“Esta lucha se va multiplicando y va a ser un grito de Cuenca al Ecuador y al mundo”, anticipó Yaku Pérez, abogado de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), sobre la marcha por el agua convocada para hoy, 16 de septiembre de 2025, en Cuenca.
La FOA es una de las organizaciones que cuestiona al Gobierno por la licencia ambiental otorgada el 23 de junio de 2025, desde la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, a la compañía Dundee Precious Metals Ecuador S.A., titular del proyecto minero Loma Larga, ubicado en las parroquias Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín, en los cantones Cuenca, Girón y San Fernando, para las fases de explotación y beneficio.
Se trata de una mina subterránea para extraer oro en una zona localizada en el páramo de Kimsakocha. Ahora, organizaciones y autoridades buscan que se revoque la licencia para que no haya actividad minera en el páramo.
Delimitación geográfica del proyecto en duda
Cristian Zamora, alcalde de Cuenca por Izquierda Democrática, dispuso el 11 de septiembre de 2025 la reversión total del catastro del predio de la empresa minera. Esto no impide la explotación minera, pero sí le “complica” a la empresa.
Zamora ordenó la reversión porque los linderos que están en la escritura no coinciden con los antecedentes geográficos de donde está la bocamina. “Fue un 13 de octubre de 2020 (durante la administración del exalcalde Pedro Palacios) que el propio Municipio catastró al predio de la minera 140 hectáreas adicionales a las 120 que tiene en escrituras, no hay ningún argumento que respalde esta ampliación”.
El 12 de septiembre el presidente de la República, Daniel Noboa, advirtió a la Alcaldía y a la Prefectura de Azuay que si no sustentan la oposición al proyecto minero con informes técnicos habría problemas a futuro si Dundee presenta una demanda internacional. Pero las autoridades locales aseguraron que los informes fueron remitidos antes de que se los pidieran. “Eso es un tema impracticable desde nuestro ordenamiento jurídico. No es que van a demandar al Municipio, quienes otorgaron estos temas es el Estado central y es el responsable ante este tipo de circunstancias”, subraya.
Refirió que dispone de un informe de Ambiente que contiene el criterio de que sí habría contaminación con el proyecto: “Yo probaré en las instancias que corresponden de que ese informe existe. Al momento no puedo indicarlo, pero sí está señalado ese informe”.
Prefectura niega competencia ante demanda internacional
Juan Cristobal Lloret, prefecto de Azuay por la Revolución Ciudadana, menciona que la sentencia escrita del 20 de julio de 2022, emitida por Carlos Cárdenas, juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca, no se ha cumplido adecuadamente. El juez dispuso que se realicen algunas medidas, por ejemplo, la consulta previa a las comunidades indígenas existentes en las parroquias Victoria del Portete, San Gerardo y Chumblín, antes de que el proyecto minero prosiga con la explotación.
Citó el numeral 11 del artículo 261 de la Constitución para señalar que es el Estado central el que tiene la competencia exclusiva sobre los recursos energéticos. “La Prefectura de Azuay y el Municipio de Cuenca nada tendrían que asumir frente a una demanda internacional porque no hemos licenciado esta autorización, que emitió el Ministerio del Ambiente. Lo que sí estamos dispuestos es alimentar con todos los insumos que se requieran”, afirma Lloret.
Zamora y Lloret basan sus declaraciones en varios informes, uno de ellos es de la Empresa Pública de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa).
El 10 de septiembre, Lloret remitió un oficio a Ambiente. Solicitó que se declare la nulidad, se revoque la licencia ambiental y se respete las consultas populares aplicadas en los cantones Girón (2019) y Cuenca (2021) en las que se prohibió la minería.
Falencias de la empresa para contrarrestar la contaminación del agua
Rigoberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de Etapa, señala que hay varios informes realizados desde 2012 por consultores nacionales y extranjeros sobre el impacto de explotar Loma Larga, solicitados por el Municipio y por colectivos. El informe de Etapa de 2024 compiló todos estos estudios y continúa actualizándose. Guerrero apunta algunos de los principales hallazgos de los estudios:
El Área Nacional de Recreación Kimsakocha está dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero a su alrededor existen tres concesiones mineras (Cerro Casco, Río Falso y Cristal), que conforman Loma Larga, con una distancia de apenas 1.200 metros.
