El nuevo laudo del tribunal internacional administrado por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya volvió a dar la razón a Chevron en el arbitraje conocido como Chevron III.

La compañía estadounidense se declaró contenta con la condena en firme para que el Estado ecuatoriano pague más de $220 millones de indemnización. Para la petrolera, la decisión no sólo cierra un capítulo jurídico, sino que envía un mensaje global contra el fraude, el soborno y la corrupción.

Con la cifra definida, Ecuador finalmente sabe cuánto debe pagar, lo que pone fin a más de una década de incertidumbre y elimina una sombra que dañó la reputación del país. Así, la “espada de Damocles” del caso Chevron deja de marcar la parte de la narrativa internacional sobre el país.

Pero el cierre de este arbitraje no convierte automáticamente al Ecuador en un socio más atractivo para Estados Unidos.

Y la razón es simple. De acuerdo con Patricio Soria, economista y experto en acuerdos comerciales, los principales obstáculos para avanzar hacia un acuerdo comercial o atraer más inversión estadounidense no estaban en La Haya, sino dentro del propio Ecuador: en su marco regulatorio, en sus distorsiones competitivas y en la falta de reformas que garanticen un entorno económico moderno y predecible.

Ecuador: sin la sombra de Chevron, pero con barreras que lo alejan del mundo
En noviembre de 2025, la Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) anunciaron un marco para un Acuerdo de Comercio Recíproco con Ecuador. Fue un movimiento diplomático importante para lograr eliminar la sobretasa arancelaria que encarecía varios de los productos estrella de Ecuador.

Sin embargo, tanto la Casa Blanca como la USTR han sido consistentes en un mensaje esencial: el problema de Ecuador no es Chevron; es la estructura misma de su sistema comercial y productivo. Entre las preocupaciones expresadas por EE.UU. destacan:

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1.- Prácticas anticompetitivas, corrupción en la contratación pública y escasa transparencia regulatoria, que generan desconfianza y favorecen a actores con poder político o económico en detrimento de la competencia.

2.- Barreras no arancelarias persistentes: procesos engorrosos para obtener licencias de importación, regulaciones técnicas poco coordinadas, requisitos de contenido local difíciles de cumplir, certificaciones y controles fitosanitarios lentos y demoras crónicas en aduanas que elevan los costos para empresas nacionales y extranjeras.

3.- Altos aranceles sobre un amplio abanico de productos, junto con regulaciones proteccionistas en sectores clave, dificultan la integración del país en cadenas globales de valor y restan competitividad a su producción.

4.- Deficiencias en propiedad intelectual, baja capacidad de fiscalización contra piratería y falsificaciones, así como vacíos en transparencia regulatoria y gobernanza.

5.- Minería ilegal en expansión, que genera competencia desleal, alimenta redes criminales transnacionales y deteriora la reputación internacional de Ecuador como destino seguro para la inversión.

En conjunto, estos factores refuerzan la percepción de inseguridad jurídica y riesgo, evidenciando la necesidad de reformas institucionales profundas.

Mientras no se aborden estas distorsiones, ni el cierre del caso Chevron ni una mayor voluntad política serán suficientes para acercar al país a un acuerdo comercial con Estados Unidos o atraer flujos significativos de inversión.

Nuevo camino
LA HORA consultó a Iván Ortiz, vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana sobre la resolución final del caso Chevron y qué falta para llegar a tener más comercio e inversiones con EE.UU., pero la respuesta fue “estamos aún estudiando la información”.

Aunque el fallo internacional despeja un conflicto diplomático desgastante, Estados Unidos nunca consideró que el litigio con Chevron fuera el principal obstáculo para profundizar la relación comercial, según Soria.

“Las propias prioridades del gobierno estadounidense lo demuestran. En el Joint Statement y el Fact Sheet difundidos por la USTR en noviembre de 2025, Washington priorizó la reducción de tarifas, la eliminación de licencias restrictivas, barreras regulatorias y trabas no arancelarias como la agenda clave”, acotó

La raíz del problema con Chevron fue la politización de la Justicia durante el gobierno de Rafael Correa, lo que erosionó la seguridad jurídica. (JS)

Lo que Ecuador gana al cerrar el caso Chevron
Con el laudo firme, Ecuador obtiene tres beneficios clave:

1) Recupera certidumbre jurídica. Inversionistas, así como gobiernos, pueden evaluar riesgos con mayor claridad. No hay un litigio multimillonario pendiente que pueda cambiar el panorama financiero en cualquier momento.

2) Mejora su narrativa internacional. La historia del “fraude judicial” en un caso emblemático como Chevron había convertido a Ecuador en sinónimo de riesgo institucional. Cerrar ese capítulo mejora la reputación del país en foros comerciales y diplomáticos.

3) Se despeja un irritante político en la relación bilateral con EE.UU. Washington nunca declaró oficialmente que Chevron fuera un obstáculo directo para un acuerdo. Pero sí reconoció, a lo largo de los años, que era un caso “problemático” que ensombrecía el clima de inversión para sus empresas. Con el laudo ya definido, esa tensión disminuye.

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