La consulta de los Yasunidos tiene tres escenarios posibles en la Corte Constitucional (CC). Primero que pase la pregunta: ¿Está de acuerdo con que el crudo del ITT se mantenga indefinidamente bajo suelo?
El segundo es que exista una modulación por parte de la CC o que la propuesta sea rechazada después de casi 10 años.
Actualmente, la suerte de la iniciativa depende de un dictamen del máximo órgano de interpretación constitucional del país. Esta acción inició en el 2013, cuando gobernaba el expresidente Rafael Correa.
El 27 de septiembre del 2022, la causa ingresó a la Corte después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) envió el expediente. Además, esa entidad entregó a Yasunidos el certificado de legitimidad democrática.
Desde esa fecha, la causa sigue sin una resolución definitiva. Esto porque el 21 de abril pasado, el proyecto de dictamen de la jueza constitucional Carmen Corral no obtuvo los votos necesarios en el Pleno para ser aprobado.
Esa falta de acuerdo obligo a la CC a resortear la causa para emitir un nuevo proyecto de dictamen. Esta vez, el presidente de la entidad, Alí Lozada, está a cargo de su elaboración para después ponerlo a consideración del Pleno.
Los escenarios posibles en este caso
1) La aprobación de la pregunta
Para el exjuez de la CC, Ramiro Ávila, quien también ha actuado en la causa como parte de Yasunidos, este debería ser el único escenario posible. Señala que cualquier otra opción iría en contra del sentido de la pregunta.
Hay que recordar que, en el 2013, antes de que inicie la explotación en los campos Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), Yasunidos planteó una consulta con la pregunta: ¿Está de acuerdo con que el crudo del ITT se mantenga indefinidamente bajo suelo?
El también exjuez de la CC, Agustín Grijalva, dice que, en caso de que la CC determine que la pregunta es constitucional y en la consulta gane el sí, las operaciones en el ITT deberían suspenderse.
Él considera que la explotación en dicho campo fue inconstitucional. La Constitución determina la imposibilidad de explotación en áreas protegidas como la del Yasuní. Además, es una zona en la que, al momento de la declaratoria de que dicha explotación era de interés nacional (Gobierno de Correa), había indicios de la existencia de pueblos en aislamiento.
2) Una modulación de la pregunta
Grijalva y Ávila coinciden en que la CC podría determinar que, por ejemplo, la aplicación de los efectos del sí en la pregunta se concreten para el futuro. Es decir, que se mantenga lo que actualmente se está explotando y se evite el ampliar la explotación petrolera en el área.
Hay que recordar que, en sentencias de consultas antimineras como la de Cuenca y la del Chocó Andino (Quito), la Corte ha señalado que los efectos serían a futuro.
La propuesta de Yasunidos tiene una particularidad. Se planteó en el 2013 cuando aún no empezaba la explotación. Desde entonces y hasta la fecha, ya ha iniciado la explotación en los tres campos.
Según información del mismo Petroecuador, en el Tiputini las actividades extractivas iniciaron el 1 de agosto de 2016. El segundo campo en ser explotado fue Tambococha, el 26 de febrero del 2018. El último fue Ishpingo, el 16 de abril del 2022.
Eso ha implicado que la estatal petrolera invierta en la infraestructura instalada en las tres áreas. Hay que recordar que la declaratoria de interés nacional abre el camino para que solamente sea Petroecuador la encargada de la explotación.
Para septiembre del 2022, según una respuesta enviada por Petroecuador a El Comercio, el ITT representaba el 13% de toda su producción.
3) Rechazo de la pregunta
En caso de que el dictamen establezca que la pregunta no cumple con los requisitos constitucionales, este no sería el fin de la iniciativa. Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, recuerda que esta causa ya fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH).
A partir del proceso en esa instancia, las violaciones detectadas en contra del colectivo podrían derivar en sanciones al Ecuador.
En este escenario, Bermeo dice que la consulta es importante porque es la primera iniciativa ciudadana con la que se buscó un pronunciamiento del país sobre dejar bajo tierra el petróleo.
Según el vocero, el juez Lozada tiene 10 días de plazo para emitir el nuevo proyecto. Ese lapso se contabiliza desde que ocurrió el nuevo sorteo.
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/1247950.html