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Gobierno llama al sector privado inmobiliario para que se sume a plan habitacional

12:45 pm

El Gobierno Nacional llamó este jueves al sector inmobiliario y de la construcción del país, para que se sume al programa Casa para Todos.

La convocatoria es para la ejecución de esta iniciativa tanto en terrenos públicos como privados.

El programa prevé la construcción de 325 mil soluciones habitacionales, a escala nacional, en las zonas de mayor déficit de vivienda. La idea es acelerar la edificación de esas viviendas, explicó el presidente Lenín Moreno.

“Estamos construyendo ya 20 mil casas y este año serán 60 mil más”, apuntó el Jefe de Estado en un evento en Guayaquil.

Mario Burbano, consejero presidencial del programa Casa para Todos, sostuvo que se convoca al sector privado nacional a convertirse en “socio estratégico activo” de la iniciativa y “poner su capacidad promotora y constructora al servicio del sector más vulnerable de la sociedad”.

“Queremos que los constructores pasen a ser promotores e impulsores”, apuntó Burbano. Añadió que el sector privado podrá ofrecer soluciones habitacionales en sus propios proyectos y suelos.

Sobre el sector rural, dijo Burbano, tiene otro mecanismo. Para ello “hay una convocatoria nueva que saldrá luego”.

La vicepresidente de la República, María Alejandra Vicuña, apuntó que este llamado es resultado del diálogo impulsado por el Gobierno Nacional.

Noticia en desarrollo…

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El FMI eleva la previsión de crecimiento en 2018 de Ecuador de 0,6% a 2,2%

12:35 pm

La entidad estima que Latinoamérica se acelere progresivamente al 1,9 % este año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó este jueves las previsiones de crecimiento en 2018 de Chile (de 2,5 % a 3 %), Colombia (de 2,8 % a 3 %), Ecuador (de 0,6 % a 2,2 %) y Perú (de 3,8 % a 4 %), mientras que Venezuela seguirá sumida en una profunda crisis, con un decrecimiento estimado de -15 % para este año.

“Favorecida por la mejora del entorno mundial, la recuperación de América Latina también está cobrando ímpetu a medida que las recesiones de algunos países (Brasil, Argentina y Ecuador) llegan a su fin”, indicó Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental del organismo, en rueda de prensa al presentar la actualización de sus pronósticos globales.

Después del crecimiento del 1,3 % en 2017, el Fondo prevé que la región latinoamericana se acelere progresivamente al 1,9 % en 2018 y 2,6 % en 2019. (I)

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La ‘salud’ del Yasuní se decide en consulta

6:18 am

En caso de ganar el Sí en la pregunta 7 de la consulta popular el área tendrá 62.188 hectáreas adicionales a las 758.778 ha actuales. No obstante, la ampliación no modificará las previsiones de producción de petróleo en el Bloque 43-ITT. Autoridades aseguran que aplicarán procedimientos que protegen el ambiente. Grupos ecológicos advierten afectación abiótica y daño sísmico.

Sin importar el resultado de la pregunta 7 de la consulta popular que propone ampliar la zona intangible del Parque Nacional Yasuní (PNY), la actividad petrolera continuará en el Bloque 43 (B43), punto donde se encuentran los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).

Así lo reconoce el ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, quien está seguro de que el país respaldará el Sí en esta interrogante porque cree en una conciencia ambiental.

Por eso desde esta cartera de Estado se establecen normas rigurosas para la entrega de la licencia ambiental, previamente a la demostración -por ejemplo- de medidas que aseguren el mínimo impacto de la actividad y que contemple respuestas inmediatas a posibles daños ocasionados.

“Nunca va a existir una producción petrolera totalmente limpia porque ninguna actividad humana está exenta de algún impacto ambiental. La idea es minimizar los daños y repararlos cuando estos existen”.

La semana pasada, Granizo constató que la explotación actual en los bloques del Yasuní ITT sigue normas internacionales, mas reconoce que el ruido y la presencia de trabajadores en el área y las vías abiertas provocan afectaciones que no pueden evitarse.

Sobre la ampliación de la zona intangible, cree que la misma reforzará los protocolos de actuación previstos por los organismos nacionales para evitar encuentros violentos con estos pueblos.

De su lado, Antonella Calle, vocera del colectivo Yasunidos, considera vital que los derechos de la naturaleza entren en debate nacional, pero quiso que se incluya un anexo aclaratorio que va a incrementarse. “Le pedimos al Poder Ejecutivo, pero nunca nos hizo caso y una vez que triunfe el Sí estaremos vigilantes de que se aclare este punto y se respete la voluntad popular”.

