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189 alcaldes dicen Sí a la consulta del Ejecutivo

6:20 am 0

Las autoridades anunciaron que se convertirán en jefes de campaña a favor del referéndum. Pidieron celeridad a la respuesta de la Corte Constitucional.

Después de solicitar apoyo, el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió un manifiesto firmado por 189 alcaldes del país en favor de la consulta popular que impulsa el Gobierno.

Ayer, durante un almuerzo con los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), el Mandatario agradeció el apoyo para fortalecer la gobernabilidad.

Para ello, dijo, son necesarios la unidad y el diálogo que permitan al país “respirar democracia”. Destacó la finalidad de la pregunta 3 sobre la reelección indefinida: “No podemos permitir en ninguna parte que haya dictaduras disfrazadas de democracia”.

De manera enérgica dijo que su finalidad no es convertirse en un “nuevo don perpetuo”, por eso resaltó que esa pregunta busca promover la participación política de los jóvenes.

“Queridos jóvenes, aprendan a amar a la patria porque cuando amas algo no le robas”, manifestó

Mientras tanto, Daniel Avecilla, titular de la AME, resaltó que en los primeros 6 meses de Gobierno han existido avances por mejorar la realidad de las municipalidades, como la dotación de mayores recursos económicos y la ampliación de los plazos para el financiamiento de los proyectos. También propuso que se considere del Banco del Estado el subsidio del 80% o del 50% para el financiamiento de obras locales.

César Castro, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga) solicitó al Presidente el impulso de la Ley Especial Amazónica.

En la reunión Moreno anunció, sin especificar lugar ni fecha, que iniciará el programa ‘Agua para todos, saneamiento para todos’ y destacó que en este momento se entregan 15 mil viviendas a nivel nacional y que en el próximo mes se iniciará la construcción de 10 mil casas más.

Moreno agradece apoyo

En el espacio ‘El Gobierno Informa’, el Mandatario indicó que cada vez son más las voces de respaldo a la consulta. “Se trata de un apoyo absolutamente consciente de lo que está en juego”.

Aclaró que entre esta semana y la otra, la Corte Constitucional debatirá las 7 preguntas. Manifestó que es la oportunidad que tiene el organismo para demostrar “que tenemos instituciones probas e independientes”. (I)

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/1/189-alcaldes-dicen-si-a-la-consulta-del-ejecutivo
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Mera: Jorge G. fue responsable de salida y regreso de Odebrecht

6:18 am 0

El cuarto día de juicio por asociación ilícita continuó con la recepción de versiones de peritos y testigos; el Tribunal escuchará 93 en total; hasta la mañana del lunes se tomaron 30 declaraciones.

El cuarto día del juicio penal por el delito de asociación ilícita en contra del Vicepresidente y 8 implicados más continuó con las declaraciones de los testigos y peritos convocados por la Fiscalía.

El primero en intervenir como testigo en la jornada judicial de ayer fue el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, quien respondió a las preguntas del fiscal Carlos Baca.

Mera subrayó, ante el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que Jorge G., primero como presidente del Fondo de Solidaridad en 2007; y luego como Ministro de Sectores Estratégicos, fue el responsable de la expulsión de Odebrecht.

Sin embargo el exfuncionario aclaró que de la misma manera estuvo a cargo de negociar el regreso de la empresa brasileña. Explicó que fue testigo de la indignación de Jorge G. por la pretensión de la empresa de cobrar por las fallas registradas en la hidroeléctrica San Francisco por las cuales intentó obtener $ 10 millones extras.

Pero posteriormente negoció el retorno, bajo la condición de que se repararan las fallas, además del pago de una indemnización por los días que dejó de operar la central. Además confirmó que fue el responsable de vigilar el cumplimiento de todas las obras relacionadas con los sectores estratégicos.

Así mismo, declaró que el proyecto Pascuales-Cuenca, adjudicado a Odebrecht, no fue conocido por el expresidente Rafael Correa, quien se enteró de la ejecución en un recorrido de obras por Cañar. “Nos pareció un crédito excesivo, un proyecto innecesario que estaba inflado”, dijo al respecto.

Por eso Correa solicitó la renuncia del responsable del contrato y dos meses más tarde renunció el entonces ministro, Rafael Poveda.

Al finalizar su declaración en el tribunal, Mera indicó que la ley permite el comiso de bienes originados por corrupción. “Antes de irme de la Secretaría Jurídica pedí la incautación de $ 80 millones que se deben a Odebrecht. Tal vez hay que recuperar los bienes que tienen, las coimas que recibieron el tío del Vicepresidente y los demás”.

Luego declaró el exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Eduardo Barredo, quien se refirió a la firma del contrato de la Hidroeléctrica Manduriacu que fue adjudicada a Odebrecht en el 2011 por $ 124 millones.

Barredo explicó que los estudios para la obra fueron iniciados por la Prefectura de Pichincha y luego transferidos a Celec, cuyo directorio hizo la etapa precontractual y contractual del proyecto.

El testigo afirmó que viajó a Brasil junto con Jorge G., quien era ministro coordinador de Sectores Estratégicos, para conseguir el financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil, que aceptó entregar el dinero a cambio de que se contrate a empresas brasileñas para las obras.

Barredo dijo que por eso finalmente ganó la adjudicación Odebrecht, ya que presentó una cotización más baja frente a las otras dos empresas igualmente de Brasil, que cotizaron la obra por $ 174 millones, por lo que Jorge G. no sugirió que se entregara el contrato a ninguna empresa.

César Montúfar, quien es parte de la acusación particular, señaló que se comprobó que fue el Segundo Mandatario quien participó directamente en conseguir el financiamiento de un Banco de Brasil para que regrese Odebrecht a Ecuador.

En Guayaquil se suspendió la audiencia de formulación de cargos por supuesto lavado de activos, prevista para las 11:00 de ayer.

La diligencia no contó con la presencia de la defensa de Ricardo R. ni de la Fiscalía, ya que ambas partes se excusaron mediante un escrito. (I)

Poliducto

Presupuesto inflado
Alexis Mera confirmó que al expresidente Rafael Correa el poliducto Pascuales-Cuenca le pareció un proyecto innecesario, que estaba inflado, por lo que pidió la renuncia al responsable, el exministro Rafael Poveda.

→4 días consecutivos se han completado hasta el momento en la toma de testimonios .

La Función Judicial
Notificará nueva fecha para audiencia por el delito de lavado de activos en Guayaquil.

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El aborto, la discordia en la ley a favor de la mujer

6:15 am 0

Los colectivos femeninos destacan el acceso gratuito y libre a la salud pública, pero cuestionan lo relacionado a la interrupción de la gestación.

