El concurso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado cuenta con la participación de 74 profesionales del Derecho en todo el país. Entre los postulantes constan tres fiscales vinculados a la provincia de Loja: Bella Edith Castillo Hidalgo, Víctor Hugo Sarmiento Garzón y Darwin Mauricio Jiménez Alulima.
Una de las aspirantes es Bella Castillo, abogada con 24 años de trayectoria dentro de la Fiscalía General del Estado. Originaria del cantón Quilanga, ha ejercido funciones como agente fiscal en Macará, Cariamanga y Loja, además de desempeñarse en áreas especializadas como delitos tributarios, fe pública, patrimonio ciudadano, delincuencia organizada y administración pública.
Castillo señaló a medios locales que su experiencia profesional respalda su postulación. “Estos 24 años de servicio en casi todas las áreas de la Fiscalía relacionadas con la investigación penal considero que me habilitan para poder ejercer la función a la que estoy postulando”, manifestó.
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En su carrera también ha ocupado el cargo de fiscal provincial encargada en Loja y ha ejercido la docencia universitaria. Entre los procesos que marcaron su trayectoria mencionó el denominado caso Emilia, que tuvo repercusión nacional. “Fue un caso que se llevó con mucho éxito, en el que se le hizo justicia a una niña”, recordó.
Otro de los postulantes es Víctor Hugo Sarmiento Garzón, abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca, con maestría en Derecho Penal. Ha trabajado como defensor público en Cañar y Azuay y posteriormente como agente fiscal en cantones como Macará, Celica y Zapotillo. Actualmente se desempeña en la Fiscalía de Delitos Flagrantes de Loja.
El tercer aspirante vinculado a la provincia es Darwin Mauricio Jiménez Alulima, quien también ejerce como agente fiscal y desarrolla sus funciones en el cantón Zapotillo.
El proceso de selección se realiza mediante concurso público de méritos y oposición, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La evaluación contempla una calificación sobre 100 puntos, divididos entre la valoración de méritos y las pruebas escrita y oral.
Entre los requisitos para participar constan ser ecuatoriano en goce de derechos políticos, poseer título de tercer nivel en Derecho y acreditar al menos diez años de experiencia en el ejercicio profesional, la judicatura o la docencia universitaria en materia penal.