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Explotación sobrepasada
La organización Geografía Crítica hizo un análisis de los bloques 31 y 43 del ITT, (en base al estudio de impacto ambiental presentado por Petroamazonas) que revela una afectación abiótica (factores inertes que impiden generación de vida) de 743 hectáreas y un daño sísmico 3D en 90.000 ha.

“Solo con el primer dato se estaría cerca del límite permitido por la Asamblea Nacional en 2013. El resultado de la consulta permitiría presionar para que se deje de explotar el petróleo en el ITT porque ya se cumplió la cuota establecida”, acotó Melissa Moreano, integrante de Geografía Crítica.

Para Renato Salguero, gestor ambiental, la consulta busca darle una visión política a este tema, y receptar los pedidos de los grupos ambientalistas.

“De acuerdo a los estudios se entiende que la extracción iba a ser en 300 ha por la calidad de petróleo requerido y existente en la zona”.

Al igual que los colectivos defensores de la naturaleza estima que era necesario establecer con precisión los lugares donde se ampliará la zona intangible.

“La palabra en al menos 50.000 ha deja preocupación porque no se sabe cuánta extensión en realidad tendrá, lo que concede espacio para la especulación”.

El desarrollo del ITT avanza
Fue el 7 de septiembre de 2016 cuando se inició la explotación en el Bloque 43, específicamente en el campo Tiputini, fuera del Yasuní.

Al cabo de un año la actividad generó rentas petroleras por $ 313 millones con un promedio anual de 44.231 barriles de crudo producidos por día.

Para febrero de 2018 se incorporará la producción de Tambococha. En Ishpingo se prevé perforar en junio de 2019 y sumar su producción en el último trimestre de ese año, de acuerdo a lo planificado por Petroamazonas, responsable de la producción petrolera.

Hasta noviembre de 2022 se pronostica que los 651 pozos del ITT produzcan 209.750 barriles diarios.

Dentro de las 1’022.736 hectáreas (ha) de extensión del Parque Nacional Yasuní, 758.773 ha corresponden al área intangible y en 1.030 ha está permitida la explotación de crudo.

La consulta popular propone aumentar la zona intangible en al menos 50.000 ha y reducir la actividad petrolera a 300 ha.

En la práctica, en caso de ganar el Sí, la parte intangible crecerá en 62.188 ha adicionales que se distribuirán en la zona norte del Parque, paralelo al ITT, y al oeste, según información brindada en octubre por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez.

La ampliación no cambiará los planes para el B43, pues de las 194 hectáreas permitidas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Petroamazonas intervendrá en 104. En el Bloque 31, colindante al ITT, se trabajará en 97 ha de las 141 autorizadas.

El presupuesto del ITT para este año es de $ 500 millones. En el Bloque 43 se invertirá $ 4.832 millones. Su desarrollo concentra casi el 40% de toda la actividad de Petroamazonas.

Actividades sin accidentes
Desde el inicio de las primeras actividades en el ITT (2014) hasta la fecha no se han registrado incidentes ambientales u operativos, aseguró Álex Galárraga, gerente general de la empresa pública.

Galárraga entiende la preocupación en torno a cómo se están ejecutando las actividades en los campos petroleros, su impacto en el ambiente y las comunidades.

Aseguró que el proyecto se realiza con tecnología avanzada y procedimientos certificados rigurosos, por lo que dijo que las puertas están abiertas para quienes estén interesados en observar la operación. “Inclusive si los ecologistas tienen ideas de cómo mejorar el proceso estas van a ser bienvenidas”, recalcó Galárraga.

René Ortiz, exsecretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), considera que “la explotación del ITT demuestra que es ambientalmente viable y económicamente beneficiosa”.

Las primeras estimaciones teóricas sobre los campos se basaban en costos elevados, explicó Ortiz, pero en el transcurso de la producción los valores se han reducido, “lo que le deja al Estado un margen de ingresos petroleros muy alto”.

“Un país que tiene un recurso natural no puede ignorarlo como parte del desarrollo. Esto quiere decir explotación del recurso, por supuesto de manera ambientalmente viable, tecnológicamente posible y económicamente rentable. Y eso es lo que ocurre con el ITT”, concluyó Ortiz.

Desde otra perspectiva, el analista petrolero y exasambleísta, Henry Llanes, opinó que debido a que la extracción de crudo continuará es pertinente verificar los procedimientos aplicados.

Llanes no es partidario de la extracción en el Yasuní mientras el crudo nacional tenga un castigo elevado, costos productivos altos y siga la importación de derivados de hidrocarburos. Propone al Gobierno abrir una mesa de diálogo con el fin de evaluar el rumbo de la industria.

