El plan de seguridad fue el gran ausente en la primera reunión entre los gobiernos autónomos descentralizados y el Ejecutivo.

Al menos esa es la visión desde las municipalidades.

En ese escenario, los gobiernos locales aplican sus medidas para enfrentar la inseguridad.

Para Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), lo que se dejó claro es que la competencia de la seguridad ciudadana es del Gobierno: algo que ya está en la Constitución.

Según el Ministerio de Gobierno, el Plan Nacional de Seguridad se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Plan Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, no menciona el por qué no se expuso a detalle la estrategia para involucrar a los gobiernos autónomos.

El principal delito que afecta en el país es el robo a personas.

Pero en siete provincias el indicador ha sido preocupante en los últimos cuatro años, porque el acecho de quienes lo cometen no ha mermado. Seis provincias de la Costa y una de la Sierra han concentrado más de la mitad de las denuncias por atracos contra ciudadanos (ver gráfico). 
En el primer quimestre de este año, por ejemplo, en esos territorios sucedieron el 64% de todos los robos ocurridos a escala nacional.

El DMG, con más asaltos

Los datos de la Policía muestran que, entre enero y mayo de este año, se produjeron 4  351 delitos de este tipo en el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG).

Fueron 21% más que los cinco meses del mismo período del año pasado. En el último mes, el Municipio de Guayaquil anunció al menos tres medidas. Primero la entrega de USD 746 000.

En Guayaquil, camionetas recorren sitios sensibles para controlar hechos delictivos. Foto: EL COMERCIO

Además se incluyeron en los patrullajes a un grupo de canes en lugares como centros comerciales, sitios turísticos y las principales calles de la ciudad.

Una tercera medida fue la instalación de puntos municipales de atención y seguridad en corredores comerciales, entre otras.

Centro Histórico reforzado

Santiago Guarderas asumió la Alcaldía en octubre del año pasado. Desde entonces, los operativos de control se enfocaron en el Centro Histórico capitalino.

Según la secretaria de Seguridad, Daniela Valarezo, desde noviembre pasado y hasta la fecha, eso permitió la reducción de los robos en 16% en esa zona.

Lo que dio resultado, según la autoridad municipal, fue coordinar operativos conjuntos con la Policía Nacional.

Además, el 2 de junio pasado se aprobó una ordenanza que prohíbe el porte de armas blancas.

Valarezo dice que aún no se pueden evaluar los resultados de la medida. En los próximos días también se convocará a una reunión del Consejo de Seguridad.

Cuenca apostó por cámaras

Froilán Salinas, director del Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca, dice que se han concentrado en dos ejes.

El primero es la prevención con campañas para abordar diferentes tipos de violencia.

El segundo es la instalación de 185 sistemas de videovigilancia. Actualmente está operativo el 97% de cámaras.

Están articulados con el Ecu 911 y eso, a su vez, con las alarmas comunitarias.

Pese a eso, Salinas reconoce que los delitos han aumentado. En el 20220 hubo 711 robos y hurtos a personas.

En el 2021 subió a 791 y entre enero y marzo del 2022 se han producido 215.

Ordenanza a motorizados

En la capital de Esmeraldas siguen los robos en medio de la tensión que enfrentan comerciantes por las extorsiones.

El centro de esta ciudad, que concentra el epicentro económico en la calle Bolívar y la avenida Olmedo, es el blanco para los delincuentes.

En cámaras de seguridad quedaron registrados los asaltos con armas de fuego que utilizan los desconocidos, que se movilizan en motos.

En este cantón, en mayo pasado se aprobó una ordenanza para que dos hombres no circulen en una motocicleta.

Es una de las pocas medidas en cuanto a política de seguridad local que se tiene.

La Fuerza de Tarea Conjunta realizó un operativo el último miércoles 8 de junio en Esmeraldas. Foto: EL COMERCIO

Para el presidente de la Asociación Provincial de Derechos Humanos, Demecio Molina, esa decisión fue tardía ya que los hechos violentos venían con fuerza desde diciembre del año pasado.

Y cuatro meses después de que entrara en vigencia un estado de excepción,  tampoco hubo una reacción gubernamental propia para que la política nacional recibiera un acompañamiento.

Molina lo dice porque las motos se convirtieron en el principal transporte de los delincuentes, para atentar contra los ciudadanos.

Incluso el delito relacionado a esa propiedad (robo de motos) subió en 506% de enero a mayo de 2022 con relación al mismo período del 2021.

El vicealcalde de Esmeraldas, Silvio Burbano, defiende que la normativa se elaboró de forma integral para que pueda durar con el tiempo. Habla de una regularización a partir de la identificación que debe estar impresa el chaleco y el casco del conductor.

Entes no toman acciones

En Santo Domingo, la Empresa de Construcciones tiene una competencia ligada a la seguridad ciudadana, desde octubre de 2019. También existe un Concejo de Seguridad Ciudadana Municipal, que recomienda políticas públicas y vigila el cumplimiento de la seguridad. Fue creado en junio de 2014 y de sus convocatorias poco se sabe. De hecho, la Corte Provincial de Justicia criticó que no se hayan activado estos entes durante la masacre carcelaria de mayo pasado.

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/municipios-ensayan-medidas-ante-inseguridad.html

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