Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 60, el presidente Daniel Noboa ordena la reducción de 20 a 14 los ministerios del Ejecutivo y de 9 a solo 3 las secretarías con rango ministerial, lo que implica una disminución del 41 % en la estructura institucional del Estado.
Con ello, y si se cumple con éxito el proceso de fusiones y adscripciones, Ecuador abandonará el grupo de países con mayor número de ministerios en América Latina —donde llegó a superar incluso a Brasil, la economía más grande de la región— y se ubicará en los últimos lugares del ranking regional.
Según un comparativo de estructuras estatales en América Latina, actualmente solo Argentina tiene menos instituciones públicas que las que tendrá Ecuador con el plan de optimización del Gobierno de Noboa.
Mientras países como Brasil, Chile y México mantienen entre 23 y 35 entidades de alto nivel, Ecuador quedará con apenas 17 (14 ministerios y 3 secretarías), igualando en número a Uruguay pero por debajo de Guatemala (31), Colombia (20) y Perú (19).
Esta reforma institucional forma parte del plan del Gobierno para racionalizar el gasto público y mejorar la eficiencia administrativa.
Según el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024-2025, el gasto promedio anual por funcionario público ronda los $17.500. Tomando como base las cifras oficiales del Ministerio de Economía, Trabajo y Contraloría, el Estado podría ahorrarse más de $140 millones anuales por concepto de fusiones y desvinculaciones.
No obstante, el experto advirtió que “lo fundamental será garantizar que estas salidas no afecten los servicios que presta el Estado. Idealmente, se trata de eliminar funciones duplicadas o innecesarias, no de debilitar áreas clave”.
El analista económico Fernando Peralta destacó que esta medida es una respuesta directa a la crítica situación fiscal que enfrenta el país. “Tenemos un déficit importante y el gobierno ha prometido un ajuste adicional de alrededor de $1.300 a $1.400 millones en 2025. Las desvinculaciones representan aproximadamente $90 millones en ahorro, lo cual, aunque no resuelve el problema estructural, envía una señal positiva al mercado sobre el compromiso con la sostenibilidad fiscal”, explicó.
Peralta también advirtió que la clave está en asegurar que estas reducciones no afecten la calidad de los servicios públicos. “Idealmente, se trata de eliminar funciones duplicadas o innecesarias, no de debilitar áreas clave”, dijo.
Con esta decisión, el Gobierno de Noboa busca no solo enviar una señal de austeridad, sino también marcar distancia frente a las estructuras burocráticas del pasado, promoviendo un Estado más ágil, focalizado y eficiente. Sin embargo, todavía se debe esperar cómo se ejecutan las órdenes presidenciales y cómo se presenta el gasto total en sueldos públicos en el presupuesto estatal ajustado para el resto de 2025 que el Gobierno debe presentar en la Asamblea hasta el próximo 23 de agosto de 2025. (JS)