El alcalde de Quito, Jorge Yunda, es la primera autoridad de un Gobierno Autónomo Descentralizado del país en ser removida de su cargo después de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Ayer, 1 de julio del 2021, el Pleno de esa entidad decidió que el Concejo Metropolitano cumplió con las formalidades establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) durante el proceso de remoción del Burgomaestre.

De acuerdo con esa normativa, esta es la última instancia para ratificar o revocar la decisión del cuerpo edilicio. No se puede apelar. Lo que el Alcalde puede hacer es únicamente solicitar un recurso de ampliación o aclaración. Sin embargo, eso no cambia ni afecta el dictamen.

Una vez conocida esa decisión, Yunda se pronunció oficialmente y dijo que se mantendrá en funciones a la espera de la resolución de la Corte Provincial. Recordó que hay una acción de protección que le fue concedida de forma parcial en primera instancia, el lunes pasado.

Ese recurso fue resuelto por la jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer, María Belén Domínguez, quien argumentó que no se cumplió con el debido proceso en lo relacionado con la garantía de la imparcialidad.

En la sentencia, que se dio a conocer la mañana de ayer, la jueza deja sin efecto el informe elaborado por la Comisión de Mesa que tramitó el proceso de remoción, y pide que se elabore otro.

Sin embargo, esto no suspendería la remoción. Así lo consideran dos expertos en Derecho Constitucional.

Emilio Suárez y André Benavides señalaron que la sentencia habla únicamente del informe, mas no de la resolución del Concejo.

La salida de Yunda empezó con una solicitud realizada por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito el 22 de abril pasado. El pedido ingresó a Secretaría y llegó a manos de la Comisión de Mesa del Concejo integrada por el vicealcalde Santiago Guarderas y los concejales Mónica Sandoval, Analía Ledesma y Fernando Morales. Ellos fueron los encargados de elaborar el informe que, aunque sirvió de base para el proceso, no fue vinculante.

La remoción se trató en el Pleno del cuerpo edilicio el 2 y 3 de junio pasados. 14 de los 21 concejales votaron a favor de la remoción. La defensa de Yunda recurrió al TCE para consultar sobre si se cumplieron o no con las formalidades en el proceso.

Cuestionó cuatro elementos. El primero tuvo que ver con la causal sobre incumplir con la participación ciudadana. Insistió en que su informe ante la Asamblea de Quito se hizo de manera telemática.

El segundo punto hizo referencia al número de votos ya que al principalizarse el Vicealcalde se debía permitir la actuación de su alterna. Así el Concejo contaba con 22 miembros, lo que implicaba que la decisión debía tomarse con 15 votos y no con 14.

El tercer punto fue sobre la actuación de Paulina Izurieta, alterna del concejal Mario Granda (quien falleció el miércoles debido al covid-19) y argumentaba que el edil no solicitó directamente tal reemplazo. Y cuestionó la actuación de Damaris Ortiz, quien es secretaria encargada del Concejo y no la titular.

La sentencia del TCE no dio paso a esos cuestionamientos. El documento señala que la entidad tiene competencia exclusiva y privativa para conocer y resolver las consultas sobre los procedimientos de remoción en los GAD.

En los exteriores del TCE se congregaron grupos a favor y en contra del Alcalde. Por un lado, comerciantes de mercados con banderas gritaron consignas: “Quito tiene Alcalde, se llama Jorge Yunda”.

Del otro lado, el grupo opositor coreaba cánticos como “fuera Yunda, fuera”.

Luego de conocerse la decisión, el Frente de Profesionales se pronunció. En un comunicado señaló que se marcó un precedente que faculta a la ciudadanía a no volver a permitir que los excesos de poder y los incumplimientos sean normalizados.

¿Qué vine ahora? Según lo informó el TCE, hay tres días hábiles para que el dictamen quede en firme; es decir, hasta el martes 6 de julio. En ese tiempo, la defensa de Yunda puede solicitar una ampliación o aclaración. Si se lo hace, el TCE tendrá otros dos días para responder la solicitud. Es decir, después del jueves 8 de julio, si se cumplen los plazos, quedaría en firme.

El Cootad establece que el único facultado para asumir el cargo es el Vicealcalde.

Por su parte, Guarderas dijo ayer que esperará la notificación formal para asumir el cargo. Adelantó que ha conversado con varios concejales en la búsqueda de acuerdos mínimos sobre “dos o tres ejes”. Señaló que en el tiempo que resta no se podrán solucionar todos los problemas.

Respecto a la declaración de Yunda sobre mantenerse en el cargo, Guarderas manifestó que la decisión del TCE es de última instancia.

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