Las actividades de exploración y explotación minera en las concesiones Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, que conforman el proyecto minero Tena en la provincia de Napo, han sido oficialmente suspendidas por disposición del Ministerio de Energía y Minas.
La decisión, adoptada mediante la Resolución Nro. MEM-CZN-2025-0027-RM, responde a serias irregularidades detectadas por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), incluyendo incumplimientos del plan de manejo ambiental y transgresión de la licencia ambiental vigente.
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La medida recae sobre la empresa Terraearth Resources S.A., titular de las concesiones, y estará vigente hasta que el MAATE determine que se han corregido los daños y se levante la suspensión de la licencia ambiental.
Esta acción, según las autoridades, busca garantizar que la actividad minera se desarrolle conforme a los principios constitucionales de sostenibilidad, respeto a los derechos de la naturaleza y protección del entorno.
Se fundamenta en los artículos 58, 70 y 79 de la Ley de Minería, que permiten la suspensión de concesiones cuando se verifica daño ambiental, incumplimiento de técnicas de mitigación o contaminación de fuentes hídricas.
“Las áreas que se encuentren en proceso de restauración o en cumplimiento de medidas correctivas podrán seguir ejecutando actividades únicamente si cuentan con planes de acción aprobados por la autoridad ambiental”, precisa la resolución.
Un precedente frente a una economía ilícita en auge
La suspensión llega en un momento clave para el país. Según explicó recientemente Julia Yansura, directora del Programa de Crimen Ambiental y Finanzas Ilícitas en FACT, en entrevista con LA HORA, la minería ilegal de oro se ha convertido en la actividad ilícita más rentable y menos perseguida de América Latina, incluso por encima del narcotráfico. En Ecuador, este fenómeno ha crecido aceleradamente en la última década y genera más de $1.000 millones anuales.
Yansura advierte que esta industria clandestina no solo causa deforestación y contaminación con mercurio, sino que también financia redes criminales, compra de armas y lavado de dinero. La delgada línea entre lo legal y lo ilegal —como en el caso de empresas fachada que operan bajo aparente formalidad— hace que la fiscalización se vuelva aún más compleja.
“El oro ilegal tiene bajo riesgo y alta rentabilidad. Los grupos criminales lo saben y están aprovechando la falta de controles y las brechas legales para operar casi sin consecuencias”, señaló.
Minería sí, pero con reglas claras
Desde el Ministerio de Energía y Minas se insiste en que el objetivo del Gobierno Nacional es consolidar una industria minera responsable, regulada y sostenible, que respete tanto la ley como a las comunidades de influencia.
La suspensión de estas concesiones en Napo puede leerse como una señal de alerta —y de voluntad política— frente al avance desordenado del sector minero, pero también como una oportunidad para que las autoridades refuercen los mecanismos de control y seguimiento, especialmente en zonas vulnerables a la minería ilegal y la corrupción. (JS)
Fuente: https://www.lahora.com.ec/economia/Suspenden-mineria-en-Napo-cuatro-concesiones-paralizadas-por-danos-ambientales-20250528-0013.html