Según él, al país no le conviene ampliar la frontera petrolera. Sin embargo, apoya la consulta popular porque la ve como “una apertura del Gobierno para que la ciudadanía se pronuncie y participe a través de estos procesos que son parte de la democracia”.

Las tareas en el Bloque 43 incluyen el cumplimiento de compensaciones a las comunidades. Petroamazonas entregó $ 11,78 millones por concepto de compensación social e indemnización.

En la zona de influencia directa de las operaciones de los bloques 31 y 43 existen 8 comunidades (kichwas, waorani y colonos). Un total de 2.746 habitantes se benefician de los convenios suscritos con Petroamazonas. (I)

Cronología
La iniciativa plantea aumentar la zona intangible y contar con una extensión mayor donde estarán prohibidas actividades extractivistas.

26/Julio 1979
Es declarado como Parque Nacional Yasuní (PNY) mediante un acuerdo ministerial. Científicamente fue calificado como refugio del pleistoceno.

29/Enero 1989
La Unesco lo cataloga como Reserva Mundial de Biosfera por su abundante biodiversidad, valor biológico y cultural.

2/Abril 1990
Se establecen los límites del parque a través de un acuerdo con el Ministerio de Agricultura. En 1992 hubo una segunda delimitación.

2/Febrero 1999
Por decreto presidencial fue establecida la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) en la que se prohíbe la extracción petrolera.

12/Enero 2007
Delimitación de 758.051 ha de la zona intangible entre Cononaco y Nuevo Rocafuerte (Orellana); y Curaray (Pastaza).

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Dos empresas realizarán encuestas a boca de urna y cinco los pronósticos

6:16 am

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) analizó los requisitos de las firmas que se inscribieron para los procesos. La socialización sobre los temas de la consulta continuó ayer en foros efectuados en Quito y Guayaquil.

Dos empresas están autorizadas para realizar encuestas a boca de urna y otras cinco para realizar pronósticos electorales en la consulta popular y referendo del 4 de febrero.

Así lo determinó el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), la tarde del pasado martes, en su sesión ordinaria, luego de analizar las solicitudes de inscripción y registro de personas naturales y jurídicas que se inscribieron para estos trabajos.

El Instituto de Estudios Sociales y de la Opinión Pública (IESOP) y el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Centroinvest) podrán preguntar a la ciudadanía, tras ejercer su voto en los exteriores de los recintos electorales.

Mientras que las empresas que podrán elaborar pronósticos respecto de los resultados son Opecuador Estudios Sociales y Políticos S.A; el Instituto de Estudios Sociales de la Opinión Pública (IESOP), Eureknow S.A, Perfiles de Opinión y el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados Centroinvest.

Además enviarán misiones de observación al proceso electoral la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

También se acreditará para esa función el cuerpo diplomático que cumple misión en Ecuador, catedráticos, autoridades y representantes de organismos electorales.

A escala nacional participarán como observadores delegados de 793 organizaciones políticas y sociales.

Según la normativa aprobada por el organismo electoral, el margen de error estadístico de los resultados de los pronósticos electorales y de las encuestas a boca de urna no deberá ser mayor ni menor al 3%.

Respecto de posibles incumplimientos de las disposiciones legales y reglamentarias, el CNE se reserva el derecho de tomar cualquier acción legal.

La presidenta Nubia Villacís recordó que los medios de comunicación solo podrán difundir pronósticos electorales hasta 10 días antes del proceso.

Sobre las misiones de organismos internacionales, estas confirmaron su participación, mediante la firma de convenios; la última en hacerlo fue la Unasur. Están aptos para sufragar 13’026.598 ecuatorianos. (I)


Estudiantes conocen el objetivo de la consulta
El Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con la difusión del contenido de la consulta popular y referéndum en el sector universitario para promover el análisis de las preguntas entre los estudiantes e incentivar el voto consciente.

Ayer se efectuó un conservatorio con estudiantes de la Universidad Andina de Quito, con la participación de expertos y académicos, quienes se refirieron a las preguntas planteadas por el Ejecutivo. El académico César Montaño resaltó que la convocatoria a las urnas en este momento se realiza, “en una situación en la cual se da una especie de pase de página respecto a un período político histórico, de nuestro país”

Comentó que en este marco se inscribe la idea del presidente Lenín Moreno de llamar a una consulta popular. “Tenemos que verla, por lo tanto, como una oportunidad de orden democrático para recuperar una serie de elementos básicos del Estado de derecho, por lo tanto afianzar la democracia”. Opinó que con la consulta se pretende también plasmar algunos derechos que han sido postergados en los últimos años.

La vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes, recordó que una vez más los ecuatorianos han sido convocados a una consulta.
“Es la duodécima en términos nacionales y hay que contabilizar las que en el último año se dieron en el ámbito local para definir la pertenencia provincial, como las que se hicieron en Las Golondrinas y La Concordia”, manifestó. (I)


Gestión de la política despeja dudas del referendo
La Secretaría Nacional de Gestión de la Política capacita en Guayaquil a miembros de comités ciudadanos sobre el contenido de las 7 preguntas de la consulta y referendo.

Ayer se realizó un taller con beneficiarios del Bono Joaquín Gallegos Lara, aporte que se entrega a quienes cuidan a personas con discapacidad.

Juan Salazar, subsecretario de Gestión de la Política en Guayaquil, Durán y Samborondón, explicó que estos programas fueron planificados en un inicio para que se realizaran tres veces durante el mes; pero por la “gran acogida ciudadana, esta fue la décima socialización que se realiza en enero porque las personas están muy interesadas en conocer más sobre el tema”.

Enfatizó que se busca despejar las dudas sobre los anexos de las interrogantes, y para ello entregan trípticos “con las siete preguntas, porque el anexo es un poco extenso y se necesita algo de criterio jurídico para poderlo discernir y comprender, pero ese es el objetivo, informar a la gente”.

Señaló, además, que este trabajo es paralelo a los recorridos puerta a puerta que ejecuta la militancia en los barrios para promover la opción del Sí, los mismos que se intensificarán durante la última semana de campaña, especialmente en las ciudades donde se realizará el cierre simultáneo de campaña, como Guayaquil, Quito y Cuenca.

Se contempla incluir una ciudad de la provincia de Manabí, pero todavía no se define cuál de ellas será. (I)

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Santo Domingo tendrá universidad en 2020

6:14 am

El jefe de Estado, Lenín Moreno, dijo que el centro de estudios superiores democratizará la educación. El Gobierno, además, pagó a 119 jubilados.

La inversión es de $ 40 millones. Con esos recursos, el Gobierno impulsará la universidad pública para la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que suplirá el déficit de la oferta educativa en esta localidad.

El anuncio lo efectuó ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, en un acto que se realizó en la capital provincial, en donde también entregó el pago de la jubilación a exservidores públicos de la localidad.

La creación de la universidad es considerada por las autoridades, comunidad docente y estudiantil de esta población como un tema postergado. Desde antes de la creación de la provincia, en el 2007, se gestionó ante las autoridades nacionales por esta obra educativa.

Incluso, en 2015, un grupo de estudiantes organizó foros y reuniones, con la finalidad de impulsar la creación de la unidad. En la ciudad existen centros superiores privados, además de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE).

De esta forma, el centro de estudios se convertirá en una alternativa para un promedio de 50.000 bachilleres que se gradúan en los colegios de esta zona. Según el jefe de Estado, se prevé que abrirá sus puertas en 2020.

El Primer Mandatario destacó que la iniciativa cumple con el objetivo de “democratizar la educación”, pues aseveró que era intolerable que una provincia de 500.000 habitantes solo tenga una extensión universitaria pública que ofertaba tres carreras.

Enfatizó que el nuevo establecimiento se unirá a los 44 institutos que implementará la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para impulsar las carreras técnicas y tecnológicas.

Durante el acto, Augusto Barrera, titular de la Senescyt, suscribió con las autoridades de la ESPE, el acta de conformación del comité promotor, el cual -afirmó- “es el paso fundamental para la creación de la universidad”.

Explicó que el centro de estudios será una solución al déficit de oferta educativa de la provincia, la cual en el período 2016-2017 registró 7.122 estudiantes en tercer año de bachillerato, lo que contrasta con los 3.885 cupos ofertados.

“Esta brecha es incluso mayor si se considera los bachilleres de años anteriores que buscan acceder a un cupo en las instituciones públicas”, sostuvo.

La nueva universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas ofrecerá a la comunidad estudiantil las carreras de Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística; Ingeniería, Industria y Construcción; Tecnologías de la Información y Comunicación; Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria.

Pago a jubilados
En el mismo acto, 119 exservidores de los ministerios de Educación y de Salud de Santo Domingo de los Tsáchilas recibieron el pago de su jubilación, por $ 6’419.297 millones.

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, anunció que a este grupo se sumarán en los próximos días, 76 exservidores públicos, con lo que se completará un desembolso de $ 10’233.212 millones.

Dijo que el déficit que dejó el anterior Gobierno fue de $ 900 millones, situación que la actual administración está solucionando.

Sobre el tema, el Mandatario añadió que el Gobierno desde el 2017 ha cancelado $ 366’013.263 millones a 7.177 jubilados, entre los que se encuentran exservidores con enfermedades catastróficas y con discapacidad.