Después de que la Asamblea Nacional aprobara, en sesión extraordinaria (medianoche del último sábado), la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las reacciones de los colectivos femeninos se centraron en las modificaciones implementadas a última hora.

La observación se realiza al artículo 26, inciso k, el cual establece el acceso libre y gratuito de las mujeres a la red de salud pública; y garantiza la confidencialidad y la no discriminación en las situaciones de emergencia.

Hasta allí -comentó la activista Laura Carranco- la ley es un instrumento de protección. Pero a renglón seguido el texto oficial incluye: “Se brindará atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”.

Esta normativa se refiere a los abortos no punibles, es decir, cuando se practica para evitar un peligro en la vida de la madre o si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer con discapacidad mental.

Carranco enfatizó que el último párrafo de ese articulado fue agregado a destiempo. “¿Cómo es posible que una ley a favor de la mujer dicte que una niña embarazada de su violador solo puede abortar si tiene discapacidad mental?”.

En la actualidad, cerca de 380.000 mujeres han vivido una violación sexual. Las cifras oficiales son más altas entre niñas y adolescentes. En los últimos 10 años, el embarazo en las de 10 a 14 años se incrementó el 74,8%.

A la modificación que hace referencia Carranco se sumó la incorporación de dos partes que ya constan en la Constitución y en el COIP.

El primero sostiene que el Estado reconocerá y garantizará la vida desde la concepción y el segundo reafirma la prisión para las que se practiquen un aborto.

Ana Vera, integrante y vocera de la plataforma Vivas Nos Queremos, agregó que no es posible tratar de proteger a la mujer cuando se la está criminalizando en el mismo texto. “Considerar el aborto como un delito sostiene el principio de la maternidad forzada”.

En Ecuador, según el Consejo Nacional de la Niñez y la Investigación Vidas Robadas, 3.600 niñas menores de 15 años son madres producto de una violación.

Por ello, Rocío Rosero, vocera de la Colación Nacional de Mujeres, sostuvo que la ley deja de lado un análisis profundo de los embarazos por abusos que se producen en el país.

Para ella, con la inclusión de los ítems referentes al aborto, el Legislativo retrocede en los estándares internacionales de normativas de derechos humanos.

Por su parte, Paulina Palacios, jurista y catedrática del Instituto de Igualdad de Género de la Universidad Central, sostuvo que el concepto de la ley es erradicar la violencia de género y ahí se incluyeron varios aspectos inequívocos y que vulneran principios como la confidencialidad de la víctima.

Para que una mujer sea acusada por la Policía y la Fiscalía, se requiere que el médico se vea obligado o no a violar el secreto profesional y delatar a la persona que presenta síntomas de aborto.

Asambleístas y activistas esperan el veto de la norma

Ayer, antes de que la Asamblea Nacional iniciara sus actividades, Ximena Peña, coordinadora del movimiento Alianza PAIS (AP), habló sobre los artículos incluidos. “Buscaremos una reconsideración de la norma, caso contrario, esperaríamos que el Ejecutivo lo vete, considerando que nunca fue consultado con el bloque”.

Según Peña, en el segundo debate hubo confusión con la inclusión de los últimos textos. Indicó que esta se dio por las “altas horas de la madrugada” en las que se produjo el debate.

Su compañera de bancada, Soledad Buendía, indicó que el aborto, en todos los casos de violación, se debe retomar en el debate legislativo.

Con esto coincidió Amapola Naranjo, activista de los movimientos femeninos.

Carranco recordó: “Le tomamos la palabra al presidente Lenín Moreno cuando dijo: ‘Ninguna ley sin sus actores. No vamos a retroceder en la lucha para que se reconozcan todos nuestros derechos, incluido el de abortar’”.

Palacios insistió en que el Ejecutivo tiene un papel importante en este aspecto, pues se busca garantizar la protección y la autonomía de los cuerpos de las mujeres.

Al término de la aprobación de la ley, José Serrano, presidente de la Asamblea, ordenó a la Secretaría General que prepare inmediatamente el documento con el fin de enviarlo al Ejecutivo para su sanción u objeción.

Está previsto que la respuesta de la Presidencia se dé en un lapso de 30 días.

La norma de 66 artículos también plantea la participación de la población en comités como un mecanismo de transparencia. Entre sus labores estarán el diagnóstico para hacer reformas de leyes y proyectos que se ejecuten para tratar a las víctimas de violencia. (I)

Los detalles

Los planteles
En la malla curricular se incluirá el enfoque de género sobre los derechos de las mujeres, nuevos patrones socioculturales y masculinidades que deconstruyan las conductas que fomentan subordinación de las mujeres.

→6 meses de prisión y hasta 2 años es el castigo que recibe una persona que se practica un aborto.

La formación
Las instituciones desarrollarán programas de formación para docentes y personal de consejería sobre derechos sexuales y reproductivos, y de prevención del embarazo adolescente.

*Haga click en la imagen para ampliarla

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Enfoque de género estará presente en todo ámbito

La normativa establece que debe existir un enfoque de género desde el sistema de educación.

Los artículos 24 y 25 rezan que las instituciones de educación media y superior diseñarán campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la comunidad para prevenir y erradicar la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.

Además se establece como requisito para el ingreso al sistema educativo (de docentes y personal administrativo) carecer de antecedentes de violencia contra la mujer o abuso sexual; y se garantiza la reinserción escolar en cualquier parte del país a través de reubicación.

Se promoverá la prevención, con énfasis en el ámbito rural, para evitar la deserción escolar y convertirse en víctimas de agresiones.

La jurista Paulina Palacios considera que este enfoque permitirá que los padres y madres sepan que a las niñas no hay que darles juguetes diferenciados. “Esto permitirá que ellas dejen de pensar en que uno espera al ‘príncipe azul’”. (I)

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Autoridades se ‘tiran la pelota’ en el conflicto de Engabao

6:09 am 0

→Desde 1985 la empresa Vimare, de Álvaro Noboa, reclama dos propiedades.El conflicto se reactivó esta semana. Los comuneros piden el desalojo a Policía y Fiscal pero nadie los escucha.

El 23 de noviembre de 2016, la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, mediante sentencia reconoció los derechos ancestrales de la Comuna Engabao del cantón Playas, sobre 7.427 hectáreas.

En la resolución también se acepta la acción de protección interpuesta contra el Municipio de Playas y se ordena a la alcaldesa Miriam Lucas anular los permisos de construcción entregados a personas naturales y jurídicas dentro de los terrenos. Juan Manuel Bermúdez, síndico municipal, ratificó que los permisos de construcción ya fueron dados de baja.

