El exministro de Electricidad Alecksey Mosquera salía de la Corte Nacional esposado y custodiado por agentes penitenciarios. Era 10 de abril del 2018; el exfuncionario del correísmo y otras dos personas eran declarados culpables por el delito de lavado de activos en el caso Odebrecht.

Dos años y siete meses después nadie paga los USD 2 millones ordenados por el Tribunal como reparación al Estado.

La Procuraduría del Estado gestiona la recuperación de ese dinero. El pasado 11 de noviembre, un Tribunal Penal dio 30 días de plazo para que Mosquera y los otros cancelaran USD 666 666, cada uno.

La entidad les entregó el número de cuenta en la que debían realizar los depósitos.

Si hasta el próximo 11 de diciembre no cumplen con esa disposición comenzará la identificación de bienes, para iniciar el proceso de embargo y recuperación de activos.

Mosquera acudió ayer (25 de noviembre del 2020) a la Corte Nacional, para ofrecer disculpas públicas por haber perpetrado ese delito. Esa también fue una disposición de los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y Marco Rodríguez. Ellos fueron quienes emitieron la sentencia en este caso.

“Estoy aquí para cumplir lo que establece la sentencia. Hago esto porque soy un hombre de bien. Pido formalmente disculpas públicas al Ecuador, desde el fondo de mi corazón”, indicó ante los jueces.

Antes del acto, Mosquera aseguró que durante el proceso judicial no se probó la “ilicitud del origen de los recursos”. Sostuvo que durante la etapa de investigación hubo diligencias que se realizaron sin su conocimiento.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, también estuvo en la Corte y dijo que esto sirve para que “todos los ciudadanos sepan que no se puede abusar de los fondos públicos”.

La idea de esta diligencia era que el exfuncionario se disculpara, “por haberse aprovechado de su posición para obtener dinero ilícito y perjudicar a la sociedad ecuatoriana”.

En la investigación, la Fiscalía demostró que el exministro recibió dinero de Odebrecht a través de una empresa ‘offshore’. Esos recursos se habrían consignado en cuatro depósitos, del 8 de abril al 8 de septiembre del 2008, en una cuenta que abrió en Panamá.

Según las pesquisas, la afectación para el Estado fue de USD 1 millón. Por eso los jueces ordenaron que el monto de reparación sea el doble del perjuicio perpetrado.

¿Qué implicó el proceso judicial del exministro? 120 días de investigación pública, toma de versiones y pericias, seis requerimientos de asistencias penales internacionales a Estados Unidos, Brasil, España, Andorra, Suiza y Panamá.

Además, movilización de testigos y expertos que realizaron pericias financieras y contables, requerimiento de información al Servicio de Rentas Internas, al Servicio Nacional de Aduana, de la Superintendencia de Compañías, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
También implicó recopilación de evidencias y diligencias.

“Todo este esfuerzo no sirvió de nada. Vivimos en un país en el que los sentenciados por corrupción pasan pocos años en la cárcel y luego salen sin pagar la deuda que tienen con el Estado. Este hecho sigue siendo un insulto al país”, sostuvo Germán Rodas, representante de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA).

Dijo que se requiere “una reforma integral al sistema judicial” y que se necesita la aprobación de la Ley Anticorrupción y de Extinción de Dominio. “No es posible que dos años después de la sentencia, aún no se recupere el dinero”.

Mosquera dejó la cárcel de Turi-Cuenca el 31 de julio de este año, tras beneficiarse de la figura de prelibertad.

Accedió a este recurso tras cumplir el 65% de su pena en la cárcel. El artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal establece que las personas podrán acogerse a un régimen de rehabilitación social semiabierto siempre y cuando hayan completado un mínimo de 60% de la condena.

La Procuraduría General aseguró que Mosquera debe cumplir las medidas de reparación al Estado, sin importar que ya no esté encarcelado.

Como parte de la sentencia, el pasado 4 de noviembre esa entidad remitió un oficio al Ministerio de Trabajo y sostuvo que el exministro de Electricidad no podrá ejercer más un cargo público ni tampoco trabajar en el sistema financiero.

También notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que está inhabilitado para votar por el tiempo que dure su condena. Esas medidas fueron impuestas hace dos años, pero recién se aplicarán.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/actualidad/odebrecht-pago-millones-justicia-corte.html. 

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