El abogado y constitucionalista Luis García opina que, sea cual sea el resultado electoral de los comicios del 9 de febrero, se debería priorizar el debate de la justicia en favor de las demandas ciudadanas y de una reforma alejada de la política partidista.
Este 2025 será clave para emprender en una reforma judicial postergada desde 2019. Aunque la despartidización de la Justicia debe ser el objetivo para garantizar un funcionamiento justo y libre de influencias, alcanzar su independencia no es fácil. La corrupción y los intereses particulares la obstaculizan.
¿Cuál es la salida? ¿Una reforma constitucional? Esta es la alternativa que plantean varios sectores para que lo judicial sea abordado como un tema independiente, que responda a demandas sociales y ciudadanas, lejos de la política partidista.
La politización de la Justicia afecta temas como los siguientes:
1 El aplazamiento en la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura, que está prorrogado en funciones desde el 29 de enero de 2025.
2 El concurso para conformar banco de elegibles para cubrir 500 vacantes de jueces en el país.
3 El concurso para designar 91 magistrados para integrar judicaturas especializadas según mandato de consulta popular de abril de 2024.
4 La designación de alrededor de 500 fiscales.
5 La evaluación de notarios, que está postergada desde hace más de dos años.
6 La aplicación del expediente electrónico y demora en citaciones para avanzar en juicios y otros procesos legales.
7 El nombramiento de diez jueces de la Corte Nacional de Justicia
Jorge Baeza, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), cree que la política partidista transforma las demandas ciudadanas (tener más jueces o fiscales para que resuelvan o investiguen denuncias) en fórmulas para ganar votos. La estrategia es decirle al elector que impulsará reformas judiciales para que haya más seguridad, para nombrar jueces probos, o sancionar a otros con cadena perpetua de comprobárseles actos reñidos con la ley, etc.
“Lo malo es que estos cambios deben ocurrir a nivel de decisiones que se deben adoptar en el Consejo de la Judicatura, pero esta es una entidad nombrada por un ente (político); el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El control (en la Justicia) pasa por una entidad que lamentablemente está politizada”, argumenta Jorge Baeza.
Una reforma que solo limite la facultad nominadora del Cpccs no generará modificaciones sustanciales en la justicia
El abogado constitucionalista Luis García, opina que sea cual sea el resultado electoral de los comicios del 9 de febrero de 2025, la constituyente es un fantasma que viene rodeando al país y que probablemente se consolidará durante 2025, y priorizará el debate de la Justicia que responde a un problema estructural.
Sostiene que una reforma que solo limite la facultad nominadora del Cpccs no cambiará, ni generará modificaciones sustanciales en la Justicia.
Para García, hay temas fundamentales que deben llevar a pensar en que puede haber una Justicia independiente y eficiente, lejos de la influencia partidista. Entre ellas, menciona:
1 La importancia en que haya claridad en la separación de poderes.
2 Designación de jueces en base a un concurso de méritos y oposición.
3 El país requiere que los mejores ecuatorianos ocupen cargos cruciales.
4 El Estado también debe garantizar la seguridad de los jueces.
5 Autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
6 Estas variables deben aterrizar en la ética y la integridad judicial, que permita acceso a una Justicia transparente, y deben pasar por un proceso de reforma constitucional.
Sugirió que, ante el posible hecho de una constituyente, será fundamental para la sociedad ecuatoriana ponerse de acuerdo en cuáles serán los temas que deberán centrar la atención. (SC)
¿Cómo sería el procedimiento para una reforma constitucional?
El procedimiento para la reforma constitucional puede realizarse por enmienda constitucional, reforma parcial o asamblea constituyente.
Cinara Zea, abogada penalista, explica que un planteamiento de reforma parcial, que busca modificar disposiciones constitucionales sin cambiar la estructura fundamental del Estado ni restringir derechos y garantías (como lo sería sobre prisión preventiva en delitos de terrorismo), podría implicar un cambio estructural.
Antes de que la reforma sea debatida, la Corte Constitucional debe emitir un dictamen previo de control constitucional para determinar si la modificación propuesta califica como una reforma parcial y no una enmienda o una nueva Constitución.
Uno de los mayores riesgos en cualquier reforma constitucional es que sea impulsada por intereses partidistas y no por un análisis técnico y jurídico sólido.
Para minimizar esta influencia, es clave fortalecer mecanismos institucionales independientes, la Corte debe actuar con independencia y garantizar que las reformas no vulneren derechos fundamentales ni favorezcan intereses políticos específicos. Su dictamen debe basarse en principios jurídicos y no en presiones gubernamentales o partidistas, subraya la abogada.
Fuente: https://www.lahora.com.ec/pais/cpccs-consejo-judicatura-corte-nacional-justicia/