Además, en la resolución los jueces exigen al registrador de la propiedad del mismo cantón, la anulación y abstención de inscribir cualquier título de gravamen o de propiedad dentro del territorio comunal ya señalado.

A base de esta decisión judicial, que dio de baja a las pretensiones de la empresa Campibo, del empresario Fabricio Correa, quien reclamaba la propiedad de 334 hectáreas frente al mar, los comuneros pensaron haber frenado las otras intenciones de la compañía Viviendas Masivas Ecuatorianas (Vimare), vinculada al excandidato presidencial Álvaro Noboa, quien reclama 174 hectáreas también frente al mar.

Litigio persiste

El litigio se reactivó el viernes 17 de noviembre, cuando un grupo de individuos ingresó en las tierras comunales, sitio que Vimare llama hacienda Merceditas 1.

Esta acción motivó la intervención del fiscal de Playas, Jéfferson Caicedo, quien ordenó la detención de 4 supuestos invasores y el retiro del ganado. Los apresados recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

Esta decisión causó sorpresa a Pedro Tomalá de la A y Sergio Lindao Tomalá, presidente y síndico de la comuna Engabao, respectivamente. “Los invasores debieron permanecer presos porque están desconociendo las decisiones administrativas y judiciales de las autoridades, las cuales nos dieron la razón”, manifestó el segundo.

Pero Sylka Sánchez Campos, representante legal de Vimare, insiste en que su representada, desde 1985, posee el título de propiedad inscrito en el Registrador de la Propiedad de Playas. “No existe ni creemos que podrá existir, en un Estado de derechos y justicia, ningún tipo de resolución, acuerdo o sentencia, sea civil o constitucional, mediante la cual se desconozca o despoje el derecho a la propiedad privada de Vimare”, dijo la exdiputada en un comunicado.

Sánchez recuerda que la propiedad de los predios de la hacienda Merceditas 1 y 223 hectáreas de Merceditas 2 fue reconocida por los ministros de Agricultura en 1982, 1995 y por el Subsecretario de Tierras en enero de 2015.

Resolución de Agricultura

Esta aseveración es refutada por el síndico de la comuna, quien posee una resolución del Ministerio de Agricultura de marzo de 2015, donde una nueva subsecretaria de Tierras desconoce lo actuado por su antecesor.

Además, Lindao añadió que la Constitución y la actual Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en su artículo 8 garantiza “la seguridad jurídica de la propiedad y posesión regular de la tierra rural y de los territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales”.

“Lo que Vimare llama Merceditas 1 y 2 no existe en Engabao. Una resolución del Ministerio de Agricultura ya dijo que esos territorios que ellos reclaman estaban en Chanduy”, manifestó el presidente de la Comuna.

Pese a toda la jurisprudencia existente, el lunes 20 de noviembre, una camioneta con hombres armados intentó ingresar en la comuna.

El jueves 23 de noviembre diario EL TELÉGRAFO ingresó a los predios en disputa y constató que dos hombres a caballo y tres guardias de seguridad permanecían en los predios de Merceditas 1.

No hubo enfrentamientos con los comuneros, quienes realizaron un breve recorrido por las tierras y luego acudieron a la Policía y a la Fiscalía para exigir el cumplimiento de la sentencia de la Sala Penal, pero nadie quiso actuar.

Autoridades se inhiben

El fiscal Washington Flores Saltos se declaró no competente porque, según él, los únicos que pueden ordenar un desalojo son el Intendente de Policía o un juez a petición de los perjudicados.

El coronel Kléber Enríquez, jefe de Policía de Playas, adujo que tampoco podía desalojar a los supuestos invasores porque le habían mostrado una escritura que los acreditaba como dueños y que solo actuaría si el fiscal se trasladaba al sitio y se lo ordenaba. “Nosotros somos competentes cuando tengamos la autorización”.

La representante de Vimare sostiene que la Corte Constitucional inadmitió un recurso que presentaron los comuneros en septiembre de este año, donde si bien se reconocen los derechos que tienen sobre las tierras en Engabao, también se da vía libre para que los conflictos sean resueltos por “las autoridades jurisdiccionales competentes, es decir los jueces de lo Civil”. (I)

Álvaro Noboa vincula a los comuneros con políticos

→El empresario y político, Álvaro Noboa, mediante un vídeo difundido en redes sociales vincula a los representantes de la comuna Engabao con personajes del gobierno anterior. El multimillonario reivindica las 174 hectáreas como suyas, las cuales compró en la década de 1980 a un grupo familiar que las había heredado de sus padres. Menciona que la víctima de las invasiones es la empresa Vimare, dueña de la finca Merceditas 1.

Denuncia que los trabajadores y guardias de la finca Merceditas fueron intimidados y señala incidentes ocurridos hace dos años, cuando la comunidad de Engabao quemó dos casas que ellos habían levantado. El magnate, famoso ahora por sus videos virales en la web, asegura tener ganado fino en la zona en litigio.

La Constitución de 2008 garantiza a las comunas la propiedad sobre sus territorios.

Pedro Tomalá, presidente de la comuna, rechazó lo aseverado por el empresario y desmintió la supuesta amistad o cercanía con políticos del anterior gobierno. El dirigente refuta también a Noboa, quien en un vídeo anterior sostiene que en la zona actúan bandas de narcotráfico. “Aquí vivimos gente decente y no delincuentes”. (I)

→Comuneros muestran el plano de las tierras en disputa, que según una denuncia de ellos, fue invadida esta semana por la empresa Vimare. Foto: José Morán / et

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La tributación sobre el décimo tercer sueldo se elimina en ley

6:07 am 0

→De la iniciativa original del presidente Moreno queda alrededor del 35% de elementos. Gran parte de los cambios incorporados durante el análisis guardan relación con temas impositivos.

En tres semanas de análisis en la Asamblea Nacional la primera ley económica del Gobierno de Lenín Moreno llega a su segundo debate (previsto para estos días) con más del 65% de modificaciones a su contenido original.

Para la Comisión de Régimen Económico esto significa que ahora la normativa se convirtió en una iniciativa de la legislatura.

A través de esta vía el Fisco proyectaba recaudar alrededor de $ 1.900 millones con un castigo fiscal de $ 300 millones, equivalentes a los incentivos y exoneraciones tributarias.

Las fuertes críticas y reparos de los que fue blanco la ley llevaron a Moreno y a la Comisión a eliminar temas sensibles, modificar y agregar otros que fueron apareciendo en el transcurso del debate (ver infografía).