Este hecho, según Moreno, contrasta con lo realizado por el anterior Gobierno que en 2016 asignó solo $ 22 millones. “Los jubilados no pueden esperar más”.

Anunció que se tiene previsto asignar, en el primer trimestre de este año, $ 250 millones para el pago de jubilaciones, para lo cual se efectuará un trabajo coordinado entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Trabajo.

“Tengan la seguridad que ningún jubilado verá vulnerado sus derechos. Reconocer el esfuerzo de nuestros jubilados es tarea de todos”, concluyó el Jefe de Estado. (I)

Ubicación
Extensión
El centro de estudios superiores se construirá sobre una superficie de 115 hectáreas y estará ubicado en el kilómetro 23 de la vía Quevedo-Santo Domingo, en un terreno que fue donado por la Universidad de las Fuerzas Armadas.

44 institutos implementará la Senescyt para impulsar las carreras técnicas y tecnológicas.

Cobertura
Según las autoridades, la universidad también beneficiará a estudiantes de los cantones La Concordia, además de Chone, El Carmen (provincia de Manabí) y Quinindé (Esmeraldas).

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Ecuador respondió a la CIDH sobre la consulta popular

6:32 am

El Gobierno envió una respuesta al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el llamado a consulta y referendo, tras una petición presentada por el exmandatario Rafael Correa.

Así lo manifestó ayer la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, durante un conversatorio con representantes de medios de comunicación.

La Segunda Mandataria afirmó que la respuesta se envió por medio de la Cancillería, en coordinación con la Procuraduría General del Estado. Aclaró que el plazo para entregar esa respuesta venció el pasado lunes.

“Es un trámite habitual”, señaló. Sin embargo defendió el llamado a la consulta, pues sostuvo que se trata de un proceso enmarcado en la Constitución.

Vicuña indicó que la postura ideológica del Gobierno es la del Socialismo del Buen Vivir. “Sin duda en esta construcción hay la apertura para escuchar nuevos mecanismos que puedan nutrir el accionar de un gobierno que tiene una posición, pero que estará abierto a seguir perfeccionando planes y programas que están en ejecución”.

Aclaró que la administración del presidente Lenín Moreno afronta una nueva etapa, no solo de estilo, sino de un “permanente ajuste”.

Dijo que no se considera ni morenista ni correísta, sino revolucionaria, y afirmó que sería “necio” pensar que hacer las mismas cosas de la gestión de Correa genere resultados distintos.

Sin precisar el tiempo resaltó que en aquella gestión hubo la “pérdida de brújula” de algunos compañeros, ya que no aceptaron la crítica, la autocrítica, ni actuaron apegados a la ética, de modo que deben responder a la justicia ecuatoriana.

Invitó a la ciudadanía a votar Sí en la consulta y aclaró que el 25% de la población desconoce a profundidad las preguntas.

Asimismo, descartó los rumores sobre el estado de salud del Jefe de Estado, quien ha tenido una actividad intermitente en las últimas semanas. “El Presidente se encuentra en óptimo estado de salud, más allá del accidente doméstico”. (I)

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La población no conoce el 100% de las preguntas

6:28 am

Las organizaciones políticas potencian su campaña con la capacitación sobre el contenido de la consulta. En sus recorridos constatan la poca información ciudadana.

A ocho días de que culmine la campaña, la carrera por captar el voto indeciso se intensifica. Más aún cuando la encuestadora Cedatos reveló que el 49,5% de la población no conoce la totalidad de las preguntas.

El estudio de la encuestadora tuvo fecha de corte el 15 de enero y entrevistó a 1.862 ciudadanos mediante una muestra probabilística, aleatoria y estratificada, en 15 ciudades del país.

De acuerdo a la publicación, el 24,9% de los ciudadanos consultados no conoce el contenido de las preguntas, mientras que el 25,7% sabe los temas de la consulta y referendo.

Rommel Salazar, subdirector del movimiento Alianza PAIS en Guayas, aseguró que en los recorridos de campaña por el Sí se evidencia en sectores de la población el desconocimiento de la ciudadanía.

Sin embargo, “en estos momentos ya vemos que la ciudadanía tiene un poco más de conocimiento de las preguntas, ya que al inicio, claro, notamos esa falta de información”.

Por ello el trabajo del movimiento se basa en socializaciones y debates con diferentes sectores de la sociedad, además del denominado recorrido puerta a puerta en los barrios.

En cambio, Jimmy Salazar, director del movimiento Justicia Social, apuntó que acude a los recorridos de campaña con material didáctico que explique a la ciudadanía, al estilo de historietas, el contenido de las preguntas.

