El anuncio del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel y redirigir esos recursos hacia un “escudo social” ha generado un fuerte debate en el sector del transporte a nivel nacional. La decisión fue oficializada el viernes 12 de septiembre mediante los decretos 125 y 126, y presentada en cadena nacional.
Según el régimen, los $1.100 millones que antes se destinaban al subsidio ahora se enfocarán en ampliar la cobertura de bonos sociales, la devolución del IVA a adultos mayores y la entrega de créditos productivos. Además, el Gobierno aseguró que el pasaje de transporte público no se incrementará, pues 23.300 choferes recibirán una compensación económica mensual de entre $400 y $1.000, para lo cual se han asignado $220 millones.
“El presidente Daniel Noboa tomó una decisión valiente y justa: redirigir los recursos del subsidio al diésel, que durante años se perdían en contrabando y mafias, para destinarlos directamente al bienestar de los ecuatorianos”, señaló el Ejecutivo en su comunicado oficial.
Postura de la Fenacotip
La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) expresó su rechazo y calificó la medida como un duro golpe para el sector. A través de un comunicado, la organización aseguró que el incremento del precio del combustible afecta gravemente la operación de las cooperativas de transporte intra e interprovincial.
Ante ello, la Fenacotip convocó a una Asamblea General este lunes 15 de septiembre en Santo Domingo, con la participación de dirigentes de todas las provincias del país, con el objetivo de analizar las propuestas del Gobierno y definir las medidas que adoptarán en conjunto.
En Loja, Franco Gómez, presidente de Unión Lojana de Transporte Interprovincial e Intercantonal de Pasajeros, explicó que, aunque el servicio se mantiene con normalidad en la ciudad, la preocupación es creciente. A su criterio, el alza del diésel no solo afecta al transporte, también repercutirá en la ciudadanía, porque inevitablemente incrementará el costo de los productos.
Franco, junto a una comitiva de Loja, se suman a la Asamblea General para discutir dichas medidas y posteriormente tomar decisiones.
Suspensión de decretos
Mediante el comunicado, la federación, además, pidió al presidente Daniel Noboa suspender la aplicación inmediata de los decretos 125 y 126, argumentando que el sector no está en condiciones económicas de asumir este incremento. Asimismo, solicitó a sus filiales abstenerse de registrarse en el sistema habilitado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hasta que exista una resolución oficial de la Asamblea.
Aunque los dirigentes insisten en el diálogo, no descartan medidas de presión a escala nacional si no se llega a un acuerdo con el Ejecutivo. Este lunes podría definirse si se mantienen en conversaciones con el Gobierno o si se adoptan otras medidas.