A lo largo del análisis la mesa legislativa escuchó las comparencias de 35 actores públicos y privados.

La votación del texto para segundo debate fue agitado porque cinco asambleístas, de once presentes, reclamaron que se hayan retirado del documento las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero con las que el Banco Central del Ecuador (BCE) deja de administrar el dinero electrónico.

Esa reforma obedecía al acuerdo entre el Gobierno y el sistema financiero para trasladar el manejo del dinero electrónico a manos privadas. Pabel Muñoz (AP), presidente de la Comisión, no descarta que el Ejecutivo aplique un veto.

Además se eliminó la entrega de información del buró de crédito a la Superintendencia de Bancos.

También quedaron fuera las cuestionadas deducciones del impuesto a la renta por cargas familiares que pretendían ser aplicadas a las personas que percibieran ingresos superiores a $ 3.000 al mes.

El Estado ya no cobrará la tasa de 0,5% y 2% a aquellas personas que retiren dinero en efectivo por una cantidad mayor a $ 5.000.

Tampoco recaudará la tributación sobre el décimo tercer sueldo de quienes ganen más de $ 3.750. Legisladores de distintas bancadas consideraban que la propuesta representaba un retroceso a los derechos de los trabajadores.

Los contribuyentes podrán deducir en sus declaraciones de impuestos los gastos de hijos y padres dependientes, además de las pensiones alimenticias.

Para los pequeños negocios se amplió la exoneración del pago del impuesto a la renta (IR) de 2 años, propuesto inicialmente, a 3.

Diferentes representantes de los sectores productivos señalaron que 3 años es el tiempo promedio en el que una microempresa empieza a generar ganancias.

Asimismo se fija una franja exenta del impuesto a la renta de $ 11.290.

Con el fin de estimular los encadenamientos se permite una deducción adicional del 10% a las compras a los actores de economía popular y solidaria.

Para los exportadores habituales se establece un IR del 22%, además obtendrán la devolución del impuesto a la salida de divisas (ISD). El propósito es incrementar los recursos que ingresan al país.

Este sector, así como el manufacturero, se beneficiarán de los incentivos a la reinversión de utilidades de hasta 10 puntos del IR, siempre que incluyan en la producción de bienes al menos un 50% de componente nacional.

Las empresas que facturen más allá de $ 1 millón tendrán una tasa de impuesto a la renta del 25%. En la actualidad el margen es de 22%, los 3 puntos adicionales se destinarán a priorizar la formación y capacitación para el trabajo y el sistema de institutos técnicos y tecnológicos, explicó Muñoz.

Por pedido de la Asociación de Línea Blanca del Ecuador la Comisión de Régimen Económico resolvió reducir al 50% el impuesto a los consumos especiales (ICE) que rige sobre las cocinas y cocinetas de gas, de acuerdo al cumplimiento de metas de exportación.

Javier Mora, director ejecutivo del gremio, indicó que con esto buscan aumentar la producción y aprovechar los acuerdos comerciales que Ecuador firmó con países de Centroamérica (Honduras, Nicaragua, El Salvador).

En el mismo sentido, por solicitud de gremios licoreros, se reduce el ICE sobre licores condicionado a la compra de alcohol de producción nacional.

También se incorporó la recomendación de los Deudores de Buena Fe para reformar la Ley para Reestructuración de Deudas. Las deudas contraídas por personas que ya han fallecido, cuyos montos sean mayores a $ 150 mil, deban pagar solo el excedente. (I)

Datos

Devoluciones del SRI

→ En 60 días de aprobada la ley, el Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá emitir una resolución para regular la devolución automática de recursos para exportadores de bienes y proveedores directos. Así lo estipula el proyecto.

36 cambios tiene el documento final aprobado para ser discutido en el pleno de la Asamblea.

Extinción de microcréditos

→Se extinguen los microcréditos adquiridos a través del Convenio de participación para el programa de crédito asociativo entre el Consejo Provincial de Santa Elena y la CFN.

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El exceso de internos en las cárceles llega hasta el 356%

6:05 am 0

→En al menos 10 centros carcelarios del Ecuador se registra un hacinamiento de más del 100%. Según expertos, dos factores explican ese fenómeno: las condenas más fuertes desde la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el exceso de jueces en la aplicación de la prisión preventiva.

En 33 de los 55 Centros de Rehabilitación Social (CRS), centros de Detención Provisional (CDP) y Centros de Detención de Contraventores (CDC) que existen en Ecuador se reporta hacinamiento. La capacidad es para un total de 25.000 presos, pero actualmente hay 36.673.

Eso se desprende de un documento al que tuvieron acceso los Medios Públicos.

Allí se detalla en cifras la real capacidad para la que fue creado cada centro versus el número de personas privadas de la libertad (ppl) que hay allí actualmente (ver gráfico).

De esas cifras, de la Dirección de Estadísticas y Análisis Económico del Ministerio de Justicia, se evidencia por ejemplo que la sobrepoblación carcelaria va desde el 10%, como el caso del CRS Femenino de Portoviejo, -creado en 1952-, hasta el 356%, en el CRS Masculino de Archidona (Napo).

Mientras, el CRS Masculino de Jipijapa (Manabí) con cupo para albergar a 116 ppl, actualmente tiene a 367 personas, lo que equivale a un hacinamiento de 216%.

La capacidad del CRS Mixto de Quevedo (Los Ríos) es para 284, pero allí están recluidas 880 ppl, con un exceso del 210%. El CRS Masculino de Bahía de Caráquez (Manabí) es para 223 ppl, pero están 689, lo que implica un exceso del 209%.

Esa problemática también se vive en el CRS Masculino de Ibarra (Imbabura): es para 273 ppl y acoge a 673, lo que refleja un exceso del 147%.

En al menos 10 centros carcelarios del país se registra un hacinamiento de más del 100% (ver gráfico).

La situación es igual o peor en los centros grandes. Tal es el caso del CRS Masculino de Guayaquil. Allí, la capacidad es para 4.836 ppl, pero actualmente acoge a 8.729, lo que implica una acumulación del 81%.

Otro de los edificios carcelarios grandes del país es el CRS Masculino de El Inca, en Quito, con capacidad para 1.048 personas, pero hay 2.211, con un exceso del 111%.

¿A quiénes afecta el fenómeno?

El hacinamiento no solo afecta a las personas que con o sin sentencia abarrotan las cárceles, sino a sus familiares, quienes ven con impotencia e indignación el tema.

