Amotinamientos alteraron las agendas del Estado y de los presidenciables

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La reciente crisis carcelaria en el país alteró la agenda política de Ecuador en dos frentes. La primera, a escala de Estado; la segunda, en el ámbito electoral, de cara a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el 11 de abril próximo.

Organizaciones internacionales, de derechos humanos, la Iglesia y los candidatos Guillermo Lasso (Creo-PSC) y Andrés Arauz (Unes) han reaccionado ante el episodio que hasta ayer, 24 de febrero del 2021, dejó 79 muertos.

La Presidencia ha sido el principal blanco de los pedidos de investigación del hecho, registrado que dejó 79 muertos en las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga.

Uno vino desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización regional dijo que urge a Ecuador investigar de oficio y con debida diligencia los hechos; y adoptar medidas para evitar la repetición.

La Organización de Naciones Unidas exigió una investigación “pronta e imparcial”, sanción para los responsables y una gestión de la crisis conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

Ante ese escenario, el defensor del Pueblo ecuatoriano, Freddy Carrión, hizo una advertencia: “Cuando suceden este tipo de situaciones la responsabilidad del Estado es ineludible y bien puede ser sujeto de sanciones”.

Para el Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH, Billy Navarrete, el Gobierno de Ecuador ha quedado estupefacto “sumido en la zozobra”. Criticó que no haya una reacción contundente del Ejecutivo para dar certezas y tranquilidad a la población tras los hechos.

El presidente Lenín Moreno dijo, a través de un video, que lo sucedido no era casual sino que fue “orquestado desde el exterior de las cárceles” por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas.

Explicó que entre las acciones ha activado el puesto de mando unificado, declaró zonas de máxima alerta a los centros penitenciarios y pedirá “apoyo internacional” en el Gabinete de Prosur para combatir el crimen organizado con presencia internacional. “Fuerzas oscuras amenazan nuestra convivencia”, acotó.

Elsie Monge, de la Cedhu, afirmó que los grupos defensores de Derechos Humanos han levantado sus reclamos. Ayer 33 colectivos pidieron respuestas al Estado.

Entre otros pedidos, solicitaron a la Fiscalía celeridad en las investigaciones y a la Corte Constitucional (CC) que resuelva de forma urgente las causas pendientes que tengan que ver con el cumplimiento de las obligaciones estatales.

La CC denunció ayer la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales en las cárceles.

Desde el Legislativo, el presidente de la Comisión de Seguridad, Fernando Flores, dijo que para la próxima semana se pedirá la comparecencia de las autoridades del sistema de rehabilitación y del ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, para que rindan cuentas.

Rebeca Morla, experta política, afirmó que estos cuestionamientos se originan ante “la ausencia absoluta” del Estado en sus respuestas. “No vemos ni siquiera una evaluación real de la situación”.

Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, explicó que hace falta concretar cambios en las políticas públicas y más atención de las autoridades al sistema carcelario. “En ese sentido, presentaré una propuesta ante el Pleno del CPCCS”.

En el ámbito electoral también hubo reacciones. Los candidatos Guillermo Lasso y Andrés Arauz han lanzado varias propuestas para superar la crisis carcelaria. (Ver notas de abajo)

No obstante, la activista de derechos humanos, Grace Jiménez, fue crítica. Ella consideró que los postulantes están “sobreviviendo acorde con la coyuntura” porque en sus planes de gobierno, presentados ante el CNE, no abordan a profundidad la problemática.

Explicó que solo se hace énfasis en superar el hacinamiento y mejorar el sistema de derechos humanos. “Pero ninguno de los dos tiene plan concreto, están saliendo al paso”.

‘Lograr institucionalidad con un nuevo Ministerio’

Andrés Arauz, candidato Presidencial de UNES

Redacción Política (I)

Andrés Arauz, candidato presidencial de la alianza Unión por la Esperanza (Unes), propone abordar el sistema de rehabilitación social, dentro de un plan integral de seguridad ciudadana. Para “retomar el control de las cárceles”, plantea lograr una institucionalidad, con la creación de un Ministerio dedicado a esa tarea.

En noviembre del 2018 el actual Gobierno eliminó la Cartera de Justicia y Derechos Humanos, que tenía competencia sobre cárceles.

Arauz habla de garantizar los recursos para superar el “déficit del 70% de guías penitenciarios”, con una escuela de formación y dotación de equipamiento adecuado. También propone ampliar la capacidad y la infraestructura del sistema para “reducir el nivel de hacinamiento y generar un alivio para la realidad de los cantones”.

Arauz considera algunas acciones para atender la seguridad ciudadana. El primero: prevención, a través de actividades culturales, educativas, comunitarias y sociales, con el apoyo de las municipalidades en relación al uso del espacio público.

El segundo eje que propone Arauz tiene que ver con el control y la disuasión, con un sistema policial de monitoreo fuerte. “Eso quiere decir dotar de recursos financieros, materiales y logísticos a la Policía Nacional”.

Además, ofrece construir 250 Unidades de Policía Comunitaria adicionales, en coordinación con las alcaldías. También instalar 3 500 cámaras adicionales para el sistema ECU 911, para poder monitorear la seguridad de los cantones. Asimismo, habla de edificar ocho nuevos centros del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.

Finalmente, el aspirante de Unes dice que se requieren reformas judiciales, para priorizar los elementos de seguridad ciudadana y así enfrentar esa problemática. Sin embargo, no dio más detalles sobre qué articulados se deberían cambiar.

‘Hay que establecer un enfoque de rehabilitación’

Guillermo Lasso, candidato presidencial Creo-PSC

Redacción Guayaquil (I)

El candidato presidencial de la alianza Creo-PSC, Guillermo Lasso, plantea reformar el sistema penitenciario de Ecuador. Con ello, dice, hay que establecer un enfoque de rehabilitación social, que vele por la seguridad de las personas privadas de libertad, la Policía Nacional y de los ciudadanos en general.

Para el presidenciable, la reforma puede resultar costosa, pero argumenta que se debe culminar con el hacinamiento en las cárceles.

“La cárcel de Turi en Cuenca era regional y la hicieron nacional, arriesgando el sistema penitenciario. Es inaceptable la inacción del Gobierno. Necesitamos un liderazgo firme, que libere a las cárceles del control del crimen organizado y las mafias”.

Según Lasso, tanto el Gobierno actual como el correísmo deben asumir responsabilidad en la crisis de derechos humanos que se vive en la cárceles del país.

Explica que el estallido del día 23 de febrero es el resultado de un modelo de cárceles gigantes, hacinadas, en donde los detenidos por todo tipo de crímenes se mezclan, a cargo de un cuerpo de seguridad ajeno a la Policía Nacional insuficiente en número y capacidades, mal pagado y propenso a ser corrompido.

“Es el resultado de asesinos liberados sin cumplir sus penas gracias a cuestionables interpretaciones de jueces cooptados por el hampa, pero sobre todo es el síntoma de una sociedad y un Estado en el cual el crimen organizado gana cada vez más espacio”, manifiesta Lasso.

Precisa, además, que combatir la violencia y el crimen será una prioridad en su Gobierno. Agregó que eso no solo exige cárceles seguras controladas, sino una mirada integral sobre prevención y rehabilitación en el caso de crímenes menores.

“Y al crimen organizado le prometo algo muy concreto: ¡los combatiré sin tregua, con la ley en la mano, con jueces probos e independientes!”.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/actualidad/amotinamientos-carceles-agendas-presidenciables-ecuador.html.

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