Mientras que el asambleísta de la bancada denominada Revolución Ciudadana, grupo que promueve el No, Bairon Valle, sostuvo que si bien es cierto que la población no domina en su totalidad el contenido de las preguntas, percibe que los ciudadanos en general sí están informadas del proceso.

“Personas con desconocimiento encontramos a diario, pero no llegan al 25% como señala la encuesta; creo que quizás eso pasaría en áreas rurales donde no llega mucha información, pero son otras complicaciones”, expresó Valle.

Para Jorge Vélez, representante de Centro Democrático, este es el verdadero objetivo de la campaña, pues no se promociona a un candidato con eventos, propuestas o algarabías.

Más bien, agregó, se trata de “tomarse un tiempo y explicar en cada casa del barrio que visitamos las siete preguntas y a cambio el ciudadano pide que le expliquemos por qué es importante votar por ello”.

Los dirigentes consultados coincidieron en que previamente a la campaña por la consulta y referendo se prepararon para este tipo de actividad.

Adicionalmente a ello, el Consejo Nacional Electoral inició el 11 enero una campaña de socialización del contenido de las preguntas en los distintos medios de comunicación y la misma durará hasta el 1 de febrero, día en que inicia el silencio electoral.

A esto se suma que junto con el Instituto de la Democracia preparan actividades gratuitas para que la ciudadanía se capacite sobre el contenido de las preguntas, temas de democracia y elecciones.

Hoy se desarrollará un evento de esta índole en la Universidad Andina, en Quito, a las 09:00. (I)

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La protección del ambiente es prioridad

6:27 am

Para el Gobierno y los sectores sociales, la aprobación de esta pregunta sería primordial para la conservación de ecosistemas frágiles. Sin embargo, los pequeños productores y mineros artesanales la cuestionan, pues consideran que dejaría sin fuentes de empleo a miles de familias que viven de esta actividad durante años y proliferaría sobre todo la minería ilegal.

Enmendar la Constitución de Ecuador para que se prohíba la minería metálica (actividad de extracción para obtener un metal, como oro, plata, cobre y otros) en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos, es el planteamiento de la quinta pregunta de la consulta popular que se realizará en el país el próximo 4 de febrero.

En la Carta Magna se establecen limitaciones para las actividades extractivas, sin embargo si la Asamblea Nacional aprueba la realización de estas con la petición previa del Presidente y por ser declarada un tema de interés nacional, se permite una excepción y se puede dar paso a la producción minera.

La pregunta incluida en el referéndum, que modificaría el segundo inciso del artículo 407 de la Constitución y el artículo 54 del Código Orgánico del Ambiente, no solo se limita a la extracción, sino que se extiende a prohibir también la prospección, exploración y explotación.

Además, la Asamblea ya no tendría competencia para aprobar la realización de actividades mineras en áreas protegidas, zonas intangibles ni centros urbanos.

El ministro de Minería, Javier Córdova, explicó que respaldar el Sí significa fundamentalmente la protección de sistemas frágiles. Agregó que la aprobación de la pregunta para enmendar la Constitución ayudará a planificar el trabajo de los pequeños mineros y regular su actividad.

Varios sectores sociales también respaldan el Sí en el referéndum y consideran positivo que se consulte al pueblo sobre enmendar la Constitución para la protección de estas áreas sensibles, pero sostienen que todavía es insuficiente.

Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, manifestó apoyar un ‘Sí crítico’ en la consulta, pues a pesar de que la pregunta toma en cuenta las áreas protegidas y zonas intangibles, no lo hizo con los territorios ancestrales de pueblos indígenas, bosques protectores, tierras cultivables o fuentes de agua.

Chicaiza acotó que “de perder el Sí se deja en completa vulnerabilidad las áreas protegidas, lo que sería nefasto y dejaría este tipo de sectores sensibles a merced de la explotación minera”.

Contrario a esta posición, Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería de Zaruma, una de las localidades orenses construidas en torno a la minería, sostuvo que la aprobación de esta pregunta lapidaría el trabajo principalmente de los pequeños productores y de quienes realizan esta actividad de manera artesanal.

El empresario argumentó que la pregunta tal y como está planteada no resuelve el problema de la minería ilegal y agravaría el desempleo en el país.

Por esta razón, argumentó que en la interrogante en la que se menciona: “se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases, en áreas protegidas, centros urbanos y áreas intangibles” se debería haber incluido: “excepto para la pequeña minería y minería artesanal”.

En la misma línea, Mauricio Murillo, síndico de la Cámara de Minería de Guayaquil, consideró que al prohibir la minería metálica se crean las condiciones para que aflore la minería ilegal, con los perjuicios sociales y ambientales que esta acarrea.