Del Kimsakocha nacen los ríos Tarqui, Yanuncay, y surgen las cuencas del río Irquis y Portete, por lo que solo delimitar un área no evita que el agua fluya con los contaminantes que puede absorber por la explotación minera. En la cuenca del Irquis existen proyectos de agua potable, de riego y proyectos agropecuarios que utilizan esta agua para el consumo humano y para la producción, subraya.
La consulta previa se delimitó a tres comunidades, pero en la zona de impacto en la cuenca del río Tarqui existen más de 810 autorizaciones para uso del agua.
El Ministerio del Ambiente no toma en cuenta la zona de amortiguamiento del Área Nacional de Recreación Kimsakocha. La zona de amortiguamiento mínima que un área de conservación debe tener es de 2 km desde su límite hacia cualquier extremo. “El problema es que Ambiente no ha hecho un plan de manejo para el Área, no ha definido su zona de amortiguamiento. De estar definida, el proyecto minero estaría dentro de la zona de amortiguamiento de Kimsakocha y no podría proceder”.
El orden de prelación legal establece que se debe garantizar el uso de agua primero para el consumo humano, luego para el riego y la ganadería, luego para el caudal ecológico y si sobra agua se destina a usos industriales como el de la minera. Explica que la empresa solicitó autorización del uso de agua en la naciente del río Irquis, en la parte alta de Kimsakocha. Pero con el antecedente de la última sequía de 2024, Guerrero proyecta que, si eso se repite este año, “no habría agua suficiente para que la minera pueda aprovechar arriba y dejar el restante para las comunidades abajo”.
Al pulverizar los metales pesados, el polvo puede ser arrastrado por el aire. “Metales como arsénico, níquel, cadmio y otros van a estar almacenados en una relavera, una especie de piscina gigante, al final de los 12 años de explotación minera va a almacenar cerca de 5,5 millones de toneladas de roca tóxica”.
Un estudio de la Universidad de Cuenca demostró que existe interacción entre el agua superficial, el agua de lluvia y el agua subterránea debido a las grietas de suelo en Kimsakocha, por lo que hay riesgo de contaminación con la explotación subterránea. En la planicie hay cuerpos de agua. “El momento en el que se empieza a excavar y hacer túneles, el agua que estaba en el humedal va a empezar a descender y el humedal se va a secar, hay un grave atentado a los recursos hídricos y la sostenibilidad hídrica que va a tener el cantón Cuenca”.
Impactos socioculturales por el proyecto minero
Nataly Torres, investigadora, fue docente de la Universidad de Cuenca en 2019 cuando por pedido de Etapa participó en un estudio de los impactos socioambientales de la minería en Kimsakocha y Río Blanco.
En ese año se identificó que son alrededor de 50.000 consumidores del agua que dependen del agua del páramo y cerca de 600.000 personas de Cuenca.
Debido a las concesiones, el páramo pasó de ser visto como un ecosistema de conservación a una zona con un uso industrial.
Se identificaron procesos erosivos, la eliminación de la cobertura vegetal, los cambios en el uso del suelo, construcción de vías de acceso a la zona minera, infraestructura minera.
“Esta mina no solamente es de oro, sino de arsénico que al quedar liberada al ambiente es el potencial de riesgo de contaminación de las fuentes hídricas”, enfatiza Torres.
Tanto las autoridades como los expertos coinciden que la información técnica existente sirve para revocar la licencia ambiental. (KSQ)
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El Ministerio de Ambiente no respondió las consultas de LA HORA sobre Loma Larga hasta el cierre de esta edición. El equipo de Comunicación justificó que la respuesta tardará, pues las autoridades deben atender sus agendas de trabajo por la fusión con el Ministerio de Energía.