El fallo de la Corte Constitucional (CC) que el 26 de septiembre declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Solidaridad y de Integridad Pública, impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea, genera respaldo de gremios de abogados, académicos y constitucionalistas.
Al motivar su decisión, los jueces constitucionales consideraron que las iniciativas no solo “mezclaron” en sus textos, materias penales y de seguridad, sino que se usó “indebidamente” el procedimiento de urgencia económica, vulneraron el principio de publicidad y deliberación democrática.
Los jueces se refieren a que dentro del Parlamento, las iniciativas gubernamentales no tuvieron la socialización requerida.
Los profesionales aducen que, a pesar de la intimidación del Gobierno, la Corte ha cumplido y ha tomado decisiones con celeridad y apegadas a la Constitución. Por estas consideraciones, sostienen que el organismo se ha constituido en el último bastión del sistema democrático en Ecuador.
La abogada Melania Carrión, catalogó a la institucionalidad de la Corte como el “dique de contención del autoritarismo que está claramente delineado por parte del Gobierno”. Opinó que la CC no ha actuado bajo motivaciones políticas, sino que lo ha hecho según sus fallos amparados en la ley y en la Constitución.
Pablo Encalada, docente y abogado penalista, defendió las decisiones de la Corte, calificándolas de “previsibles y evidentes”. Explicó que la Constitución ordena que las leyes que son tramitadas y aprobadas en la Asamblea deben tener unidad de materia (que aborde un solo tema en específico).
Recordó que, por ejemplo, en la Ley de Integridad Pública se incorporaron reformas a unos 20 cuerpos normativos, entre ellos modificaciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de la Función Judicial (COFJ), Código de la Niñez y Adolescencia, Ley de Transporte Terrestre, Ley de Empresas Públicas, y otras.
“No hay que ser genios para saber que hubo un trabajo negligente por parte de los asambleístas de Gobierno en el tratamiento de estas leyes”, dijo.
Subrayó que, de acuerdo con la estructura orgánica del país, la Corte es el máximo organismo de interpretación constitucional y a los jueces solo les corresponde hacer su trabajo.
Bajo estos argumentos y la coyuntura actual, Encalada coincidió en que la Corte se ha constituido en el último contrapeso que tiene el Ejecutivo, ya que considera entidades afines a ADN: la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y el Consejo de la Judicatura con su presidente (Mario Godoy) “que es una persona cercana (al presidente Daniel Noboa)”, dijo.
El constitucionalista André Benavidez también es del criterio que la CC ha servido como un “contrapeso de algunas actuaciones irregulares del Ejecutivo, el Legislativo, y eso ha ocasionado que se declare la inconstitucionalidad de algunas leyes”.
Benavidez resumió que la pugna entre la Corte Constitucional, versus Ejecutivo y Legislativo ha llevado a impulsar un proyecto para la instalación de una Asamblea Constituyente o plantear una pregunta para que los jueces sean sujetos de juicio político, pero que finalmente no fue aprobada por la misma Corte Constitucional.
Benavidez también puso de relieve que la marcha que promovió Noboa el 12 de agosto de 2025, como protesta a los fallos de la CC ante leyes promovidas por el mandatario, inclinó la balanza de la opinión pública a favor de la institucionalidad de la Corte.
Desde el Colegio de Abogados de Pichincha también se observa que las decisiones de la CC se adoptaron desde el punto de vista del derecho. Ciro Guzmán, director del gremio de profesionales celebró las resoluciones de la entidad que, según señaló, “es quizá el último bastión que no ha sido tomado por el Gobierno; de allí viene toda la animadversión, combate y actitud antidemocrática en contra de la Corte”, afirmó. (SC)
Leyes se incorporarán a nuevos proyectos
A la par con la decisión de la CC, el oficialismo en la Asamblea resolvió retomar las leyes declaradas inconstitucionales para incorporarlas en nuevos proyectos.
En la Comisión de Seguridad se preparan cambios para regular el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía, la ley de ciberseguridad o conocida como de protección digital, ley del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria, ley de movilidad humana para la deportación expedita de quienes representen una amenaza a la seguridad. En la Comisión de Trabajo avanzan en las reformas a la seguridad social de Policía y Fuerzas Armadas.
Profesionales del derecho y académicos dicen que, a pesar de la intimidación del Gobierno, la Corte ha tomado decisiones con celeridad y apegadas a la Constitución.