“Prohibiendo la minería en centros urbanos, simplemente se prohíbe el título minero, pero la gente continuará trabajando, pero de manera informal”.

El jurista enfatizó que “esto implica que no se recaudará impuestos, se trabajará sin afiliación a la seguridad social y esto significa un retroceso en la actividad minera que se ha desarrollado en el país”.

Potencial minero de Ecuador
La actividad minera genera expectativas en la economía del país. Las reservas en el territorio nacional guardan principalmente oro, plata y cobre, lo que ha llamado la atención de grandes empresas internacionales que ya operan en el Ecuador.

Actualmente hay cinco proyectos estratégicos en marcha: ‘Mirador’ en la provincia de Zamora Chinchipe operado por la empresa china Ecuacorriente S.A. con reservas estimadas de 6,5 billones de libras de cobre; 26 millones de onzas de plata y 3,2 millones de onzas de oro.

Por otra parte, ‘Fruta del Norte’ concesionado a la canadiense Lundin Gold, ubicado también en Zamora Chinchipe, con estimaciones de 4,82 millones de onzas de oro y 6,34 millones de onzas de plata.

También son considerados como estratégicos el proyecto Río Blanco (Azuay) para la producción de oro, que es operado por Ecuagoldmining; San Carlos Panantza (Morona Santiago) con reservas aproximadas de 6,6 millones de toneladas de cobre, cuyo concesionario es la empresa china Explorcobres S.A.

Finalmente está el proyecto Loma Larga, en la provincia de Azuay, con reservas de oro, plata y cobre, el cual fue entregado a la empresa canadiense INV Minerales Ecuador S.A. (I)

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Concesiones
Se detienen las concesiones
Tras una reunión con delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) a fines de diciembre del año pasado, el Presidente resolvió detener la entrega de concesiones mineras hasta que se realice un proceso de evaluación.

18 proyectos de minería son considerados por el Gobierno con mayor potencial de producción.

Se realiza evaluación
En 2017 se presentaron 1.000 pedidos de concesión, de los cuales 300 están en estudio actualmente. Sus resultados se entregarán este año al Jefe de Estado.

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Ministerios presentarán un programa de ajuste del gasto

6:39 am

El presidente Lenín Moreno dispuso que todas las instituciones públicas bajen sus presupuestos hasta el 10%. Cada entidad deberá entregar su plan en 30 días, según el Ministro de Trabajo.

Las instituciones públicas deberán reducir el nivel de gasto entre el 5% y 10% de sus presupuestos. El presidente Lenín Moreno ordenó a los titulares de cada entidad “hacer cálculos” para bajar el gasto público.

Durante la entrevista mantenida la noche del domingo con periodistas de medios públicos y privados, el Mandatario adelantó que esa acción contribuirá a disminuir el déficit fiscal.

No profundizó en detalles como criterios o plazos del ajuste, que se aplicaría desde 2019 a menos que el Ejecutivo haga una modificación al Presupuesto General del Estado (PGE) vigente.

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, indicó ayer que “es deber económico, social y moral de cada ministro” reducir los gastos en los programas pertinentes. “Hemos sugerido que no se hagan despidos”.

Según Ledesma, los titulares de cada institución tienen la responsabilidad de entregar la programación de ajuste en un plazo de 30 días.

Para 2018 el Gobierno fijó un presupuesto menor al de 2017 en $ 1.964 millones, lo que para el Ministerio de Finanzas representa una disminución del 5,3%. No obstante, el gasto en personal aumentó en $ 346 millones (ver infografía).

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Las declaraciones de Moreno abonan nuevos elementos al debate. Dijo que durante el encuentro con cuatro miembros del Foro de Economía y Finanzas se acordó que “los cambios deben ser paulatinos, no drásticos”.

Si bien autoridades, académicos y empresarios sintonizan con la intención de optimizar el volumen de gasto los criterios para lograrlo son diferentes.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, mantiene un discurso en el que destaca que hacer un corte inmediato y drástico pondrá en aprietos a toda la economía.

Su comentario habitual es en dónde hacer el ajuste sin complicar el pago de médicos, maestros, policías y jueces que es a donde va dirigida la mayoría del gasto.

Con el anuncio de Moreno el Ministerio de Salud Pública (MSP), por ejemplo, tendría que recortar $ 176,8 millones si el ajuste es por el 5%; si es del 10% corresponderían $ 353,6 millones. A la entidad se le asignó un total de $ 3.536’167.752,53 para el año en curso.

La variable de ajuste frecuente ha sido la inversión. Entre 2017 y 2018 el rubro bajó algo más de $ 714 millones. El Gobierno anticipó que se concentrará en finalizar las obras en ejecución.