María Cevallos, de 82 años, pese a su avanzada edad permaneció toda la mañana en las afueras de la Unidad de Flagrancia de Quito, ubicada en la avenida Patria y 9 de Octubre. Uno de sus nietos cumple sentencia de 18 meses de prisión.

Contó que su familiar está recluido en Latacunga (Cotopaxi), en donde “hay muchos presos, y el espacio, pese a ser una cárcel nueva, está cada vez más abarrotado”.

En el caso de Latacunga, la nueva infraestructura carcelaria es para 4.233 internos, pero actualmente alberga a 4.763 personas con y sin sentencia, lo que significa un hacinamiento del 13%. Así lo informan las mismas cifras de la Dirección de Estadísticas y Análisis Económico del Ministerio de Justicia.

A diario, cientos de personas acuden a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, en Quito. En su mayoría son familiares de implicados en algún delito que tras la audiencia son conducidos a la cárcel de Latacunga. Se ven lágrimas y angustia tras conocer la decisión del juez de darles, por ejemplo, la prisión preventiva por 90 días, mientras duran las investigaciones.

¿Qué factores lo generan?

En Ecuador hay 55 centros de detención o cárceles. De este número, 29 son Centros de Rehabilitación Social (CRS) y 26 Centros de Detención Provisional (CDP).

Los 29 CRS cuentan con capacidad para albergar a casi 26.593 personas. Sin embargo, según las estadísticas del Ministerio de Justicia, hay 32.702. De esa cifra, el 70% tiene sentencia y el 30% restante no.

A esos 32.702 hay que añadir los detenidos de los 26 Centros de Contravenciones: hasta noviembre de 2017 se contabilizan 3.971.

Todos esto da un total de 36.673 personas privadas de la libertad a nivel nacional.

Pese al hacinamiento en la mayoría de cárceles del país, el Ministerio de Justicia dijo que, al menos por ahora, no piensa declarar en emergencia al sistema penitenciario.

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, en una entrevista publicada por EL TELÉGRAFO el 5 de noviembre pasado, admitió que hay sobrepoblación carcelaria.

“La seguridad y el hacinamiento siempre son los problemas frecuentes en los que hay que trabajar”, indicó.

Según coinciden en señalar juristas consultados, dos factores explicarían la causa de la actual sobrepoblación de internos: condenas más fuertes desde la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el exceso por parte de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva.

Alvarado también cree que hay un abuso en esta aplicación. “Lamentablemente los jueces aún se inclinan por la prisión preventiva como medida cautelar”.

¿Qué recomiendan los expertos?

Para el penalista Gonzalo Silva, el problema del hacinamiento que se vive en las cárceles del país es muy grave. Aduce que el mismo requiere de planificación para acabar con esta situación que se ha vuelto incómoda.

“Es grave porque el problema del hacinamiento no solo es de espacio físico sino económico, pues significa un gasto operativo mayúsculo (para el Estado), sin ningún tipo de provecho”, indicó.

Manifestó que el problema cuando una persona cae en prisión no solo es para él, sino que se traslada también a sus respectivos familiares.

En cuanto a la discrecionalidad de los fiscales y jueces con respecto a la aplicación de la prisión preventiva, indicó que debe ser sustituida por otras medidas cautelares.

Estimó que el uso de la prisión preventiva en contra de algún implicado en un delito menor debe ser de última instancia, considerando que no hay el riesgo de fuga del presunto responsable, no así de involucrados en delitos mayores como violación, muerte y tráfico de drogas.

Silva resaltó que actualmente se dan penas exageradas y puso como ejemplo el caso de personas que por el robo de un bien valorado en $ 400 han sido condenadas a más de un año de prisión.

“La persona privada de la libertad le cuesta al Estado entre $ 30 y $ 40 diarios. Si le condenan a un año o más, la cifra es alta”, explicó. Esto, tomando en cuenta la manutención, seguridad, alimentación y rehabilitación que el Estado debe otorgarles.

Hay que tomar también en cuenta que otro gasto mayor representa el pago de sueldos a policías que son asignados para custodiar un arresto domiciliario: cada uno de ellos le cuesta al erario público entre $ 900 y $ 2.000.

Según Silva, es necesario analizar el problema técnico- administrativo que existe hoy en todas las cárceles del país. Dijo que no se da una verdadera clasificación de presos y ello es causa para que existan problemas al interior de las mismas, como la operación de bandas de extorsionadores. Clayton Carrasco, coordinador de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Pichincha, adujo que no hay abuso de los fiscales en el pedido de prisión preventiva contra implicados en delitos.

“La prisión preventiva solo se está dando en delitos mayores como violación, asesinato y narcotráfico. También cuando al ciudadano que ha caído preso no le podemos localizar, debido a que no tiene un domicilio fijo”, aseguró.

Dijo que solo se aplica la ley y que los jueces hacen uso de otras medidas cautelares, entre ellas, que el inculpado en un delito se presente cada 15 días ante la autoridad judicial, así como el uso del dispositivo electrónico (brazalete) y la prohibición de salida del país.

Desde abril pasado, Ecuador tiene 4.000 aparatos para la ‘implementación de dispositivo de geoposicionamiento electrónico en el sistema de ejecución de penas que dispone el Código Orgánico Integral Penal’.

Se coloca el aparato a los implicados en delitos menores o que cumplen prisión preventiva; quienes han cumplido el 80% de la sentencia; a beneficiarios del programa de Atención a Víctimas y Testigos; y reclusos con enfermedades crónicas. (I)

Los motines, riñas y fugas encienden las alertas

→Carlos Aguirre, quien en 1996 fue director del Penal García Moreno de Quito, considera que se debe abrir el debate con los operadores de justicia para una mejor aplicación de la prisión preventiva, como una de las alternativas para tratar de bajar el hacinamiento.

Cree que también es necesario políticas de rehabilitación para que las personas privadas de la libertad (ppl) logren reinsertarse en la sociedad, de tal forma que cuando salgan tengan una profesión y ser entes productivos.

En 2016, un total de 8.124 ppl formaron parte del Sistema Educativo formal, que consiste en alfabetización, postalfabetización, educación básica, bachillerato y educación superior.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia, el promedio de detenidos en Ecuador por cualquier tipo de delito es de 400 personas por mes.

Según la capacidad de centros de rehabilitación del país, existen tres internos en espacios que están destinados para dos.

Aguirre, voceros del Ministerio de Justicia y expertos consultados coinciden en que el hacinamiento acarrea otros problemas que se evidencian en amotinamiento, riñas, conflictos y fugas, como los registrados en las últimas semanas en cárceles de Manabí y de Esmeraldas.

