevos impuestos propuestos por el Gobierno de Daniel Noboa podría agravar aún más la fragilidad del tejido empresarial, al imponer nuevos impuestos a las utilidades distribuidas y retenidas.
Según el estudio del economista Luis Tobar Pesántez, basado en cifras de la Superintendencia de Compañías, el 87 % de las utilidades generadas en el país provino de grandes empresas, que representan apenas el 3 % del total registrado. En cambio, las microempresas —el 72 % del total— acumularon pérdidas por $221 millones solo en 2024. En otras palabras, hay grandes empresas que acumulan casi $9 de cada $10 que se generan de utilidad en Ecuador.
De hecho, de las 112.758 empresas activas registradas, apenas 33.290 lograron generar utilidades, mientras que más de 79.000 no obtuvieron ganancias o reportaron pérdidas. Las más golpeadas son las micro y pequeñas empresas, que concentran solo el 13 % de los activos y carecen del músculo financiero suficiente para soportar nuevas cargas tributarias. Las grandes, en contraste, concentran el 78 % de los activos y el 81 % del patrimonio del sistema productivo.
¿Nuevos impuestos contra el crecimiento empresarial?
En este escenario desigual, el Gobierno presentó su cuarto proyecto económico urgente: la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. Aunque el enfoque declarado es el control de fundaciones y capitales opacos, el texto incluye reformas clave que afectarían directamente la dinámica empresarial en Ecuador:
- Impuesto del 12 % sobre dividendos distribuidos a accionistas residentes en Ecuador, eliminando la fórmula actual que considera tributos ya pagados por la empresa.
- Impuesto progresivo del 0,75 % al 2,5 % sobre utilidades no distribuidas, es decir, aquellas que la empresa decide conservar para reinvertir, cubrir pasivos o mantener reservas.
“Esto es un castigo al ahorro y al emprendimiento”, dice tributarista
Tributaristas y economistas coinciden en que la reforma genera un triple impacto:
- Liquidez: empresas pequeñas y medianas tendrían menos capital disponible para operar o crecer.
- Reinversión: se desincentiva el uso de utilidades para expansión, innovación o contratación de personal.
- Seguridad jurídica: se proyecta un entorno hostil a la inversión, nacional y extranjera.
“El nuevo impuesto se impone incluso si las utilidades no se reparten. Es un castigo al ahorro empresarial”, dice Antonio Ruíz, abogado tributario.
La medida afectaría especialmente a más de 8.000 micro y pequeñas empresas que reportaron $5.200 millones en utilidades retenidas en 2024. Estas empresas tendrían que pagar más de $50 millones adicionales en impuestos si se aprueba la reforma.
Las ayores utilidades empresariales se concentran en pocos sectores
El informe de Tobar Pesántez revela que la concentración de las utilidades no solo es empresarial, sino también sectorial y geográfica:
- Sectores más rentables: financiero ($1.714 millones), minería ($1.352 millones) y comercio ($1.263 millones).
- Sectores con menor utilidad: enseñanza, arte, salud y agua, que en conjunto no superan los $10 millones.
- Provincias líderes: Guayas y Pichincha concentran el 78 % de las utilidades; Zamora Chinchipe destaca con 9 % gracias a la minería.
- Provincias más rezagadas: Pastaza, Esmeraldas, Napo, Chimborazo y Bolívar (esta última con pérdidas netas).
¿Quién pierde si se aprueban los nuevos impuestos sobre las utilidades en Ecuador?
La reforma impactará a quienes invierten en empresas ecuatorianas —incluso a través de la Bolsa—, a compañías que prefieren reinvertir en lugar de repartir utilidades, y a micro y pequeñas firmas que apenas logran mantenerse operativas.
“Es una señal de alerta: no dejes tus utilidades en Ecuador, inviértelas en otro país”, sostuvo Fausto Ortiz, exministro de Economía.
Si bien el Gobierno busca aumentar la recaudación —potencialmente entre $1.000 y $1.300 millones anuales con las nuevas reglas en comparación a los $500 millones que se obtienen ahora—, expertos alertan que los efectos colaterales podrían ser una menor inversión, pérdida de competitividad, y más trabas para el crecimiento empresarial.
“No se puede gravar lo que impulsa el empleo y la inversión. Si Ecuador quiere más empresas y más trabajo, este no es el camino”, dijo Carlos Verdesoto, abogado tributario. (JS)