El anuncio del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio al diésel, hecho público el 12 de septiembre de 2025, abrió un frente de tensión con los transportistas en todo el país. Aunque la medida despertó un rechazo generalizado en el sector, los acuerdos alcanzados en los primeros diálogos evitaron que se concrete una paralización para este 15 de septiembre, como estaba previsto, al menos en Pichincha.
La Federación de Transportes de Pichincha había advertido que suspendería sus operaciones desde este lunes, pero las conversaciones iniciadas con las autoridades el 14 de septiembre frenaron esa decisión.
El presidente del Corredor Central Norte, Luis Haro, explicó que se acordó instalar mesas de trabajo con el Gobierno, para en un plazo de al menos 30 días evaluar el impacto del alza en el combustible y discutir las medidas compensatorias.
“Nunca nos hemos cerrado a mantener una negociación, un análisis en base a las necesidades que posee el sector de transporte y, de parte del Gobierno, hasta dónde lo puede manejar”, señaló. Haro advirtió, sin embargo, que si en ese plazo no hay resultados concretos, la paralización seguirá siendo una posibilidad.
La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) también reaccionó de forma crítica. En un comunicado aseguró que “este incremento en el precio del diésel afecta gravemente la operación del sector del transporte público intra e interprovincial de pasajeros de nuestras filiales”, exigiendo al presidente Daniel Noboa la suspensión inmediata de los decretos ejecutivos que eliminan el subsidio al diésel.
Además, pidió a sus socios no inscribirse en el sistema de compensaciones abierto por el Ministerio de Infraestructura y Transporte hasta tener una decisión en firme. Fenacotip convocó a una asamblea general para este lunes 15 de septiembre, con el fin de definir medidas frente al ajuste.
El Gobierno, por su parte, defendió la eliminación del subsidio como un paso necesario para las cuentas fiscales. Argumentó que “durante décadas, el subsidio al diésel representó una carga de 1.100 millones de dólares para las cuentas fiscales, sin llegar realmente a quienes lo necesitaban, pues gran parte de estos recursos se desviaban al contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos”. En su lugar, anunció la implementación de un “escudo social” para canalizar esos fondos hacia programas productivos y sociales.
Según la Presidencia, 23.300 conductores de transporte de pasajeros “recibirán un monto monetario de entre 400 y 1.000 dólares mensuales”, lo que representará una inversión de 220 millones de dólares.
Además, informaron que se puso en marcha el Plan Nuevo Transporte, con 150 millones para renovación de unidades, un bono de chatarrización de hasta 20.000 dólares y créditos con tasa subsidiada. A esto se suman el pago de una deuda histórica de 80 millones al transporte de pasajeros y recursos para fortalecer la seguridad vial y la infraestructura de descanso en carreteras.
La Conaie también reaccionó
Pese a estas medidas, las reacciones no se limitaron al gremio del transporte. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó de manera contundente la decisión, calificándola como “un nuevo paquetazo” que sube el precio del diésel “de 1,80 a 2,80 dólares por galón”. Para la organización, “por cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y mostrar cifras macroeconómicas, sacrifica la vida, la salud y la educación del pueblo”.
La Conaie aseguró que este ajuste encarecerá de inmediato el transporte de alimentos, la producción campesina y la canasta básica. Criticó que las compensaciones anunciadas son “migajas temporales” y recordó que presentó una propuesta alternativa para focalizar los subsidios, manteniéndolos para pequeños agricultores y transporte público, pero eliminándolos únicamente para grandes empresas e industrias. Esa opción, según el movimiento indígena, permitiría al Estado recaudar más de 1.200 millones de dólares sin afectar a la mayoría de la población.
Ante este escenario, la organización llamó a sus bases a declararse en asambleas permanentes y advirtió que usará todos sus mecanismos de resistencia frente a lo que considera un ajuste neoliberal que golpea a los más pobres.
“Con desempleo, pobreza, inseguridad y alto coste de vida, imponer este ajuste es una provocación que amenaza con desestabilizar aún más al país”, alertó.
Por ahora, el efecto inmediato de los diálogos entre transportistas y Gobierno fue evitar que este lunes 15 de septiembre se paralice el transporte.
Sin embargo, la tensión se mantiene abierta, ya que el gremio espera resultados de las mesas de trabajo en el corto plazo, mientras que los sectores sociales, en especial la Conaie, anuncian un camino de resistencia. (FV)
El Gobierno inició el registro para el pago de compensaciones a transportistas afectados por eliminación del subsidio al diésel, a través de una página web, pero también instalando puntos presenciales en Quito, Guayaquil y Tulcán.