Una de las últimas fugas ocurrió con dos reos de la cárcel de Bahía de Caráquez (Manabí), quienes ya fueron recapturados en operativos efectuados en Manta y Quito.

Estos hechos motivaron a las autoridades a adoptar medidas como trasladar a 50 reclusos que tienen sentencias altas hacia la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo.

Sin embargo, esto acarreó un mayor problema: a las 16:00 del pasado sábado 18 de noviembre, esos reclusos junto a otros 200 internos protagonizaron un motín en demanda de más tiempo para acceder a espacios abiertos de ese sobrepoblado centro.

Destruyeron 17 cámaras de video, puertas, rejas y colchones, y tomaron como rehén a un guía. El gobernador de Manabí, Fabricio Díaz, y miembros de élite de la Policía tuvieron que intervenir para controlar la situación. (I)

Datos

Penalista Gonzalo Silva

→Dice que es grave porque el problema del hacinamiento no solo es de espacio físico sino económico, pues significa un gasto operativo mayúsculo para el Estado: la persona privada de la libertad le cuesta al Estado entre $ 30 y $ 40 diarios.

55 centros de rehabilitación social y centros de detención provisional existen en el Ecuador.

CRS Masculino de Guayaquil

→La situación es grave en los centros carcelarios grandes. Tal es el caso del CRS Masculino de Guayaquil. Allí, la capacidad es para 4.836 ppl, pero hay 8.729, lo que implica un hacinamiento del 81%.

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Moreno designó a Ricardo Zambrano secretario de PAIS

6:16 am 0

La resolución se tomó en la sesión extraordinaria que convocó el presidente Lenín Moreno. El Mandatario se trasladó luego al parque Samanes para un acto de masas.

Tras una sesión que duró cerca de una hora, el manabita Ricardo Zambrano Arteaga fue designado secretario ejecutivo del movimiento Alianza PAIS, mientras que la canciller María Fernanda Espinosa fue nombrada segunda vicepresidenta.

Esas fueron las primeras decisiones que se tomaron en la sesión extraordinaria que convocó el mandatario Lenín Moreno, como presidente nacional del movimiento, pese a los cuestionamientos del ala correísta sobre su validez.

La decisión se tomó con la presencia, según se informó, de 21 representantes de la directiva nacional de las 24 provincias, que asistieron a la sede del distrito 2, ubicado en la cooperativa Balerio Estacio, en el noroeste de Guayaquil. A la convocatoria acudieron la vicepresidenta (e) y ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña; Mary Verduga; Daniel Avecillas, alcalde de Yaguachi; Ignacio Figueroa, alcalde de Pedro Carbo y subdirector provincial del movimiento en Guayas; Michel Doumet; el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja; el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, entre otros dirigentes.

El Mandatario llegó al lugar cerca de las 16:05, acompañado de Vicuña. Previamente, simpatizantes y moradores del sector hicieron una calle de honor a la espera del arribo del Jefe de Estado, quien presidió la sesión extraordinaria.

Antes de que se instale la reunión, Vicuña dijo que la anunciada convención que realizará el grupo afín al expresidente Rafael Correa no tiene validez, por lo que cualquier decisión que se tome no tendrá sustento.

Este fue uno de los puntos que se tenía previsto tratar en la cita, pues otro era la definición del lugar y la fecha para la realización de una convención nacional, además de anunciar estrategias en torno a la consulta popular.

Pero a las 18:45, cuando culminó la sesión, Rommel Salazar, dirigente del distrito 2, habló del segundo punto, la convención, y se decidió finalmente no fijar todavía una fecha para la cita. Aseguró que este punto se retomará luego de la realización de la consulta popular, en la cual centrarán todos sus esfuerzos con la finalidad de captar el mayor respaldo posible del electorado ecuatoriano sobre las 7 preguntas.

Respaldo a la consulta

Mientras tanto, desde las 17:00 al menos 2.000 personas, de partidos y organizaciones sociales que apoyan al presidente Lenín Moreno, esperaban su arribo en la Concha Acústica del Parque Samanes. Antes del acto político se presentaron varios artistas.

Desde los graderíos se observaron delegaciones de agrupaciones como Fuerza Compromiso Social, Centro Democrático, Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) y Democracia Sí.

A estas agrupaciones se sumaron delegaciones gremiales, sociales y artesanales, entre ellas las de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP) y diferentes grupos de transportistas.

Hasta esperar la llegada del Jefe de Estado dirigentes como el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala (Centro Democrático); el ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel (Fuerza Compromiso Ecuador), Leonardo Vicuña (Alianza Bolivariana Alfarista), entre otros, saludaron a los asistentes al encuentro.

El dirigente de este gremio, Luis Villacís, afirmó que la presencia de los transportistas ratificaba el apoyo al presidente Moreno, como se anunció el miércoles en Quito durante una rueda de prensa.

Sobre la presencia del exmandatario Rafael Correa, quien anunció su regreso al país, Villacís indicó que “el economista Correa ya tuvo su oportunidad. Demostró que tuvo aciertos y desaciertos, dependiendo de cómo se lo mire, pero ya es el turno de Lenín Moreno. Nosotros apoyamos al Gobierno de turno”.

En lo que sí coincidieron los dirigentes, que por turnos tomaron la palabra, es en que apenas la Corte Constitucional se pronuncie sobre las preguntas de la consulta popular iniciarán un trabajo en territorios para instar a la ciudadanía a votar Sí en las 7 preguntas.

A las 19:15 hizo su arribo al acto de masas el presidente Lenín Moreno, quien tenía previsto dirigirse al público para promover la consulta popular. (I)

La sede del distrito 2 del movimiento Alianza PAIS fue el lugar desde donde el presidente Lenín Moreno dirigió la sesión extraordinaria de la organización. Foto: Lylibeth Coloma / et

El cónclave

RENOVACIÓN
Durante la sesión extraordinaria también se discutió sobre la renovación de la directiva del movimiento, en tanto que la organización de una eventual convención nacional quedó pendiente hasta luego de la consulta popular.

→21 representantes de la directiva nacional de las 24 provincias asistieron a la convocatoria.

ACTO DE MASAS
La convocatoria en el Parque Samanes estuvo a cargo del colectivo Somos Ecuador, en apoyo a la consulta.

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A. Barrera: “Correa no es el dueño del movimiento”

Augusto Barrera, miembro del buró político del Gobierno y titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), reaccionó a las declaraciones de Rafael Correa.

Dijo que el expresidente tiene derecho a venir al país y hacer política, pero que espera que su comportamiento sea propio del de un exmandatario.

