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La crisis que enfrenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), reconocida por sus autoridades el 9 de enero, confirma las denuncias que durante los últimos años hicieron afiliados, jubilados, trabajadores y diversos sectores sociales sobre los efectos negativos de medidas adoptadas sin sustento técnico ni financiamiento.

Asociaciones de jubilados y trabajadores, consultados por EL TELÉGRAFO, manifestaron que la situación debe ser solucionada sin que se perjudique a los afiliados y pensionistas. Advierten movilizarse.

No están de acuerdo, por ejemplo, con la posibilidad de revisar las tasas de aportación ni la edad de jubilación, como parte del diálogo nacional convocado por Paúl Granda, presidente del consejo directivo del IESS.

Exigen que el Estado pague lo correspondiente al aporte del 40% desde 2015, eliminado en ese año y restituido en 2018 por la Corte Constitucional.

Para este año el Ministerio de Finanzas destinará $ 1.242 millones por este rubro, de los $ 1.755 calculados por el Instituto. También piden que se cancele el dinero de las prestaciones médicas, borrado de los balances en 2015 y que la Contraloría ordenó reincorporar en 2017.

Otro de los requerimientos es que se derogue la Resolución 501, de 2015, que invirtió el aporte a los fondos de pensiones y salud.

Finalmente, solicitan que los expresidentes del directorio, Ramiro González y Richard Espinosa, los miembros del consejo directivo y directores generales sean procesados judicialmente.

La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador espera que hoy, 15 de enero, el IESS responda positivamente a sus exigencias, de lo contrario se dará paso a una movilización indefinida.

Manuel Muñoz, presidente de la Confederación, indicó a este diario que el 17 de enero se tomará la decisión en una asamblea nacional en Quito y en la que participarán dirigentes de diferentes asociaciones y federaciones.

“Que no nos obliguen a repetir lo que pasó en 2004”, advirtió Muñoz, recordando la masiva protesta protagonizada a escala nacional por miles de pensionistas.

Los números preocupan. El Estado le adeuda al IESS cerca de $ 3.000 millones; existen pérdidas en compra de medicamentos por $ 400 millones; funcionarios públicos deben a la entidad unos $ 17 millones, reveló Paúl Granda.

Por otro lado, el Instituto suma $ 900 millones en obligaciones con clínicas y hospitales privados; y $ 23 millones al Ministerio de Salud.

La desinversión del fondo de pensiones se aproxima a los $ 5.000 millones; y el fondo de salud tiene serios problemas de liquidez.

Édison Lima, presidente de la Asamblea de Jubilados, Pensionistas Adultos Mayores, se hace eco de las advertencias. “Nuestros reclamos son para que los que hoy trabajan mañana puedan jubilarse dignamente y cobrar su dinero”, comentó.

Mencionó que los jubilados han insistido en reiteradas ocasiones que se reviertan medidas sin financiamiento y que la administración del Seguro se reoriente.

Los sindicatos también se sumarán. Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Trabajadores, agregó que se debe investigar cuánto y cómo se gastó el dinero en la construcción de obras y adquisición de equipos pues fueron recursos que provocaron la millonaria desinversión del fondo de pensiones.

Tatamuez es uno de los 14 miembros de la veeduría ciudadana conformada por la Contraloría en junio de 2018 para acompañar los 27 exámenes especiales que auditan la gestión del Seguro Social desde 2012.

Las revelaciones encontradas hasta ahora son alarmantes”, dijo el dirigente y agregó que no permitirán modificar las aportaciones al IESS como un mecanismo para enfrentar la crisis.

Este lunes 14 de enero en Radio Pública, Paúl Granda aclaró que cualquier decisión al respecto “no es unilateral del representante del Ejecutivo”, pues el Consejo Directivo es tripartito (Estado, trabajadores y empleadores).

“Hay que discutir con absoluta transparencia (…) no necesariamente debe haber el alza del monto de aportación, pueden haber otras medidas que ya estamos tomando al corto plazo”, manifestó el titular del Seguro Social.

Denuncia a Rafael Correa

Henry Llanes, de la Asamblea de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores, demandó judicialmente al expresidente Rafael Correa por supuestamente menoscabar el patrimonio del Seguro Social.

Según el denunciante, el daño material ocasionado durante la administración de Correa alcanza los $ 15.000 millones y se debe a decisiones como retirar el aporte estatal del 40%. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/jubilados-protestas-crisis-iess

ferzhr@gmail.com

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