“Para optimizarla, la reduciremos en lo que sea necesario”, advirtió el presidente.

El objetivo es menos déficit. En el presupuesto de 2017 se calculó en 4,5% con relación al producto interno bruto (PIB), aunque el Observatorio de la Política Fiscal estima que el rubro bordea el 6%. Para 2018 la proyección oficial es de 3,9%.

Según el Foro de Economía y Finanzas Públicas entre 2007 y 2016 el gasto público creció 40,1%, lo cual, a sus ojos, es insostenible cubrir con impuestos y más deuda pública.

Recomiendan volver a los fondos de ahorro y restituir los límites legales de expansión de las variables fiscales.

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) apunta que reducir o eliminar impuestos intensificaría la propensión al endeudamiento o a la restricción de derechos económicos y sociales. Proponen hacer una reforma tributaria y examinar la carga administrativa. (I)

Austeridad
Decreto para ahorrar
El 1 de septiembre de 2017 entró en vigencia el Decreto Ejecutivo 135 que dispone medidas de ajuste generando unos $ 500 millones de ahorro. Según Ledesma, la nueva decisión de Moreno es parte de la política de austeridad.

10 por ciento fue la reducción salarial aplicada a 21.833 funcionarios por el decreto de austeridad.

Menos gasto dispendioso
El exgerente del Banco Central, Diego Borja, aconseja evitar las inversiones y las compras públicas sobrevaloradas.

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Autos ensamblados en el país pierden competitividad

6:35 am

El sector requiere de la implementación de una política pública para competir frente a los vehículos que ingresan mediante acuerdos comerciales y preferencias tributarias.

La participación de vehículos ensamblados en el país se redujo en 11,8 puntos porcentuales en 2017 en comparación con 2016.

Según la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), la disminución es por la ausencia de una política pública integral que regule el sector y les permita competir con los vehículos que ingresan al mercado ecuatoriano con preferencias arancelarias desde diferentes países.

De 62.311 vehículos comercializados en 2016, las ventas de unidades ensambladas en Ecuador fueron 31.555, lo que representa el 50,7% de participación del mercado nacional.

Mientras que en 2017, de un total de 105.101 unidades vendidas, 40.843 fueron de la industria local, lo que refleja la reducción de 38,9% en la participación (ver infografía).

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Según David Molina, director ejecutivo de la Cinae, desde 2012 no ha existido un correcto impulso a la industria nacional que le permita ser competitiva frente a las unidades importadas con preferencias arancelarias.

Datos de la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador (Aeade) muestran que a un año de la vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) ingresaron a Ecuador tres marcas con 13 nuevos modelos ensamblados en Francia, Hungría, República Checa, Italia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Asimismo, su participación en el mercado aumentó de 2% en 2016 a 4% el año pasado.

Los vehículos ensamblados en Colombia pasaron de 4.269 unidades vendidas en 2016, con una participación en el mercado de 6,9%, a 8.502 automotores comercializados el año pasado, con una participación de 8,1%.

“La industria nacional no se opone a estos acuerdos comerciales, al contrario, apoya todo proceso de integración cuyo balance sea positivo para el país. No obstante, es fundamental que la política pública esté alineada a esta realidad y genere instrumentos que permitan a la industria competir en igualdad de condiciones con los vehículos importados que entran sin aranceles o con tarifas preferenciales”, cuestionó el empresario automotriz.

Explicó que en 2012 el Comité de Comercio Exterior (Comex) aprobó una tabla arancelaria para que incentive la industria nacional a incorporar más componente local en el ensamblaje de vehículos, sin embargo esa medida nunca fue implementada porque el organismo “no encontró un mecanismo de aplicación. Pasaron cinco años en una discusión técnica sobre su aplicación”.

Una fórmula que impulsó desde entonces este sector industrial es que “a mayor integración de componente local, menor será el arancel por pagar, lo que significaría que las industrias que solicitan una reducción arancelaria, para poder competir, se la ganen en el mercado a través de un proceso de industrialización”.

Esta propuesta fue expuesta a la ministra de Industrias, Eva García, y al titular de Comercio Exterior, Pablo Campana, en el marco de las mesas de diálogo y se anunció aplicarla.

“Pero hasta la fecha no se ha dado la aprobación de la tabla arancelaria inversa al contenido local”, dijo Molina.

La industria solicitó al presidente Lenín Moreno una audiencia para exponer la situación del sector y las expectativas acerca de la aprobación de la política arancelaria, en la generación de empleos, inversiones, exportaciones y la sustitución de importaciones.

La Cinae considera que la aplicación de la tabla arancelaria podría generar en el sector la recuperación, al menos, de 2.000 empleos. (I)

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