Rafael Correa aseguró que su condición de refugiado en Bélgica impide que las autoridades ecuatorianas puedan actuar en su contra y cuestionó los anuncios de funcionarios del Gobierno sobre una eventual captura o traslado a Ecuador. “¿Qué pesa más, la justicia de Bélgica o la justicia ecuatoriana?”, señaló el exmandatario, quien sostuvo que “no van a poder hacer nada” contra él mientras mantenga esa protección internacional.
La declaración se produce en medio de nuevos cruces entre Correa y el Gobierno. En las últimas semanas, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que existe una “cama reservada” para el exmandatario en la Cárcel del Encuentro, mientras que el presidente Daniel Noboa también ha publicado mensajes dirigidos a Correa sobre su situación judicial. El exmandatario ha respondido a esos pronunciamientos y mantiene que las causas en su contra responden a una persecución política, argumento que ha sostenido desde hace varios años.
Correa reside en Bélgica desde 2017 y obtuvo allí el estatus de refugiado en abril de 2022. La decisión fue adoptada por el Comisariado General de Refugiados y Apátridas de ese país. Posteriormente, su defensa informó que el Ministerio de Justicia belga no daría curso a la solicitud ecuatoriana para extraditarlo.
En Ecuador, sin embargo, permanece vigente la sentencia de ocho años de prisión por cohecho dictada contra Correa dentro del caso Sobornos 2012-2016. La condena quedó firme en septiembre de 2020, después de que la Corte Nacional de Justicia resolviera los recursos de casación. Según la Fiscalía, el proceso determinó la existencia de una estructura que recibió aportes irregulares de empresarios a cambio de contratos con el Estado.
La Corte Nacional de Justicia ha buscado su extradición para que cumpla la condena, pero hasta ahora esos intentos no han conseguido que Bélgica lo entregue.


