Finalmente se concretó la marcha convocada por el presidente de la República, Daniel Noboa, y las dudas o sospechas sobre lo que quería hacer quedaron resueltas.
Noboa anticipó que sería una marcha pacífica hacia la Corte Constitucional (CC) para “hacer sentir el verdadero poder del pueblo” y que no iba a permitir que “derriben las leyes que protegen la paz, la transparencia y la lucha contra el terrorismo y el crimen”.
¿Cómo se desarrolló la marcha?
La jornada del 12 de agosto arrancó con la vocería de Carolina Jaramillo, portavoz del Gobierno, quien aseguró que “no es una convocatoria pagada con fondos públicos”.
Posteriormente, Noboa y varias autoridades de su gabinete (como la vicepresidenta de la República, María José Pinto; el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, entre otros funcionarios) encabezaron la marcha que partió desde el Puente del Guambra y avanzó hasta la CC. Los respaldaron centenares de ciudadanos vestidos con camisetas del color de la bandera ecuatoriana.
A lo largo de la marcha no se registraron desmanes ni actos de violencia, aunque hubo dos personas heridas por la caída de una valla (con el rostro de los nueve magistrados de la CC) colocada durante la jornada. En los exteriores de la CC, al mediodía, Noboa subió a una camioneta para pronunciarse. Vestía una camiseta negra, un chaleco antibalas, al igual que sus ministros, y portaba gafas oscuras. Le dieron un megáfono, que poco le sirvió. Su breve pronunciamiento fue opacado por los mismos gritos de la ciudadanía que lo respaldó. La gente que se encontraba alrededor del mandatario pedía en vano hacer silencio. El ruido de un helicóptero que sobrevolaba la zona tampoco ayudó.
Terminado el discurso, Noboa y las demás autoridades se retiraron del lugar, no hubo intentos de ingresar al edificio de la CC, que se encontraba cercada con vallas metálicas y resguardada por miembros de la Policía Nacional y militares. El resto de manifestantes permaneció en el sitio y se dispersó poco a poco hasta las 14:00. Pocos minutos antes hubo dos incidentes entre los últimos manifestantes, quienes señalaron que había “correístas” que se expresaban en contra del Gobierno. La situación fue controlada por miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía.
Todo esto sucedió mientras los magistrados se encontraban dentro de la CC. LA HORA conoció de forma extraoficial que los jueces estaban listos para recibir a Noboa en caso de que buscara ingresar al edificio, para una reunión interinstitucional, pero no para llegar a acuerdos sobre las futuras sentencias.
Noboa, al igual que las partes involucradas por las demandas de inconstitucionalidad a las leyes de Solidaridad Nacional, de Inteligencia y de Integridad Pública, tiene la oportunidad de expresar sus argumentos cuando se lleven a cabo las respectivas audiencias, como ocurre en otros casos.
De hecho, la CC en un comunicado emitido este 12 de agosto indicó que “los espacios apropiados para el debate sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas que están siendo convocadas y que iniciarán con fecha 18 de agosto de 2025”.
La Corte Constitucional, punto de protestas
Geovanni Atarihuana, director nacional del movimiento político Unidad Popular (UP), mencionó que la audiencia sobre la causa 52-25-IN, relacionada a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Unión Nacional de Educadores (UNE) en contra de la Ley de Integridad Pública, está convocada para el 18 de agosto, a las 10:00. Atarihuana también presentó una demanda contra la misma ley, espera que la CC las acumule en una sola causa.
El dirigente comentó que el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y las organizaciones que lo conforman resolvieron hacer un plantón ese día, desde las 09:30, en los exteriores de la CC.
“La expectativa es que la CC escuche los argumentos constitucionales que las distintas organizaciones hemos presentado. Más allá de que está por escrito, entiendo que habrá la posibilidad de exponer los derechos que se están vulnerando, de adolescentes, de servidores públicos, de cooperativistas, entre otros. Y, obviamente, será la ocasión de ver si el Presidente de la República tiene la valentía de sustentar en derecho ese revoltijo llamado Ley de Integridad Pública”, expresó Atarihuana.
Las organizaciones sociales demandaron la ley por el fondo y la forma. “En la forma no es un proyecto económico urgente, varios de los temas los incluyeron a última hora violentando el proceso legislativo”, ejemplificó. “Cuestionamos las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público, particularmente la eliminación de la estabilidad como un derecho, porque además los derechos son intangibles e irrenunciables”, añadió.
Noboa, en su cuenta de X, publicó imágenes para comparar su marcha con otra que realizaron quienes se oponen a sus leyes: “Las imágenes hablan por sí solas. Primero, la marcha por el país y la seguridad. Segundo, la marcha a favor de la delincuencia y la corrupción”.
“Esta marcha es de gente pagada y gente obligada, de gente de ministerios que fue chantajeada para participar (…). Adicionalmente, la militarización, una movilización ciudadana no tiene el contingente de un desfile militar y policial como el que vimos y el propio despliegue del Presidente de la República con carros blindados, finalmente son fondos públicos”, criticó Atarihuana.
El dirigente político anunció que observará cómo actúa la Contraloría General del Estado, institución a la que, previamente, solicitó que verifique si se usan o no recursos públicos en la marcha de Noboa.
Para Atarihuana, el uso de las calles que hizo Noboa no se equipara a lo que hacen los sectores sociales: “Lo de ayer fue una contramarcha, no fue una protesta. Protesta es lo que hacen las organizaciones del pueblo contra el poder. Y ahora el poder organizó una demostración con gente pagada, una contramarcha. No le funcionó a Rafael Correa hace 10 años, no le va a funcionar a Noboa porque finalmente el pueblo con su organización sabrá hacerse escuchar en las calles, en las plazas, en las Cortes, en donde sea. Lo de ayer fue una demostración de autoritarismo. Hasta las Naciones Unidas han llamado la atención a Ecuador por las amenazas a los jueces de la CC”.
UP participará en la Convención Nacional de la Coordinadora de Organizaciones Sociales que se efectuará el 16 de agosto en Quito, en la sede de la UNE. Allí se establecerá un calendario para distintas movilizaciones, anticipó el dirigente. “Será en las calles, en las cortes y por último en la consulta popular, donde nos veremos las caras si quiere el Presidente de la República”, advirtió Atarihuana.
Los llamados de los organismos internacionales
En su comunicado, la CC recalcó que, como máximo órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional, debe “actuar de forma independiente, técnica y en estricto apego a la Constitución”. Para ello, indicó, requiere contar con todas las garantías: “La integridad física de sus autoridades, servidoras y servidores, así como la inviolabilidad de sus instalaciones, que son condiciones indispensables para el ejercicio pleno de sus competencias”.
Además, la CC recalcó que aún no ha tomado ninguna decisión de fondo respecto a las leyes impugnadas. El 4 de agosto la Sala de Admisión solo resolvió suspender de forma provisional algunos artículos de las tres leyes.
Durante la jornada, algunos organismos internacionales cuestionaron a las autoridades del Gobierno. “Los ataques contra el Tribunal Constitucional (CC) de Ecuador son inaceptables. Las autoridades deben garantizar la independencia del Tribunal y la seguridad de los jueces y el personal», publicó en la red social X Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A esa postura se sumó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien observó que “los ataques a los jueces de la CC son inaceptables y atentan contra la independencia judicial”.
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó que “la independencia judicial es fundamental en el sistema de pesos y contrapesos”. Hizo un llamado: “Ecuador debe asegurar el desarrollo libre de la función de la CC y garantizar la seguridad e integridad de las personas operadoras de justicia”. (KSQ)