¿Qué tanto poder tiene realmente un ministro en Ecuador? Mucho menos del que cualquiera imagina. La arquitectura fiscal del Estado ecuatoriano, anclada en la Constitución de 2008, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) y en múltiples leyes, deja rígido alrededor del 85% del presupuesto que administra cada cartera de Estado. Es dinero que no se puede reubicar, que debe ejecutarse exactamente donde la norma lo ordena y que no depende de la voluntad o estrategia del ministro de turno.
El economista Luis Espinosa Goded, docente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), lo resume de la siguiente forma: “Háganse a la idea de que hoy en día un ministro o un gerente general de empresa pública no puede hacer nada, o casi nada. No hay presupuesto para hacer obras, prácticamente todo el gasto está preasignado por esta Constitución y compromisos adquiridos, no hay mayorías para hacer leyes con cambios estructurales, no puede despedir a funcionarios ni contratar nuevos, y no hay motivación para implementar proyectos”.
Aunque suene exagerado, la evidencia jurídica y fiscal le da un peso considerable a su afirmación. La Proforma presupuestaria anual incorpora asignaciones obligatorias para educación, salud, seguridad social, gobiernos locales y, en el caso de la deuda pública, como ya analizó LA HORA, el gasto ha ido aumentado de la mano de los déficits fiscales y no se lo puede eludir.
El Coplafip, por su parte, clasifica numerosas partidas como “gasto permanente obligatorio”, desde salarios hasta mantenimiento crítico, subsidios, transferencias condicionadas y contratos plurianuales. Y las leyes sectoriales (Educación, Salud, Interior, Inclusión, Trabajo, etc.) distribuyen automáticamente fondos según requerimientos que un ministro no puede alterar.
En la práctica, el margen que queda para decisiones ministeriales suele estar entre el 5% y el 15% del total, dependiendo del sector. Y en años de crisis fiscal, ese margen se reduce todavía más, llegando en algunos casos a niveles inferiores al 3%.
A eso se suman restricciones operativas: los ministros no pueden reestructurar plantillas, no pueden eliminar programas, no pueden reasignar fondos entre finalidades, no pueden modificar subsidios, no pueden reducir salarios, y solo pueden emitir reglamentos dentro de límites estrechos, siempre y cuando no alteren lo dispuesto por la ley o la Constitución.
El resultado es un sistema donde los ministros administran, pero casi no transforman. Dirigen, pero con el tablero atornillado. En palabras de Espinosa Goded, “ser ministro en Ecuador es hoy más un rol ceremonial que uno ejecutivo”, si no se acompañan de reformas estructurales profundas y acuerdos legislativos amplios.
Se necesita gastar mejor y no necesariamente gastar más
Economistas como Pablo Lucio Paredes, director de la Escuela de Economía de la USFQ, se necesita una reforma integral del Estado para que el gasto no se juzgue por el monto total, sino por la calidad.
Como también ya analizó LA HORA, la economía ecuatoriana será constantemente inestable, y poco fiable para los inversionistas internacionales, si no existe diálogo sobre el Estado que realmente pueden pagar empresas y personas en el país. Esto también incluye revisar normas, procedimientos y exigencias legales que no aportan nada y que, más bien, entorpecen, complican la gestión y traban la iniciativa privada.
Andrés Rodríguez, economista, explicó que “normalmente se analiza el presupuesto en comparación a cuánto se gastó el año anterior; pero eso no es lo más importante. La calidad debe ser la clave porque aumentar el gasto cada año, como se ha visto en Ecuador, no significa mejores servicios si antes no se depuran procesos, se elimina burocracia improductiva, y se establecen incentivos para que cada dólar vaya al mejor proveedor posible y se invierta en lo que es más productivo”.
Actualmente, incluso socialmente, se premia más al que gasta más, pero no se evalúa si ese gasto es mejor o más efectivo para solucionar los problemas.
La Constitución y las leyes establecen obligaciones rígidas que, en su gran mayoría, tienen que ver con gasto corriente. Por eso, desde 2015, el mayor factor de ajuste es el gasto de inversión de todos los gobiernos, desde Rafael Correa hasta Daniel Noboa.
En este escenario, lo que sí pueden hacer los ministros es poner la lupa a la calidad del gasto, ya que no pueden definir a qué se destina la mayor parte de los recursos. Para esto sería ideal, “aplicar el llamado presupuesto base cero; pero si no se puede, debido a que no existe apoyo político ni legal, la opción que queda es asegurarse que el dinero vaya a los mejores proveedores posibles y a financiar lo que más impacto tenga beneficio de los ciudadanos”, acotó Rodríguez.
La lógica debería cambiar de premiar al que gasta más a premiar al que gasta mejor, en función de mejoras en la atención y en los resultados.
Lo que sucede ahora es que, sobre todo en los últimos meses del año, se acelera la ejecución presupuestaria solo para poder tener igual, y en la mayoría de los casos, mayor asignación de recursos el próximo año. (JS)
Entre enero y octubre de 2025, por cada dólar ejecutado en el presupuesto estatal, más de 83 centavos fueron gasto corriente.
Entre enero y octubre de 2025, por cada dólar gastado en sueldos, solo se destinaron 8 centavos para inversión.
El engaño del aumento a salud y educación
Uno de los mayores elefantes en la habitación, cuando se habla del Presupuesto General del Estado (PGE), tiene que ver con el aumento constitucional que cada año se debe hacer a las asignaciones para salud y educación.
Se obliga a que cada año aumente en 0,5% del PIB el dinero destinado a esos dos sectores, pero eso se aprobó sin ninguna fuente de financiamiento. Así, cada año se debe presentar un presupuesto inflado en gastos que no tienen financiamiento. Por eso se incluyen ingresos que no se cumplen.
En el presupuesto para 2026, que suma más de $46.000 millones, se incluyen aumentos en las asignaciones de salud y educación que suman alrededor de $5.000 millones. Por eso, en el ingreso se incluyen ingresos por una cifra similar por supuestas concesiones mineras y petroleras.
Si se gastara todo lo que la Constitución exige para esos dos sectores, el déficit fiscal pasaría de los $5.400 millones presupuestados a $10.000 millones, según el exministro de Economía, Fausto Ortiz. Es decir, se duplicaría el déficit fiscal y se necesitaría $5.000 millones de nueva deuda o necesidades de financiamiento que ya superan los $16.000 millones.
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