“Traer una voz de calma, unidad, tranquilidad, reflexiva, orientadora, que coloque argumento, que no sea de adjetivar”, manifestó.

Sobre las intenciones de Correa de expulsar a Lenín Moreno de PAIS, el funcionario dijo: “Él no es dueño del movimiento PAIS. Ya esta formulación inicial de que viene a sacar a alguien a mí me hace pensar en una persona que se cree dueño, como si fuera una propiedad privada, y esto no es así”.

Moreno se reunió en Guayaquil con la directiva de PAIS para convocar a una convención nacional del movimiento. Lo propio hizo la facción correísta para el 3 de diciembre en Esmeraldas. ”Es probable que tengamos dos eventos. Uno que es importante, pero es un evento, y el otro una convención. Yo quisiera insistir en que este debate debe procesarse en los contenidos, pero en lugar de argumentos se ha caído en descalificaciones que parecen desesperadas”, comentó el titular de la Senescyt.

Barrera pidió a la ciudadanía esperar con tranquilidad y en calma el fallo de la Corte Constitucional sobre las 7 preguntas de la consulta popular propuesta por el Ejecutivo.

El lunes Moreno demandó al organismo un fallo favorable, pero para el correísmo eso fue presión. “El Presidente dijo que respeta los tiempos, pero demanda que se escuche la voz del pueblo. Es su obligación porque es el proponente de la consulta”. (I)

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El volquete que derribó el puente no tenía permisos

6:14 am 0

El vehículo exhibía un papel de circulación provisional, emitido en octubre de este año, que según la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) es falso.

El vehículo que impactó y derribó parte de un puente peatonal en la vía Narcisa de Jesús, conocida como Terminal – Pascuales, en Guayaquil, no estaba matriculado desde 2013, informó Andrés Roche, director de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

El funcionario llegó ayer al sitio donde la mitad del viaducto cayó sobre dos carriles, en el sentido sur – norte.

Roche explicó que quien manejaba el volquete iba por el carril central por donde está prohibida la circulación de automotores pesados y a más de eso manejaba a exceso de velocidad y con el balde metálico levantado.

Este alcanzó la estructura y la destruyó. Luego se desprendió y quedó volcado en la vía. En un video captado por las cámaras de seguridad se observa cómo un auto pasó poco antes del colapso y otro frenó justo antes de impactar contra los escombros.

Roche precisó que en el parabrisas del cabezal, abandonado un kilómetro más adelante, estaba pegado un permiso de circulación provisional de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). El documento tenía como fecha 16 de octubre de 2017 y una vigencia de 90 días.

“Vamos a investigar la legalidad del documento firmado por el anterior comandante del Cuerpo de Vigilancia de la CTE”, indicó Roche.

Esta institución, a través de un comunicado, aclaró que el permiso presentado es falso y que la firma que aparece no corresponde al comandante que supuestamente lo otorgó, quien además para esa fecha ya no estaba a cargo del Cuerpo de Vigilancia. Ahí mismo consta que José Gálvez, el director ejecutivo, denunciará el hecho en la Fiscalía.

Jean Carlos Macías, de 19 años, esperaba a sus padres dentro del carro, a un km. del accidente. Ahí vio cuando un joven, corriendo, se metió por la calle que conduce a la urbanización La Perla. “Pensé que era un ladrón. Luego mi madre llegó llorando y me contó lo que vio. Ella fue a dejar a mi hermana a la escuela, justo junto al puente”.

Luis Lalama, jefe de tropa de la ATM, precisó que el carro pesado pertenece a la empresa Vimorca, ubicada en la Alborada. “Tendrá que responder por el daño”.

Juan Ramírez, director de Gestión de Riesgos del Municipio, mencionó que unos 20 metros del paso cayeron a la calzada y el resto aparentemente no fue afectado. Los restos fueron removidos de la vía. (I)

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Espinosa impugnará la decisión de Contraloría

6:23 am 0

La notificación obedece al movimiento contable que eliminó, ‘sin sustento’, de los balances del IESS, la deuda del Estado por 2.527 millones de dólares.

Hasta el 21 de diciembre tiene plazo Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para presentar las pruebas de descargo sobre la notificación de destitución emitida por la Contraloría General del Estado el 21 de noviembre.

Espinosa apareció ayer en la Asamblea Nacional pero esquivó las preguntas de la prensa. Su único pronunciamiento lo publicó en Twitter indicando que impugnará. “La verdad prevalecerá. El tiempo nos dará la razón”.

La Contraloría señala “la responsabilidad administrativa culposa N°11 72-DNPR del 11 de octubre de 2017, que consiste en una multa de $ 7.320, que equivale a 20 salarios básicos unificados y la sanción de destitución en contra del señor Richard Gonzalo Espinosa Guzmán, presidente del Consejo Directivo, en el período analizado, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.

La notificación suscrita por el contralor general subrogante, Pablo Celi, fue entregada al presidente de la República, Lenín Moreno.
Da seguimiento al informe preliminar del 13 de octubre, el cual señalaba ‘incumplimientos’ y adelantaba el criterio de destitución de Espinosa, debido al movimiento contable de septiembre de 2016 con el que, según Contraloría, se ‘eliminó sin sustento’ de los balances del IESS la deuda de $ 2.527,8 millones por parte del Estado por prestaciones de salud.

Las observaciones también apuntan a otros 17 funcionarios. Geovanna León, directora general del IESS, en octubre dijo a EL TELÉGRAFO que sí se cumplieron las disposiciones y se conformó la comisión con el Ministerio de Finanzas, a fin de establecer los mecanismos de pago. No obstante enfatizó que no existen los respaldos para cuantificar dichas prestaciones brindadas desde 2001

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, quien ha sido crítico a la administración de Espinosa comentó que la situación ahora está en manos del Jefe de Estado. “Veamos si se respetan las resoluciones de la Contraloría, lo cual no sucedía en el Gobierno anterior”.

Manuel Vivanco, exdelegado de los empleadores en el Consejo Directivo del IESS, indicó que al cabo de los 30 días determinados para las impugnaciones, el Presidente de la República puede designar a un nuevo representante a través de un Decreto Ejecutivo, si Contraloría no revé su decisión. (I)

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La disputa entre Correa y Moreno se proyecta en 3 escenarios

6:21 am 0

El principal ring de esta lucha es Alianza PAIS. El expresidente y el actual Jefe de Estado pugnan por el control de la principal fuerza política de Ecuador. Otro punto en disputa es la consulta popular, cuyo epicentro es la Corte Constitucional, y el último, el juicio al vicepresidente Jorge Glas, cuyo escenario son las cortes.

