Después de un intenso debate, marcado por discrepancias sobre el procedimiento parlamentario, la Asamblea aprobó una resolución que despejó el camino para el trámite del juicio político al contralor subrogante, Pablo Celi.

La resolución fue aprobada por unanimidad de los 132 asambleístas que se registraron para participar de la sesión 713 del Pleno, que se dio el jueves 1 de julio de 2021, durante casi cinco horas. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), no participó de la votación.

El Pleno aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendó el archivo del pedido de juicio político contra el exministro de Energía René Ortiz que había puesto en marcha la anterior Legislatura, antes que el caso de Celi, en la víspera de terminar su mandato el 13 de mayo pasado.

La resolución estuvo precedida de un debate, marcado por arremetidas de asambleístas como Alejandro Jaramillo y Johana Moreira, de la Izquierda Democrática (ID), y Salvador Quishpe, Mario Ruiz y Rafael Lucero, de Pachakutik, en contra de Fernando Villavicencio (Ind.).

Los legisladores de estas bancadas acusaron a Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, de buscar “show mediático” y de haber inducido al Pleno, en un principio, a nombrar nuevos interpelantes para reactivar el juicio político al exministro de Energía René Ortiz por temas laborales en Cnel contratos para seguros petroleros.

Villavicencio alzaba sus brazos en rechazo a las críticas, desde su curul en el costado occidental del hemiciclo. Aunque fue el segundo en intervenir cuando se abrió el debate, del que participaron 19 legisladores, no replicó a los señalamientos.

El argumento de la ID y de Pachakutik fue que la Comisión, hasta hace una semana, no había entregado un informe al Pleno para el archivo del expediente de Ortiz, sino para que se reemplazara a los exasambleístas que impulsaban este proceso.

A Villavicencio, el coordinador de CreoJuan Fernando Flores, le dijo que no use las redes sociales para lanzar acusaciones contra sus colegas y remarcó que “no existen asambleístas con corona para fiscalizar”.

Desde el bloque del PSC, Luis Almeida, se retractó al reconocer que la decisión que tomó el Pleno el 25 de junio fue sobre un juicio nulo contra Ortiz, que habría dilatado el proceso contra Celi. Ese día él fue designado como interpelante junto a Salvador Quishpe, con 80 votos del PSC, Creo, Pachakutik y la ID.

“Este juicio, en realidad, para mí era nulo porque no tenía acusadores. Los acusadores que fueron los que iniciaron el proceso ya no están aquí en el Parlamento Nacional. El Parlamento los podía designar, sí, porque es la máxima expresión de la soberanía popular, pero el país quiere cosas concretas”, dijo Almeida.

El legislador se encargó de presentar la moción para que se acogiera el informe aprobado el 29 de junio pasado por la Comisión de Fiscalización, en el que recomendó el archivo del expediente de Ortiz porque los plazos habían precluido, lo que no impide que el exfuncionario sea objeto de otro pedido de interpelación.

Por su lado, los asambleístas del correísmo Paola Cabezas Juan Cristóbal Lloret insistieron en que el Pleno había cometido ilegalidades al cambiar de interpelantes de un proceso con plazos vencidos el 28 de mayo pasado.

“Saludo que este Pleno pase de la pirotecnia a las acciones”, dijo Lloret, quien busca que Celi sea censurado por arrogación de funciones, entre otras acusaciones. El contralor subrogante permanece detenido desde el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada.

Cabezas llamó a las bancadas a que actúen con transparencia, tras señalar que “en clara contradicción con la Constitución y la Ley Legislativa” se pretendió priorizar un tema que no cabía.

“Se quiso priorizar el caso de Ortiz para dilatar y distraer la atención en el juicio contra Pablo Celi. Seamos honestos”, enfatizó.

De los integrantes de la Comisión, los asambleístas Soledad Diab (PSC) y Pedro Velasco (BAN) salieron en defensa del trabajo de esta mesa parlamentaria. Villavicencio pronosticó que la interpelación a Celi provocará un “terremoto” en el Parlamento.

Un problema en el sistema de votación de la Legislatura provocó que la sesión se instalara dos horas más tarde de lo previsto. Ocurrió cuando la asambleísta del correísmo Esther Cuesta intentó que se modificara el orden del día para el debate de una resolución en rechazo a un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que determinó que el regreso del Ecuador al Centro Internacional de Arbitrajes, Ciadi, no requiere de autorización de la Asamblea. La propuesta solo alcanzó 55 de 70 votos necesarios.

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/asamblea-resolucion-juicio-politico-celi.html

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