La sustanciación del juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), que se tramita en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, finalizará el 10 de febrero de 2026, con la presentación de pruebas de cargo y de descargo.
Las ocho versiones de los testigos del correísmo, que fueron expuestas hasta el 6 de febrero en contra de Godoy, quien está acusado de presunto incumplimiento de funciones, serán incorporada al expediente del juicio.
Testigos del correísmo como Solanda Goyes, exvocal del CJ, los abogados Ramiro García, Washington Andrade; el juez anticorrupción, Carlos Serrano, entre otros, han avalado hipótesis como aquella en la que se señala que el juez Serrano recibió presiones del entonces director del CJ de Pichincha, Henry Gaibor, para pronunciarse a favor en un caso de narcotráfico que involucra al ciudadano serbio Jezdimir Srdan.
Hasta el momento no se sabe si las versiones recabadas serán suficientes para que la Comisión de Fiscalización controlada por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), apruebe un informe que recomiende la continuación del juicio en el Pleno del Parlamento o que existan 101 votos para su censura y destitución.
A partir de esto, en la opinión pública, empiezan a generarse criterios en torno a la posibilidad de que Godoy continúe al frente del CJ para el periodo para el que fue designado: 2031.
Abogados, docentes universitarios y constitucionalistas concuerdan que la permanencia de Godoy generará incertidumbre frente a un reclamo ciudadano permanente, para que se avance en la modernización del sistema judicial.
El abogado Rafael Oyarte dijo en una entrevista que si Godoy continúa en el cargo, la Función Judicial “seguirá en el despeñadero”.
¿Se ha emprendido en un proceso para evaluar a jueces? ¿Cómo se van a designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia? ¿Cómo se van a cubrir los tribunales y juzgados que no tienen jueces titulares? Estas son algunas de las interrogantes que, según Oyarte, deberá responder Godoy. Incluso dejó entrever que la cooperación e inversión extranjera también podría estar en riesgo.
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Luis Ávila: ‘El golpe que significaría mantener al presidente de la Judicatura en el cargo lo va a asumir el Gobierno’
“La permanencia de Godoy profundizaría la crisis de la Función Judicial, que además atraviesa por un problema de credibilidad y legitimidad, la gente ya no cree en la justicia y, si se mantiene como está, la crisis aumentará”, opinó el constitucionalista Luis Ávila, quien señaló que esto podría salirse de las manos y convertirse en un problema más grave que afecte el Estado de derecho.
“El golpe que significaría mantener al presidente de la Judicatura en el cargo lo va a asumir el Gobierno y lo debilitará más de lo que ya está, y desencadenará en una crisis de gobernabilidad que ponga en peligro el Estado de derecho de manera frontal”, expresó Ávila.
En un escenario más pesimista, subrayó que ni siquiera se podría pensar en que se avance en los concursos para designar jueces de garantías constitucionales como parte del mandato de la consulta popular de 2024, o el concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia.
Paúl Córdova cree que la permanencia de Mario Godoy conllevará falta de legitimidad
El docente universitario, Paúl Córdova, apuntó que si Godoy continúa en funciones será el inicio de una actuación sin legitimidad y con un nulo margen de apoyo profesional y jurídico.
“Cuando Godoy quiera convocar a abogados o docentes universitarios para organizar los concursos, ¿qué profesionales se prestarán para esos procesos, qué abogados presentarán su nombre y su hoja de vida para conformar tribunales de evaluación o calificación?”, planteó Córdova. (SC)
Mario Godoy tiene pendiente convocar a un concurso para designar nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia.