La Coordinación de la Zona 7 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) inició las notificaciones a los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales para aplicar los lineamientos estratégicos ante el fenómeno de El Niño 2026-2027. Esta medida se ejecuta tras la emisión de las resoluciones del COE Nacional y de la SNGR a finales de mayo de 2026, estableciendo un plazo estricto de 30 días para que las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) locales entreguen la información y mapeos requeridos.
César Uyaguari, coordinador zonal de la institución, explicó a LA HORA que estas acciones se basan en un informe técnico que delimita las áreas vulnerables del país. El análisis determinó que el riesgo se concentra en 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias situadas hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar. Varios directores de las UGR cantonales ya han iniciado el contacto para cumplir con las disposiciones.
El funcionario aclaró un malentendido común en la ciudadanía y las autoridades locales: «A la Secretaría se la vincula mucho con la respuesta, la entrega de kits y asistencia humanitaria; pero el rol principal es la prevención, identificación del riesgo y fortalecimiento de capacidades». Uyaguari recordó que los municipios tienen la competencia directa en este ámbito, y la SNGR interviene solo cuando la situación sobrepasa la capacidad local. Bajo la lógica financiera e institucional de la secretaría, por cada dólar invertido en prevención, el Estado ahorra 15 dólares en tareas de respuesta y mitigación de desastres.
Presupuesto, ordenanzas y trabajos en territorio
Para asegurar que los cabildos cumplan con el plazo de un mes, la SNGR destinó personal técnico exclusivo que se trasladará in situ (al territorio) para brindar soporte continuo. Asimismo, Uyaguari enfatizó que, bajo lo que exige el COOTAD, se ha solicitado formalmente a los municipios destinar recursos económicos específicos en sus partidas presupuestarias del Plan Operativo Anual, respetando la relación 70/30 para fortalecer la prevención.
Como parte de los requerimientos para enfrentar tanto épocas de sequía como de fuertes lluvias, la SNGR pidió a los alcaldes la actualización de ordenanzas municipales que sancionen a las personas que provoquen eventos adversos (como incendios). También se exhortó a los alcaldes y prefectos a ejecutar de forma urgente sus competencias exclusivas y concurrentes, tales como la limpieza y mantenimiento preventivo de alcantarillas, drenajes, cunetas y obras de protección física.
El coordinador lamentó que la «cultura local y nacional» suela postergar estos trabajos, por lo que urgió a optimizar los recursos y capacitar a las cuadrillas municipales existentes, como en las juntas parroquiales.
Articulación institucional y canales oficiales
Ante el cambio constante de personal en las jefaturas de los gobiernos locales, lo cual suele interrumpir la comunicación efectiva y la respuesta inmediata, la SNGR activó una hoja de ruta paralela con el Ejecutivo de la provincia de Loja. Gracias al apoyo de la Gobernación, los jefes y tenientes políticos —quienes funcionan como «los ojos del Gobierno Nacional en el territorio»— remitirán una matriz detallada con el histórico de desastres de cada localidad. Con esta base de datos, la Unidad de Análisis de Riesgo realizará intervenciones y planes estratégicos focalizados en los barrios más vulnerables.
Finalmente, Uyaguari hizo un llamado a la calma a la colectividad, recordando que la alerta amarilla dictada por el gobierno del presidente Daniel Noboa es una medida “netamente preventiva” para planificar con logística y personal. Instó a la ciudadanía a unirse a los comités comunitarios, trabajar de la mano con los líderes barriales y consumir únicamente información técnica de las páginas oficiales del INAMHI y la Secretaría de Riesgos para evitar que el manejo de la emergencia se politice o genere conmoción innecesaria.