Todos los caminos conducen a Guayaquil. Esa es la frase que resume la jornada política de ayer. Ricardo Patiño, presidente de Alianza PAIS según la facción correísta, aterrizó en el puerto principal apenas unos minutos antes que Gustavo Larrea.

Hoy, el presidente Lenín Moreno, en su calidad de máximo dirigente de PAIS según el ala morenista, ha convocado a una sesión extraordinaria de la directiva nacional del movimiento para nombrar a una secretaria ejecutiva y un segundo vicepresidente temporal. Gabriela Rivadeneira y Patiño ocupan esos cargos, respectivamente.

La comisión de ética de la agrupación política, la cual no es reconocida por los correístas, suspendió a los cuadros antes mencionados por haber destituido a Moreno de la presidencia de PAIS sin un proceso previo.

La primera vicepresidencia estaba en manos de Jorge Glas, pero este pidió licencia por sus problemas legales.

En la madrugada del viernes y sábado habrá otro aterrizaje en Guayaquil. Rafael Correa llega procedente de Bogotá, donde hace escala en su viaje desde Europa. Así, el puerto principal se convierte por estos días en la capital política del país.

La disputa por quién controla PAIS, entre Correa y Moreno, es el eje de estos encuentros. Hay otros dos rings (ver subnotas).

Pero, concretamente, ¿qué hará Moreno en el puerto principal? Hoy recibirá el respaldo masivo del frente Somos Ecuador, creado para apoyar la consulta popular, en el Parque Samanes.

Previamente será el encuentro de la directiva de PAIS. El orden del día de la reunión reza lo siguiente: “encargo de la Secretaría Ejecutiva y Segunda Vicepresidencia del movimiento, en función de la suspensión de derechos resuelto por la Comisión de Ética y Disciplina”.

El segundo punto es “convocatoria a la VII convención nacional”, y el tercero, “pronunciamiento sobre la consulta popular”. Tal y como lo hizo el lunes y el martes, Moreno sigue a la ofensiva.

La facción correísta ha convocado a una convención para el 3 de diciembre en Esmeraldas, por ello vuelve al país Rafael Correa. El Primer Mandatario desconoce esa cita y organizará la suya.

Patiño reaccionó en las redes. “Le volvió la memoria de repente. Ahora se acordó que fue presidente de Alianza PAIS. Pero ya es muy tarde (…) La ‘suspensión’ de 9 miembros de dirección nacional por la supuesta comisión de ética no tiene ningún valor. Violaron todo el Código de Ética”, escribió en su perfil de Twitter.

Guayaquil vivirá un fin de semana clave. (I)

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Mañana se inicia el juicio contra el Vicepresidente

Si el jueves será un día clave para Alianza PAIS, el viernes será lo propio para el vicepresidente Jorge Glas, quien guarda prisión en la Cárcel N° 4 de la capital.

En esta jornada, a las 08:45, en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instalará el Tribunal Penal que lo juzgará por asociación ilícita. La jueza nacional, Sylvia Sánchez, y los conjueces, Édgar Flores y Richard Villagómez, tienen el destino del Segundo Mandatario en sus manos.

Aunque 13 fueron los acusados llamados a juicio, para 4 de ellos este se suspendió. Sus nombres son Carlos P., excontralor del Estado; Ricky D.; y los venezolanos Freddy S. y Alexis A, porque están fugados.

Rafael Correa y sus seguidores defienden incondicionalmente la inocencia de Glas. Dicen que no hay pruebas y que el fiscal Carlos Baca Mancheno actúa por presión mediática.

Pero él asegura que las pruebas están allí, que Glas participó en la trama Odebrecht, empresa a la que cobró coimas a través de su tío, Jorge Rivera, también preso.

Lo cierto es que el tiempo corre para el Segundo Mandatario. La Constitución establece que si el Vicepresidente se ausenta tres meses del cargo este será destituido automáticamente.

El plazo se vence el 3 de enero de 2018. Si la Asamblea no da paso al juicio político o interpreta la destitución hecha por la Contraloría por el caso Singue, igual el plazo corre.

Para el presidente Lenín Moreno, la prisión de Glas le impide ejercer el cargo, por ello nombró un reemplazo temporal: María Alejandra Vicuña, ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Si el 3 de enero Glas sigue privado de la libertad, entonces Moreno estará habilitado para enviar una terna al legislativo con los candidatos para ocupar la Vicepresidencia. Glas defiende su inocencia y se considera un preso político por oponerse a Moreno. En redes emitió un comunicado donde pide a sus seguidores hacer suya su causa y defenderla. El correísmo le tomó la palabra; el morenismo deja el caso en la justicia. (I)

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Las presiones sobre la CC vienen de todos lados

Desde el lunes la presión hacia la Corte Constitucional va in crescendo. En realidad los primeros en adoptar esta posición fueron los correístas.

Ellos decían, cuando recién se presentaron las preguntas de la consulta popular, que la corte no puede dar marcha atrás. Se referían a que en 2014 la misma corte permitió a la Asamblea aprobar una enmienda que viabilizaba la reelección indefinida. Antes solo se podía por una sola vez.

Ahora es el morenismo el que hace presión. La semana pasada un grupo de activistas se instaló en Quito para exigir un dictamen favorable.

El lunes, en su habitual rendición de cuentas semanal, el presidente Lenín Moreno demandó un fallo positivo para las 7 preguntas que propuso. El martes una marcha de Democracia Sí, que llegó hasta la Plaza Grande, hizo lo propio.

Y hoy ocurrirá algo parecido en una concentración del frente Somos Ecuador, en la concha acústica del Parque Samanes, en donde estará Moreno.

En su discurso del lunes, Moreno dijo que nadie puede estar en contra de la voluntad popular ni prohibir el derecho a expresarse de los mandantes. Todo ello tendrán que sopesar los magistrados al momento de emitir su sentencia.

Actualmente, las dos juezas encargadas de elaborar una propuesta de fallo son Tatiana Ordeñana y Marién Segura. Ellas ya dieron trámite a todos los amicus curae que se presentaron por la consulta. Oyeron todas las versiones de quienes pidieron ser escuchados. Pero desde el morenismo se mira con sospecha a la corte, a la que la derecha siempre tildó de correísta.

Ordeñana, por ejemplo, fue vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Una de las preguntas de la consulta es si hay que dar por terminadas las funciones de los miembros de ese organismo y nombrar uno transitorio para que luego sea reemplazado por uno de elección popular.

El fallo debería estar antes de fin de año. Una lucha política se libra sobre ese escenario. (I)

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